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Casanello: “[En las causas de corrupción] el tiempo promedio de la instrucción es de siete años”

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Si bien no existe información oficial que corrobore el dato, un estudio alternativo confirma lo mencionado por el juez federal.

“Si uno busca los estudios sobre la demora en las causas de corrupción, el tiempo promedio de la instrucción es de siete años. A mí me llamaban tortuga a los pocos meses de haberse iniciado esta causa. Y es una causa que con tres años ya tiene varios procesamientos”, dijo en una entrevista con La Nación el juez federal Sebastián Casanello al referirse a la presunta lentitud en la investigación de la causa por lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez.

Si bien no existe información oficial que corrobore el dato mencionado por Casanello, un estudio alternativo revela que la instrucción de las causas más relevantes de corrupción de las últimas décadas evidencian una duración similar a la mencionada por el magistrado.

La instrucción es la etapa de una causa en la que el fiscal y el juez investigan el presunto delito cometido, recolectan pruebas y, posteriormente, el magistrado decide si procesa o sobresee a el o los imputados o dicta su falta de mérito. Si un juez decide un procesamiento y eleva la causa a juicio oral, se finaliza la etapa de instrucción y es un tribunal oral el que debe analizar las pruebas recolectadas en primera instancia y producir otras para determinar si hubo o no delito.

Las causas de corrupción tramitan en la Justicia Federal, que además se ocupa de causas de lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y otros delitos complejos. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan determinar la duración promedio de una causa en ese fuero y más difícil aún es desglosar esa información para saber cuáles de esas causas son por delitos de corrupción.

En 2012, la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), dependiente de la Procuración General de la Nación, realizó un informe junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), en el que analizaron 21 casos de corrupción relevantes de las últimas décadas para establecer cuál fue su duración.

Según el informe, “el tiempo que transcurre entre la denuncia y el auto de clausura de la instrucción”, es decir, el fin de la investigación, “arroja un total superior a los siete años (84,5 meses)“. De las 21 causas analizadas, seis continuaban aún en la etapa de instrucción en el momento en que se realizó el informe.

“Del total de duración de las 15 causas que llegaron a etapa de juicio sobre casos de corrupción -sostiene el informe-, se desprende que la etapa de instrucción sería la más larga del proceso, un poco más de 6 años (76,6 meses), representando el 61% del tiempo que lleva una investigación judicial”. De las 15 causas elevadas a juicio, tres prescribieron.

La causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez se inició en abril de 2013, tras las denuncias realizadas en el programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por el periodista Jorge Lanata. El expediente lleva un poco más de tres años y el juez procesó a Báez, a su hijo Martín, al contador Daniel Pérez Gadín y a otros involucrados. Según expresó Casanello en la entrevista con La Nación, la causa podría ser elevada a juicio oral “antes de fin de año”.

La demora, señalan ACIJ, CIPCE y OCDAP, se explica en gran parte por “la práctica de las defensas de introducir recursos de manera mecánica contra resoluciones adversas, incluso a sabiendas de que lo único que van a hacer es prolongar el trámite y postergar la celebración de un eventual juicio”. Detallan, además, el extenso tiempo que utilizan las Cámaras de Apelaciones y de Casación para resolver estos recursos.

“Casi todas las decisiones que dicta un juez de instrucción son apelables, o sea que se pueden hacer planteos y apelarlos, plantear nulidades y apelarlas”, señaló Alberto Bovino, abogado penalista y consultor del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Basta que los jueces concedan el recurso, aunque después se pierda por el tema de fondo que se discute, para paralizar el proceso”, concluyó.

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