Jueces juzgados: cuáles son los antecedentes de los casos Montezanti y Armella

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El Consejo de la Magistratura aprobó la apertura del procedimiento de remoción del camarista de Bahía Blanca y tratará en las próximas semanas el caso del juez federal de Quilmes. ¿Cuántos magistrados llegaron a esta instancia?

El Consejo de la Magistratura postergó por falta de quórum el tratamiento del pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez federal de Quilmes Luis Armella, denunciado en 2013 por haber asignado a empresas de su entorno familiar el saneamiento del Riachuelo, cuya causa tramitaba en su juzgado. El 10 de septiembre último el plenario del Consejo aprobó el envío a juicio del camarista federal de Bahía Blanca Néstor Montenzanti, imputado por su presunta participación como personal civil de inteligencia durante la última dictadura.

Sea cual sea el desenlace de estos dos expedientes, son pocos los casos de enjuiciamiento de magistrados en relación a la cantidad de denuncias que se radican cotidianamente ante el Consejo de la Magistratura.

¿Cuántos jueces llegaron a la instancia del jury? ¿Cuántos fueron removidos y cuántos resultaron absueltos?

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano creado con la reforma constitucional de 1994. Está previsto en el artículo 115 de la Constitución Nacional y fue creado en 1999 por la misma ley que dio origen al Consejo de la Magistratura y reformado en 2006 por la Ley 26.080. El jurado está compuesto por siete miembros: dos camaristas federales (uno del interior y otro de la Capital Federal), cuatro legisladores (dos por la mayoría y dos por la minoría) y un abogado de la matrícula federal.

Para que un magistrado llegue a esta instancia primero debe existir una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura. La Comisión de Acusación y Disciplina de este órgano es la que se encarga de evaluar si el juez incurrió en alguna de las causales de mal desempeño y debe emitir un dictamen en el que aconseja desestimar la acusación, aplicar una sanción disciplinaria o abrir el procedimiento de remoción. Si el plenario del Consejo aprueba la apertura del procedimiento, entra en acción el Jurado de Enjuiciamiento.

Las cifras

Hasta el momento, desde su creación, el Jurado de Enjuiciamiento intervino en 31 procedimientos contra magistrados. De ese total, 17 terminaron con la remoción del juez, en seis casos el imputado fue absuelto y en los ocho restantes el acusado renunció antes de la finalización del juicio. En otros tres casos, los imputados renunciaron antes de que el Consejo aprobara la apertura del jury. Existen, además, alrededor de 50 casos en los que se aplicaron sanciones disciplinarias, como apercibimientos, advertencias o multas, según datos del Consejo de la Magistratura.

En 1999 el Consejo de la Magistratura aprobó la apertura de un jury por mal desempeño contra Raquel Dooglatz, que se convirtió en la primera magistrada en llegar a la instancia de juicio. Sin embargo, la jueza federal de Morón renunció antes de que concluyera el proceso, por lo que la causa se archivó.

Meses más tarde, el jurado aprobó la remoción de Víctor Brusa, juez federal de Santa Fe, a quien, entre otras cosas, se le imputaba participación en la última dictadura militar. Fue el primer juez destituido por el Jurado y casi diez años después fue condenado a 21 años de prisión por la Justicia federal de Santa Fe.

Uno de los casos con más repercusión fue el de Juan José Galeano. El ex juez federal porteño fue removido en agosto de 2005 por su actuación en la instrucción de la causa AMIA. Actualmente es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 por encubrimiento en la investigación del atentado que provocó 85 muertos el 18 de julio de 1994.

Otro de los jueces federales porteños nombrados por el menemismo que llegó al jury de enjuiciamiento fue Carlos Liporaci, quien tuvo en un primer momento la causa por los sobornos en el Senado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa. Fue denunciado tras haberse hecho pública la compra de una vivienda en Vicente López con fondos que no podía justificar, pero renunció antes de que el Jurado llegara a una resolución.

También el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich fue removido luego de haber ordenado a fines de 2002 la detención de la entonces directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa que investigaba la presunta adopción irregular de sus hijos. Federico Faggionato Márquez, ex juez federal de Campana, fue blanco de críticas por investigar a Francisco De Narváez por su presunto vínculo con el tráfico de efedrina durante la campaña electoral de 2009. Los motivos de su destitución, sin embargo, apuntaron a su actuación en otras causas.

