Crédito: Amnistía Internacional

Asuntos indígenas: el instituto encargado del relevamiento de tierras registra subejecución presupuestaria

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En medio del conflicto por la ocupación de un territorio en Villa Mascardi, por iniciativa del Obispado de Bariloche se constituyó una “mesa de diálogo” entre distintos sectores para evitar nuevos hechos de violencia. Hace diez días, en un operativo de desalojo, un miembro de la Prefectura Naval mató a Rafael Nahuel, de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, que ocupa el terreno dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 25 kilómetros de Bariloche.

Esta “mesa de diálogo” la conforman representantes de la comunidad mapuche; organizaciones sociales; el obispo de Bariloche, Juan Chaparro; y el Gobierno nacional. En representación del Poder Ejecutivo Nacional interviene la interventora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis. Este organismo, que está bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es el que tiene a su cargo desde 2006 el relevamiento de tierras ocupadas por pueblos originarios, según la Ley 26.160. Esta norma, que vencía a fines de noviembre, fue prorrogada por el Congreso en octubre último hasta 2021.

En 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) criticó el funcionamiento del INAI: “No se advierte que posea la estructura organizativa ni los recursos humanos para el cumplimiento de las funciones que debe llevar adelante”. El INAI tiene en 2017 un presupuesto de $209 millones; hasta hoy se ejecutó un 65% del total. En 2016 su presupuesto era de $181 millones, sin embargo sólo se ejecutaron $93 millones, la mitad del total. En los años anteriores (2013, 2014 y 2015) la ejecución había superado el 90 por ciento.

Según un informe de la organización Amnistía Internacional, en el país hay 1.532 comunidades identificadas y sólo 759 han iniciado el proceso de relevamiento. Esto es menos de la mitad. De ese total, 459 cuentan con resolución del INAI que señala que el relevamiento fue culminado.

 

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