La guerra por el presupuesto 2011

¿Qué se discute en el Congreso?
En la Cámara de Diputados, el kirchnerismo, el denominado “Grupo A” (radicalismo, PJ disidente, el PRO y la Coalición Cívica) y el interbloque de Proyecto Sur (donde convergen, además del partido que lidera Fernando Solanas, Solidaridad e Igualdad y Libres del Sur) están discutiendo el proyecto de ley de presupuesto. La denominada “ley de leyes”, estipula cuáles serán los ingresos y gastos que tendrá como prioridad la gestión pública en 2011. Según la Constitución, la Jefatura de Gabinete presenta el proyecto de presupuesto y el Congreso lo aprueba tal cual o con modificaciones. En los últimos días la tensión ha aumentado, ya que, según lo establecido por la legislación y la tradición histórica, el proyecto debe tratarse a partir de septiembre y ser aprobado antes del 30 de noviembre, fecha fijada como fin del año parlamentario. Además, es en este momento cuando los legisladores tienen la posibilidad de tener injerencia sobre el manejo de los recursos públicos nacionales, mediante modificaciones al proyecto remitido por el Ejecutivo.

¿Cuáles son los puntos en conflicto?
Para la oposición (Grupo A y centroizquierda no kircherista), el punto más irritante es el de las proyecciones macroeconómicas, plasmadas por el Ejecutivo en la letra del proyecto. El Gobierno suele subestimar el crecimiento económico y la inflación. Esto genera a la larga un sobrante de fondos no contemplado en el presupuesto. Como la ley no estipula qué se debe hacer con ese dinero, el Ejecutivo lo utiliza a discreción mediante decretos de necesidad y urgencia.

Otro punto en discusión es la proyección de gastos de 2011 (qué áreas son privilegiadas por el Estado para ser financiadas). Finalmente, los sectores opositores más conservadores repudian el pago de deuda externa con el uso de reservas del Banco Central, como establece el proyecto de presupuesto del Ejecutivo que está en debate.

¿Qué propone el proyecto del oficialismo?
El proyecto del Ejecutivo, avalado por el Frente para la Victoria -que obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto- proyecta una inflación del 8,9%; un crecimiento de la economía estimado en 4,3% y una previsión del dólar a $ 4,10 promedio para 2011. Además, prevé un presupuesto total de $ 374,5 miles de millones y la utilización de U$S 7500 millones de las reservas para el pago de deuda externa. La iniciativa oficial contempla también un plan de alrededor de 7400 obras públicas que se encuentran en ejecución y que deberían terminarse el próximo año, entre las que se incluyen viviendas, caminos, hospitales y obras de saneamiento e hídricas (como la finalización de la represa Yacyretá) distribuidas en todo el país.

¿Qué propone la oposición?
Hay más de una propuesta. En general, las modificaciones presentadas por el llamado Grupo A incluyen un cálculo de inflación anual del 25%, con una estimación de crecimiento del 6 por ciento. Teniendo en cuenta estos números, calcula que la recaudación por impuestos al fisco será mayor que la que figura en el proyecto oficial, y estima que habrá un excedente de recursos que llegará a los $ 50 millones. Incluye el 82% móvil para los haberes mínimos y extiende a todos los jubilados la actualización que ordenó la Corte Suprema en los fallos Badaro y Sánchez, así como un aumento de la Asignación Universal por Hijo. Además, no prevé el uso de reservas del Central para pagos de la deuda.

Por otro lado, la propuesta del bloque que conduce Pino Solanas estima en un 20% la inflación y en 5,5% el crecimiento del PBI. Considera un excedente de $ 35 millones e incluye el 82% para los jubilados. Pero, a diferencia del proyecto anterior, no extiende los fallos de la Corte y admite el uso de las reservas, pero sólo para financiar proyectos productivos.

El oficialismo apela a un antecedente histórico: el hecho de que desde el regreso a la democracia ningún grupo opositor intentó imponerle al Ejecutivo un proyecto propio o realizar modificaciones al original. El bloque kirchnerista argumenta, además, que el sector opositor intenta poner “palos en la rueda” para que la presidenta Cristina Fernández no tenga un presupuesto acorde a su plan de gobierno, y así dificultar su gestión de cara a las elecciones de 2011.

¿Con qué herramientas de presión cuentan el oficialismo y la oposición?
La oposición cuenta con la herramienta del quórum para limitar las aspiraciones del kirchnerismo, aunque hasta la sesión de ayer el oficialismo se mostraba reacio a cualquier tipo de negociación relacionada con la modificación del presupuesto.

Aún así, se obtuvo el quórum, ya que el oficialismo amenaza con que, en caso de que el Congreso no apruebe el Presupuesto 2011 antes del 30 de noviembre, prorrogará las cuentas de 2010, utilizando decretos de necesidad y urgencia para adecuarlas a sus gastos. Esto daría más fondos al Ejecutivo para manejar a discreción. Muchos legisladores opositores, por lo tanto, sostuvieron que dar quórum para aprobar el presupuesto 2011, finalmente era algo así como un “mal menor”.

Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, en cambio, acusó a todos los bloques opositores -principalmente a la Unión Cívica Radical- de haber acordado un pacto con el oficialismo. Incluso, denunció que algunos legisladores habían sido sobornados. Los medios opositores, además, reprodujeron declaraciones de diputados que dijeron haber recibido ofertas por parte del Gobierno para modificar su voto.

¿Cómo sigue el conflicto?
Es incierto. El proyecto volvió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que debe establecer las próximas fechas de reunión para volver a discutir el tema, algo que el oficialismo no quiere porque prefiere discutir la convocatoria a una sesión especial (que el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, anunció que solicitará para el próximo miércoles) para volver a insistir con su propuesta. En ese proceso, el Ejecutivo confía en el respaldo de los gobernadores para ejercer presión sobre los legisladores. 

Resulta importante agregar que, más allá de la amenaza del kirchnerismo de extender el presupuesto de 2010, la Presidenta también podría convocar a sesiones extraordinarias después del 30 de noviembre para tratar el tema.