Los datos del narcotráfico

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Distintos hechos evidencian un fenómeno creciente, aunque difícil de cuantificar. Algunos datos sobre su evolución en la Argentina.

La casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, fue baleada. Los sospechosos son miembros de una banda de narcotraficantes. En la villa La Cárcova, en la Provincia de Buenos Aires, un joven murió en un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes. En la provincia de Córdoba el ministro de Seguridad y jefe de la policía renunciaron luego de la detención de efectivos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y en Santa Fe, el ex jefe de la Policía fue procesado. Ayer la Corte Suprema reclamó más recursos para las provincias del Norte del país por la “grave problemática” del narcotráfico. Estos son sólo algunos eventos del último año que dan indicios del crecimiento del narcotráfico en el país.

Los datos disponibles para medir el fenómeno, sin embargo, son escasos. “Es muy difícil poder medirlo, primero porque es ilegal. Pero, además, porque hay un déficit de información pública sobre el tema”, explicó Alejandro Corda, investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro de la ONG Intercambios, dedicada al estudio y atención de problemas relacionados con las drogas. Y agregó: “Hay indicios de un aumento, pero muy poca información para analizar la magnitud del fenómeno, su dinámica o qué actores están involucrados”.

A pesar del déficit de información, hay algunos datos disponibles. Las incautaciones de drogas se utilizan, aunque con reservas, como medida de la cantidad de droga que circula en un país. Aunque no es exacta, y puede depender de los operativos que se lleven a cabo, en general, es uno de los indicadores que los expertos utilizan y validan. Así lo señala, por ejemplo, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que recomienda el registro de incautaciones como parte del sistema de información sobre narcotráfico.

Entre 2002 y 2009, el último dato que tiene registrado la ONU para la Argentina, este indicador creció casi ocho veces. El estudio aclara que los datos para el país de 2010 no son comparables, porque no incluyen las incautaciones realizadas por las fuerzas federales de seguridad.

En su último informe el organismo pone a la Argentina como uno de los países más mencionados como fuente de la droga incautada en otros países.

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), por otro lado, publicó en diciembre de 2012 (con información hasta 2009) datos que muestran la evolución de las incautaciones de cocaína. La dirección del organismo está vacante desde la renuncia de Rafael Bielsa en marzo de 2013.

Incautaciones de cocaína 1999-2009 (en kg.)

 

En cuanto a las causas iniciadas en relación a la Ley de Estupefacientes (Ley  23.737) en los juzgados federales de todo el país, el 38% son por tenencia para consumo personal y el 35% por comercio, según datos del “Informe estadístico sobre narcocriminalidad” de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) a los que accedió Chequeado.com.

Esto quiere decir que llegan más casos a la Justicia por consumo de drogas que por su comercio, y que una parte importante de los esfuerzos, tanto de las fuerzas de seguridad como de la Justicia, están enfocados en la prescusión de los consumidores.

No son datos exactos porque puede haber algunas omisiones en los ingresos del sistema estadístico. Es un programa que está todavía en etapa de implementación y estos son los primeros resultados”, advirtió el fiscal Félix Crous, titular de la Procunar, sobre la producción de estas estadísticas.

Los datos no son iguales para todas las provincias, puesto que la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y La Rioja adhirieron a la Ley 26.052, que desfederalizó ciertos delitos relacionados a la Ley de Estupefacientes. Esto deja en manos de las provincias que adhirieron la persecusión del comercio o suministro de drogas, cuando se trata de dosis para consumo personal. Los delitos de tráfico siguen siendo de jurisdicción federal en todos los casos.

Durante 2012 la jurisdicción federal de Mendoza del Ministerio Público Fiscal, que incluye además a las provincias de San Luis y San Juan, es donde más causas se iniciaron. Es también la jursidicción que tiene una mayor proporción de causas iniciadas por tenencia para consumo personal (61%) y la que menor porcentaje de causas iniciadas por comercio de drogas (19%). El total de causas en esa jurisdicción fue de 3.203.

En Rosario, en cambio, se iniciaron 2.283 causas relacionadas a drogas, de las cuales el 36% es por tenencia para consumo personal y el 56% por comercio, mientras que en Salta, de las 1.757 causas iniciadas, el 59% es por comercio.

La ciudad de Buenos Aires es la juridicción donde más  causas se iniciaron en relación a la población (271 cada 100 mil habitantes), seguida por Salta (que incluye también a la provincia de Jujuy) y Mendoza, según el mismo informe.

En la presentación de la Corte Suprema, los jueces federales de Salta registraron un aumento del 85% en las causas relacionadas a estupefacientes, entre 2005 y 2012.
  
Por último, otro indicador que se puede considerar, aunque no es lineal, es la cantidad de personas presas por delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes. Éstas se duplicaron, pasando de 3.500 en 2003 a 6.800 en 2011, según los informes del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena.

En el caso de los delitos registrados, ni el Ministerio de Justicia ni el de Seguridad de la Nación presentan estadísticas desde el año 2009.

Marcelo Saín, experto en Seguridad, ex titular de la Polícia de Seguridad Aeroportuaria y diputado provincial por Nuevo Encuentro, incluye entre los “vacíos y retos” en el control de las drogas ilegales en la Argentina, a “la ausencia de un cuadro de situación actualizado e integral de la criminalidad organizada en el país -y en particular del narcotráfico- que dé cuenta, en el plano estratégico, de los aspectos fenomenológicos del narcotráfico en Argentina con vistas a la formulación de políticas estatales y, en el plano táctico, de las actividades y acciones concretas de los grupos criminales organizados con miras a una respuesta policial”.

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