Crédito: Fiscales.gob.ar

Quién es Silvina Ávila, la fiscal que solicitó el rastrillaje por el cual se encontró un cuerpo en el río Chubut

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La representante del Ministerio Público tiene a su cargo la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado y el habeas corpus presentado por la familia del joven. Un repaso por su trayectoria.

Fue quien solicitó el rastrillaje por el cual se encontró el cuerpo de un hombre en la orilla del río Chubut y, además, fue quien caratuló el caso Santiago Maldonado como “desaparición forzada”, como pedían los familiares de la víctima y los organismos de derechos humanos. Al mismo tiempo, fue blanco de críticas desde estos mismos sectores por la forma en que llevó a cabo la investigación. Silvina Ávila es la fiscal federal que investiga cómo se produjo la desaparición de Maldonado el 1° de agosto último.

En un comunicado que difundió hoy, la fiscal solicitó que sea el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que lleve adelante la autopsia del cuerpo y pidió que participen de la medida las querellas y el único imputado de la causa, el gendarme Emmanuel Echazú.

El caso se investiga en dos expedientes: un habeas corpus y otro caratulado como desaparición forzada, en el que se busca a los presuntos responsables de la desaparición. Ávila es la fiscal de los dos expedientes, pero sólo en el de desaparición forzada tiene la investigación a su cargo. El habeas corpus estuvo desde el inicio a cargo del juez federal Guido Otranto y, desde su recusación y apartamiento, del magistrado Gustavo Lleral, que lo reemplazó con dedicación exclusiva.

Ávila no concursó ni es la titular de la Fiscalía Federal de Esquel. Allí actúa en calidad de subrogante. Lleva, sin embargo, casi cuatro años a cargo de esta dependencia. La Fiscalía se creó a fines de 2011 y el Ministerio Público Fiscal habilitó su funcionamiento a fines de 2013. Mientras se hacía el concurso para ocupar esta vacante, la procuradora general Alejandra Gils Carbó nombró transitoriamente a Ávila, que en ese momento se desempeñaba como secretaria interina de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, a más de 600 kilómetros de distancia y a cargo de otro subrogante, el fiscal Lucas Colla.

El concurso finalizó y el 3 de junio de 2015, con la firma de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue nombrada como titular de la Fiscalía Federal de Esquel María Miguel Carmona, quien se desempeñaba como subrogante ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba.

Sin embargo, el día en que le tomó juramento como fiscal federal, Gils Carbó decidió extender esa subrogancia de Carmona ante el inicio de un juicio en una megacausa por delitos de lesa humanidad en Córdoba. En la misma resolución extendió la subrogancia de Ávila en Esquel. Un año más tarde, la fiscal Carmona fue designada para actuar como fiscal en todas las causas por delitos de lesa humanidad en La Rioja. Desde esta fiscalía instruyó la causa que derivó en la detención del ex jefe del Ejército César Milani por el secuestro de Pedro y Ramón Olivera durante la dictadura. La relevancia de este expediente extendió su permanencia en esta provincia. Hace tres meses fue nombrada interina en la Fiscalía Federal de La Rioja, por lo que la subrogancia de Ávila en Esquel parece no correr peligro.

Al momento de ser nombrada fiscal subrogante, Ávila, de 52 años, se desempeñaba en la Fiscalía Federal de Caleta Olivia. Hasta ese momento, había cultivado un bajo perfil y ocupado distintos cargos en la Justicia, la academia y la política, aunque no hay disponible ningún CV suyo. Ya había pasado por el Ministerio Público Fiscal al desempeñarse como secretaria del fiscal federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver. Además, es docente desde hace más de una década en la Universidad Nacional de la Patagonia. En esta casa de estudios enseña las materias Derecho Civil y Derecho Constitucional y Administrativo. Entre 2003 y 2007, fue secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia durante la intendencia del peronista Raúl Simoncini, quien le cedió el mando en 2007 a Martín Buzzi, gobernador provincial entre 2011 y 2015.

En su fiscalía trabaja como secretaria letrada desde hace tres años Rafaella Riccono, la pareja del juez Otranto.

A poco de cumplirse un mes de la desaparición de Maldonado, Ávila fue recibida por Gils Carbó en las oficinas del Ministerio Público. Según comunicó la Procuración, la jefa de los fiscales le expresó “el compromiso por reforzar el equipo de trabajo de la Fiscalía Federal de Esquel” para este caso. De la reunión, además, participaron el fiscal Félix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); Malena Derdoy, directora de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC); y Horacio Azzolín, de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia. Estas tres dependencias de la Procuración colaboran con la Fiscalía en la investigación.

Ávila cambió la carátula a desaparición forzada el 24 de agosto y anunció un avance de las medidas de prueba con dirección en esa hipótesis. Era lo que pedían los familiares de la víctima y los otros querellantes, como los organismos de derechos humanos. Pero a los pocos días la fiscal redactó un informe sobre el estado de la causa que fue elevado a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no fue bien recibido por las querellas. Allí denunció que la comunidad mapuche había impedido los rastrillajes en el río Chubut y en una parte de la estancia en Cushamen por tratarse de un “espacio sagrado”, además de que señaló la falta de testimonios confiables que apunten a la Gendarmería.

Desde ese momento, las críticas de la familia de Maldonado -que primero tuvieron como blanco a Otranto- se posaron sobre la fiscal. Su última medida conocida hoy fue pedir la participación del Cuerpo Médico Forense y la presencia de todos los involucrados en la autopsia del cuerpo hallado en el río.

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