Claves para entender el proyecto que declara la Emergencia Social

El Senado dio media sanción a un proyecto de los senadores Juan Abal Medina y Teresa Luna (FpV) y Jaime Linares (GEN), entre otros, que declara la emergencia social por un año. Se trata de una iniciativa que aumenta un millón de puestos de trabajo, establece un aumento especial del 15% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, y dispone una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales.

En octubre último, durante una reunión en la Cámara de Diputados, representantes del Bloque Justicialista, Compromiso Federal, FpV, Frente Renovador, Libres del Sur, Partido Socialista, Peronismo para la Victoria y Proyecto Sur, apoyaron esta ley. “Sin embargo, si se suman los diputados de estos bloques y otros más pequeños, no se llegaría a los dos tercios necesarios para aprobar una ley sin dictamen de Comisiónen la Cámara baja”, calculó a Chequeado Matías Pellegrini, director de Análisis Político de la ONG Directorio Legislativo.

Si bien el texto aprobado no especifica varios puntos clave, ¿qué plantea la iniciativa?

• Un millón de nuevos puestos de trabajo

El proyecto instruye al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “a crear un millón de nuevos puestos de trabajo bajo el programa Ingreso Social con Trabajo en todo el territorio nacional”. Dicho programa, según la ANSES, actualmente cuenta con alrededor de 200 mil titulares entre sus dos componentes (“Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”). Además, crea un Salario Social Complementario pero no define su valor ni quiénes serán sus beneficiarios.

Desde que Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015, Ingreso Social con Trabajo no aumentó en inscriptos pero sí en monto: los titulares que hoy están incluídos tuvieron una suba del 20% en abril último, cuando pasaron de recibir $2.600 a 3.120 pesos. Estos recursos se encontraban congelados desde octubre de 2014, y en el último año aumentaron por debajo de la inflación.

Según explicó en una entrevista el senador Juan Manuel Abal Medina (FpV), uno de los autores del proyecto, “no se trata de un aumento de un día para el otro sino de ir creando las condiciones a lo largo del tiempo” para la creación de estos empleos.

El senador Luis Naidenoff (Unión Cívica Radical) destacó en el recinto que actualmente el país ya se encuentra en emergencia pública en materia social (ley promulgada en 2002 y que en 2015 se prorrogó hasta fines de 2017). Sin embargo, el artículo que declara esta emergencia sólo propone “reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos”, así como “crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda”.

• Aumento de asignaciones y partidas nutricionales

El proyecto propone la declaración de emergencia social durante un año y un aumento del 15% de la AUH y la Asignación por Embarazo durante ese lapso para los casi cuatro millones de beneficiarios que reciben hoy ambos planes. De acuerdo con la Ley de Regímenes de Asignaciones Familiares, aprobada en 2015, estos dos tipos de beneficios se actualizan dos veces por año junto con los aumentos jubilatorios.

Al igual que el Ingreso Social con Trabajo, la AUH aumentó (32%) por debajo de la inflación en el último año y se trata de una caída del poder de compra que no se producía desde 2011, dos años después de que se lanzara el plan.

Además, en el contexto de una “emergencia alimentaria en todo el territorio nacional”, el texto establece una suba del 50% para “todas las partidas presupuestarias destinadas a las políticas alimentarias y nutricionales”, aunque estas no están especificadas.

• Los costos del financiamiento

Según informó a Chequeado el equipo de Prensa del senador Abal Medina, sólo el aumento de las asignaciones y de las partidas tendría un costo en 2016 y 2017 de $12 mil millones. A esto se le debe agregar el costo del millón de puestos: Abal Medina calcula un total de $38 mil millones, mientras que Cambiemos lo estipula en más de 100 mil. Para dar una dimensión, al anunciar el aumento del mínimo no imponible en febrero, el Gobierno nacional estimó un costo fiscal de $37 mil millones.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el proyecto no aclara cuáles serían pero esto se explica porque los temas fiscales deben tener a la Cámara baja como primer ámbito de discusión, según el artículo 52 de la Constitución nacional.

De todas maneras, el equipo del senador señaló a este medio que las alternativas serán: gravar con el 1% los intereses de los plazos fijos para personas físicas, “restituir la gravabilidad de dividendos para personas físicas del impuesto a las ganancias”, y crear un impuesto “que recaiga sobre la explotación de tragamonedas y juegos de paño equivalente a un 20% de la rentabilidad bruta”.

Al ser consultado por Chequeado, el diputado Felipe Solá (Frente Renovador) señaló que el bloque cuenta con una propuesta propia: un fondo anticíclico social “que contempla la transformación de planes sociales en planes de empleo, y un fondo de emergencia para aumento de la AUH, planes sociales y jubilación mínima”. El diputado Marco Lavagna, del mismo bloque, confirmó a este medio que esta propuesta tendría un costo fiscal de alrededor de 40 mil millones de pesos, aunque se modificaría anualmente dependiendo de variables como la pérdida del salario real.

Y las fuentes de financiamiento serían cuatro: gravar los intereses de la tarjeta de crédito (cuando se atrasan los pagos), el juego (con detalles a definir), las ganancias especulativas en moneda extranjera, como la venta de dólar futuro; y la venta de títulos públicos.

 

Esta nota contó con la colaboración de Julieta Bertolini (@julibertolini).