Justicia federal porteña: las causas no se distribuyen de manera igualitaria entre los jueces

En la Justicia federal porteña las causas no se distribuyen de manera equilibrada. Según el reglamento de la Cámara Federal porteña, la asignación de expedientes debe ser “automática e igualitaria” entre los 12 juzgados encargados de investigar los delitos federales, como narcotráfico y corrupción, entre otros. Sin embargo, existen diferencias significativas entre la cantidad de causas que recibe cada juzgado. Estas diferencias se acentúan si sólo se tienen en cuenta los expedientes por delitos contra la administración pública, que involucran siempre a funcionarios nacionales.

Cuando la causa por la muerte del ex fiscal Alberto Nisman pasó al fuero federal, la Cámara Federal sorteó el expediente entre los juzgados de turno, como marca el reglamento, para determinar cuál iba a quedar a cargo de la investigación. El sistema seleccionó al Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, pero en la pantalla de la Oficina de Sorteos de la Cámara se consignó “fallo en la transacción”. El sorteo se anuló y se hizo de nuevo. La causa cayó entonces en el Juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, quien actualmente instruye el expediente.

El presidente de la Cámara, Martín Irurzun, fue quien ordenó que se repitiera el sorteo y quien a su vez denunció esta irregularidad para que fuera investigada por la Justicia federal. El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Juan Pedro Zoni investigan las vulnerabilidades de este sistema informático, que según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Conocimiento Abierto no cumple con los requisitos de igualdad en la asignación de causas dispuesta por la propia Cámara Federal.

Según la Acordada 37/2012 de la Cámara, la asignación de causas debe ser “automática e igualitaria” entre los 12 juzgados de primera instancia, los que instruyen los expedientes y pueden hacer que una causa avance o se cierre sin casi recolección de pruebas. Sin embargo, existen diferencias significativas entre la cantidad de causas que recibe cada juzgado. 

ACIJ y Conocimiento Abierto relevaron todas las causas ingresadas en la Cámara Federal desde julio de 2013 hasta la actualidad. Ese mes el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), comenzó a publicar la información de las causas ingresadas en el fuero federal y el juzgado asignado en el sorteo. Son más de 30 mil sorteos realizados por la Cámara. De esta información se desprende que hay juzgados federales, como los de Bonadio y Luis Rodríguez, a los que en ese período se le asignaron por sorteo más de tres mil causas, mientras que el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, por ejemplo, recibió menos de 2.400 expedientes, lo que supone una diferencia de más del 20 por ciento.

Si sólo se analiza cómo fueron asignadas las causas de corrupción, las diferencias son mayores. Se trata de los casos que están incluidos dentro del “Observatorio de Corrupción” del CIJ, una base de 515 causas en trámite y 205 terminadas. De las que se iniciaron después de julio de 2013, Bonadio recibió 55 causas, mientras que el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría sólo resultó sorteada en apenas nueve casos. Desde Tribunales, sin embargo, aclararon que las causas que integran este observatorio son las que los jueces de instrucción deciden enviar al CIJ y no todas las del universo de causas en las que se investigan delitos contra la administración pública.

Cómo funciona en teoría el sistema

El reglamento de sorteo de causas se basa en un sistema de turnos quincenales. Cada quincena hay seis juzgados de turno. Sobre esos seis se realiza el sorteo de todas las denuncias que entran esa quincena. Sumado a eso, hay otro juzgado que tiene a su cargo la recepción de las causas originadas por las fuerzas de seguridad federales. Por ejemplo, en la quincena que acaba de terminar estuvieron de turno los juzgados 1, 2, 3, 4, 5 y 12, y el Juzgado Federal N° 11 tuvo a su cargo la recepción de las actuaciones policiales. Desde esta semana los juzgados de turno son el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y queda a cargo de las denuncias policiales el Juzgado Federal N° 12.

