VERDADERO

Carrió: “Soy la autora del tratado de desaparición forzada y su jerarquía constitucional”

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Durante el debate de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la primera en la lista de Vamos Juntos, Elisa Carrió, afirmó ser la autora de la ley que le dio rango constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hizo esta afirmación luego de que los candidatos Daniel Filmus, de Unidad Porteña, y Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) criticaran su silencio frente a la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida hace 71 días. La frase es verdadera.

La actual diputada de Cambiemos, entonces de la UCR, fue coautora del proyecto 934-D-1996 junto con Juan Pablo Cafiero, Melchor Cruchaga, Elisa Carca y Federico Storani, según la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados. La norma, de sólo un artículo, fue sancionada por el Senado el 30 de abril de 1997 y promulgada el 26 de mayo del mismo año con el número de Ley Nº 24.820.

“Apruébase la jerarquía constitucional de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su vigésima cuarta Asamblea General (Ley 24.556) en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional”, dice la ley. ¿Qué significa esto? Que la Convención pasó desde entonces de ser una ley a ser parte de la Constitución argentina y ganó así jerarquía normativa, algo que hace más exigible su cumplimiento.

La Convención de la OEA define a la desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Es una definición similar a la que establece Naciones Unidas. Este delito específico tiene en la Argentina, de acuerdo con el Código Penal (artículo 142 ter), una pena de entre 10 y 25 años, pero su aplicación ha sido difícil porque “persiste una resistencia por parte de las autoridades de iniciar las investigaciones bajo esta figura, ya que en general su primera definición consiste en esperar un tiempo específico para ver si en realidad la persona no está perdida o si no fue secuestrada por agentes privados”, sostiene un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Por: Matías Pellegrini, Leandro Domínguez y Laura Zommer