Arturo Chomyszyn Crédito: Arturo Chomyszyn

La Ley de Acceso a la Información Pública

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Aprobada en el Senado el año pasado, se encuentra actualmente en Diputados, donde está bloqueada. La demora impide tener un marco legal que garantice a los ciudadanos el derecho de obtener datos oficiales.

En el mundo, más de 90 países ya cuentan con leyes de acceso a la información, según un informe de la Asociación de Derechos Civiles (ADC). En nuestro país, el pedido por una ley nacional de Acceso a la Información es un reclamo de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y de periodistas. A pesar de que el tema se trató más de una vez en el recinto y que distintas fuerzas políticas cuentan con sus propios proyectos, la aprobación y puesta en marcha de la normativa aún no se concretó.

La ley es fundamental para asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los tres poderes del Estado, necesaria para controlar y participar en la gestión pública.

El primer intento por aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública comenzó en el año 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto en el que participaron organizaciones no gubernamentales, periodistas y distintos funcionarios, entre otros. El mismo fue enviado al Congreso de la Nación por el entonces presidente Eduardo Duhalde en el año 2002. El proyecto se aprobó en Diputados en mayo de 2003. En el Senado fue tratado un año después, cuando se aprobó con una revisión, lo que provocó que fuera enviado nuevamente a la Cámara baja. Allí, las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformase en ley y perdió estado parlamentario en febrero de 2006.

A pesar de que la ley no se pudo aprobar, en diciembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, que recién asumía en su cargo, aprobó el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él.

Sobre este punto, el Manual para periodistas, elaborado por la organización Periodismo por el acceso a la información Pública de la ADC, explica que “si bien al solicitarle información al Poder Ejecutivo las reglas están bastante claras ya que contamos con un decreto que regula la materia, a la hora de dirigirse al Legislativo o Judicial, ya no es tan simple. ¿Cuánto tiempo es razonable aguardar una respuesta? ¿Qué información esta exceptuada? Sin ley, esas preguntas no tienen respuesta concreta respecto de estos dos poderes del Estado.”

Luego de varios años sin que se tratara el tema, finalmente en 2010 el Senado decidió volver a discutirlo. En septiembre la Cámara alta dio media sanción al proyecto con 38 votos a favor y 26 en contra. Luego, fue girado a Diputados, donde no fue aprobado antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

En su informe de 2011 sobre Derechos Humanos en Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló las dificultades a futuro para la aprobación de la ley: “Durante el proceso de elaboración y sanción del proyecto en el Senado, y también a partir de los primeros signos de estancamiento registrados en Diputados, los bloques oficialistas de ambas cámaras tuvieron una posición ambigua que puede obstaculizar a corto plazo el avance de la ley. En el caso de la Cámara alta, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la votación en general, pero a la hora de los votos particulares los senadores del FPV se pronunciaron en contra de varios artículos”.

En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo dictamen favorable en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Sin embargo, desde la ONG Directorio Legislativo explicaron a Chequeado.com que el proyecto de ley se encuentra frenado en la Comisión de Presupuesto, y que si bien este año se intentó tratarlo, el debate no prosperó luego de acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición de no querer abordar el tema.

En América Latina, países como Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, México, Honduras, Nicaragua y Panamá, entre otros, cuentan con leyes de acceso a la información. En Argentina, además del Decreto 1172/2003, algunas provincias como Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con normativas propias al respecto.

Para conocer más sobre el tema leer La Información Pública, una cuenta Pendiente.

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