Para que el azar no otorgue muchas causas a un mismo juzgado, el sistema tiene mecanismos de compensación. Así lo explicó el ex director general de Tecnología del Poder Judicial de la Nación Gabriel Mehlman cuando testificó por el sorteo de la causa Nisman. El reglamento indica que en cada sorteo como mínimo deben participar tres juzgados. Tomando como ejemplo la quincena actual, si el Juzgado N° 1 resulta sorteado en una causa, en el siguiente sorteo participan cinco juzgados (2, 3, 4, 5 y 6). Si en el siguiente sorteo se le asigna un expediente al Juzgado N° 2, luego participarán cuatro juzgados (3, 4, 5 y 6). En caso de que en el siguiente salga el Juzgado N° 3, en el cuarto sorteo sólo participarán el 4, 5 y 6 y se llega al mínimo de tres.

Tras ese sorteo, se reincorporan los tres primeros y vuelven a ser seis los posibles destinatarios de expedientes. Los juzgados 1, 2, 3 y 4 tienen una “carga” de “1”, por ya haber sido sorteados, mientras que los otros tienen “carga” 0. Cuando en alguno de los juzgados la “carga” llega a 2, queda afuera de los sorteos hasta volver a equilibrar.

Fuentes judiciales al tanto del proceso de sorteos explicaron que en el sistema anterior a la Acordada 37/2012 no existía el mínimo de tres juzgados para la realización del sorteo. Por lo tanto, una vez que se realizaban los primeros cinco sorteos, en el sexto la causa se asignaba al juzgado faltante, sin realizar sorteo, lo que lo tornaba manipulable. En uno de cada seis sorteos se podía saber con certeza que juzgado sería asignado.

El caso Nisman

Tras las irregularidades del sorteo del expediente por la muerte de Nisman, Irurzun formalizó una denuncia para que el sistema sea investigado, que quedó a cargo de Bonadio, y remitió el caso al Consejo de la Magistratura. En julio de 2016 el plenario del Consejo solicitó una investigación del caso al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación. En octubre de ese año, el Cuerpo elevó al plenario del Consejo el informe elaborado por la auditora María Marengo.

La auditora sólo se refirió al problema registrado en el caso “Nisman”, pero concluyó que “la secuencia, los tiempos y los resultados finales se traducen en un problema en el sistema informático judicial”. Sostuvo, además, que “el sistema resultaría susceptible de ser intervenido manualmente”, aunque aclaró que determinar si efectivamente fue intervenido o manipulado en este caso dependía de un estudio que debían realizar expertos en el tema. Pidió, por otra parte, investigar las responsabilidades por la orden de anular los registros del primer sorteo.

Por eso, recomendó al Consejo de la Magistratura la apertura de un sumario administrativo contra Mehlman. Durante la investigación, Mehlman fue apartado de la Dirección General de Tecnología y trasladado a la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático, aunque en agosto de 2017 el Consejo lo eximió de responsabilidad en el caso.

Al poco tiempo, aunque sin hacer mención al caso Nisman, la Corte aprobó un “Protocolo de Actuación ante Incidencias en la Asignación de Causas en el Sistema de Gestión Judicial”. En una acordada firmada por los cinco jueces actuales, el máximo tribunal señaló que correspondía “estandarizar y reglamentar las incidencias que puedan suscitarse en el sorteo”, con un “procedimiento y una metodología homogénea y transparente”.

También tramita otro expediente similar en la Justicia federal. La jueza Servini de Cubría investiga posibles irregularidades y vulnerabilidades en el sistema informático Lex 100, encargado de los sorteos, a partir de una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió. En esta causa, la magistrada ordenó en agosto de 2016 un allanamiento sobre el Data Center del Consejo de la Magistratura y la Subdirección de Seguridad Informática. Este expediente, además, fue mencionado por Carrió en su pedido de juicio político al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a quien atribuyó la responsabilidad en la contratación de la empresa encargada del sistema informático.

 

Este trabajo surgió de un hackatón organizado por la Fundación Conocimiento Abierto, ACIJ y LN Data, en el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017. Para ver todo el especial con los datos ingresar acá.