En 2011 fueron removidos los camaristas mendocinos Luis Miret y Otilio Romano, ambos por omisión a la hora de investigar delitos de lesa humanidad en 1975 y durante última dictadura militar. Antes de Montenzanti, el último magistrado en llegar a juicio fue el juez de Ejecución Penal Axel López, acusado de haber otorgado libertad condicional a un condenado por cuatro violaciones que, al obtener ese beneficio, asesinó a una joven. En marzo de 2015 el Jurado de Enjuiciamiento rechazó los cargos contra López.

La mayoría de las denuncias no prospera

Los expedientes que llegan a la instancia de jury son una ínfima parte del total de denuncias que se radican ante el Consejo. Sólo en 2013 (último año con estadísticas publicadas) ingresaron en la Comisión de Disciplina y Acusación 238 denuncias contra magistrados: el 97% fueron desestimadas o consideradas abstractas y en el 3% restante se aplicaron sanciones disciplinarias o se recomendó la apertura de un jury.

En otros años se repiten esas proporciones. En 2012 ninguna denuncia derivó en sanciones o pedidos de remoción y en 2007 se desestimaron un 97% de las denuncias, se aplicó sanciones en el 2% y en el 1% se dispuso la apertura de un jury de enjuiciamiento.

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4 Respuestas

  1. El caso de Montezanti estuvo dentro de ese 97%. Sus denuncias proceden de 2007 y 2008 (hace 8 años y medio) y fueron archivadas por decisiones del Plenario del Consejo de la Magistratura en 2011 y 2013. La ley orgánica dice que si transcurridos 3 años y 4 meses la Comisión de Acusación no encontrare elementos para acusar, debe archivar. Para evitar tener a un juez en permanente estado de zozobra y a merced de la presión política de estar siempre investigado. Las causas por las cuales lo juzgan a Montezanti ahora son exactamente las mismas que fueron archivadas en 2011 y 2013. No se ha agregado ningún elemento al libelo.
    Esas causas son por maltrato a una empleada y por “actitudes antidemocráticas”. Estas últimas, surgirían de indicios anteriores a su designación como juez, y son datos siempre conocidos, sea por el Consejo de la Magistratura cuando evaluó sus antecedentes y lo consideró ganador del concurso que se realizó en 2000-2002; sea por el Presidente de la República antes de mandar su pliego al Senado (que a su vez lo entrevistó en audiencia pública, luego de la publicación de edictos).

    • Montezanti ocultó haber sido PCI (personal civil de inteligencia, con actividad en el ámbito universitario) durante la dictadura militar.
      Al momento de su nombramiento como Juez (en el año 2003, durante la Presidencia de DUHALDE), ese hecho no era conocido.
      Recién se difundió su nombre con la desclasificación de los archivos por parte del PEN (año 2010).
      Si hubiese sido pública esa información al momento de su designación, hubiera sido impugnado, en atención que ello lo inhabilitaba para acceder a una tan importante magistratura.
      Por otra parte, durante su desempeño tuvo actitudes antidemocráticas (malos tratos con empleados, representantes gremiales, destratos con la Fiscalía General, etc.).
      También son públicamente conocidas sus conductas irrespetuosas con alumnos de la Universidad Nacional del Sur.
      Todo ello demuestra su inidoneidad para ocupar el cargo de Camarista Federal.
      P.D. La causa penal sobre “facturas apócrifas” que Montezanti invoca como la real situación que motiva su destitución, cabe señalar que ha avanzado raudamente desde que fue suspendido como Magistrado. Ya fue requerida su elevación a Juicio. Es decir que si él piensa que han querido sacarlo del medio y poner a jueces adeptos para que paralicen dicho trámite, la realidad demuestra que ha ocurrido todo lo contrario.

  2. Las cifras indican que algo anda mal. O bien los jueces son denunciados sin fundamento alguno, o bien el Consejo garantiza su impunidad. Más allá de ello, también es cierto que muchas denuncias son rechazadas por que se tratan de prácticas ilegales pero consentidas en la práctica por los jueces y el Consejo (v.gr., cuando el juez de instrucción se toma seis meses para resolver la situación del imputado, cuando el plazo es de diez días).

    AB

  3. atilio dice:

    la pregunta es, que es lo legal y lo ilegal, si un juez comete mal desempeño donde se lo encasilla?, y si se considera que fuera ilegal su actuacion hasta donde se tolera dicha practica, desde ya que si su actuacion fuera ilegal deberia por simple razonamiento ser juzgado, pero aparentemente se tolera cierto grado de ilegalidad, ahora ¿como saber hasta que grado se puede tolerar ? conclusion el consejo de Magistratura es tan obsoleto o mejor dicho corrompido que ya nada se diferencia de lo legal o ilegal..

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