A nueve años de su sanción, ¿se cumple la llamada “ley de bosques”?

En plena salida del poder, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso a través del Decreto N° 2585/2015 crear un fondo que redistribuyó partidas de varios Ministerios y le quitó $170 millones a la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación comprometidos con varias provincias para obligaciones de la llamada “ley de bosques”. A nueve años de su sanción, ¿se cumple la norma?

La Ley 26.331 estableció la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que compensa a las provincias para proteger a los bosques. Sus principales fuentes de financiamiento son las partidas presupuestarias que el Poder Ejecutivo Nacional asigna anualmente, “las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y el 2% de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y del sector forestal.

En 2010, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación reasignó parte de este fondo ($144 millones) para cubrir el costo generado por el contrato entre el Estado nacional y la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) para transmitir el programa Fútbol para Todos. Como ya se dijo, algo similar ocurrió en 2015 y fue denunciado por el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.

Según informaron a Chequeado desde el área de Prensa del Ministerio, la gestión actual estableció que destinará en 2016 casi $400 millones a la implementación del Fondo Nacional para los bosques: $224 millones en el presupuesto vigente y $165 que se utilizarán para cubrir el faltante del año último. Esto fue a pedido del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) que integran todas las provincias.

Sin embargo, los montos que recibió el Fondo desde su creación en 2009 -año en el que se reglamentó la ley- son menores a los que establece la norma (ver datos). Si se considera el presupuesto ejecutado, los porcentajes serían menores.

“A pesar de que los legisladores insistieron y presionaron para que exista el artículo 30 en la ley de bosques [N. de R.: el que crea el Fondo], ni el Ejecutivo ni los propios legisladores hicieron suficiente como para que se asigne el presupuesto obligatorio. Si se dividen los montos asignados por la cantidad de hectáreas que deberían recibir recursos, encontramos que hasta ahora se asignaron pesos irrisorios por hectárea”, explicó a Chequeado Manuel Jaramillo, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre.

Además de la creación de un fondo específico, la ley clasifica categorías de conservación de los bosques nativos: en la categoría I (roja) se encuentran las áreas donde no se permite el desmonte; en la II (amarilla) solo puede existir un aprovechamiento sostenible o actividades como turismo; y en la III (verde) se encuentran áreas que se pueden transformar total o parcialmente, con los requisitos que establece la norma.

Según un informe de la organización Greenpeace de agosto último, el mayor problema que enfrentan los bosques nativos de las provincias es el desmonte ilegal y la no reforestación. En el documento se publican casos de incumplimiento de la ley en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

En el caso de Chaco, por ejemplo, en 2011 la Dirección de Bosques provincial detectó en la finca El  Shakinah un desmonte ilegal de 383 hectáreas y, en septiembre del mismo año, otro de 63 hectáreas (clasificados en la categoría II – amarillo). En 2012 la provincia notificó la infracción forestal y aplicó  una multa de $17.752,88 por la deforestación ilegal. Sin embargo, en el expediente no aparece ninguna multa por las otras 383 hectáreas desmontadas ni la obligación de reforestar. De hecho, las imágenes satelitales revelan que, luego de la multa, se deforestaron otras 600 hectáreas, según los documentos citados en el informe de Greenpeace.

“Las multas, muchas veces irrisorias, no son suficientes para detener la deforestación ilegal”, señaló a este medio Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Y, además, concluyó: “Nuestra postura es que, con o sin fondos, no se puede desmontar donde la ley de bosques no lo permite, o sea en el 79% de los bosques”.