Imagen: Arturo Chomyszyn

En proceso, demorada

Macri: “Crear una policía judicial”

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El Ministerio de Justicia trabaja en la creación de un Cuerpo Federal de Investigaciones Judiciales, pero se trata de un anteproyecto. Aún no fue enviado al Congreso ni está lista su redacción final.

“Propongo que tengamos (…) una policía judicial para que investigue a fondo el pasado, pero también nuestro futuro gobierno, si nos toca gobernar”, fue una de las promesas que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, mencionó en el debate de 2015 antes de su triunfo electoral.

Según informó el Ministerio de Justicia de la Nación a Chequeado, la cartera que lidera Germán Garavano trabaja en la creación de una policía judicial, pero se trata de un anteproyecto de ley. A diferencia de otras iniciativas, aún no fue enviado al Congreso nacional ni está lista su redacción final.

El Gobierno nacional incluyó la iniciativa de crear una policía judicial en el programa Justicia 2020, un plan de propuestas y objetivos diseñado por el Ministerio de Justicia. A poco de asumir, el ministro Garavano también se refirió al tema: “La discusión que se viene es sobre la policía judicial, y mi posición en esto es que, como en Costa Rica, la policía judicial funcionalmente dependa de los fiscales pero orgánicamente de la Corte [Suprema]”.

No fue esa la única alusión a la policía judicial en la agenda pública de este año. A mediados de 2017 se creó la Asociación de Jueces Federales, una agrupación de magistrados federales de todo el país, que eligió como su primer secretario general al juez federal Ariel Lijo. En su primer pronunciamiento, presentaron una propuesta para avanzar en causas de corrupción. Entre sus principales reclamos, solicitaron “fortalecer el área de investigación, dotando al poder judicial de una agencia de investigación especial y una policía judicial”.

Lo que formalmente se está trabajando en el Ministerio es la creación de un “Cuerpo Federal de Investigaciones Judiciales”. Se trata de un organismo que “tiene por objetivo dotar al sistema de justicia penal federal de un cuerpo civil y profesionalizado para mejorar el resultado de las investigaciones judiciales criminales que se caracterizan por ser lentas e ineficaces”, informaron a Chequeado desde la cartera que conduce Garavano.

Como señaló el Ministerio a este medio, la policía hoy en día tiene una doble función: prevención y seguridad (policía administrativa) e investigación (policía judicial). La idea que se está tratando entre los funcionarios del área de Justicia es que el nuevo organismo dependa funcionalmente del Ministerio Público Fiscal; que esté a disposición de todas las partes del proceso; que intervenga excepcionalmente para casos de grupos delictivos organizados o de delitos con participación de funcionarios públicos y que esté a cargo de un director general, con un mandato de cinco años.

Sin embargo, por ahora se trata sólo de un anteproyecto de ley en discusión. El Ministerio aún no envió ningún proyecto al Congreso que esté relacionado con este tema. Incluso aún no se acordó un texto formal dentro del Ministerio sobre la creación de este cuerpo.

“La ausencia de una policía de investigación ha permitido que sea el Poder Ejecutivo, a través de la Policía Federal y las demás fuerzas federales, el que continúa supervisando de hecho las investigaciones que encargan o disponen los jueces y fiscales. Esto genera un alto grado de ineficacia, principalmente en aquellas áreas que son sensibles frente al poder político”, señala un documento del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), realizado en 2015 por Garavano y Héctor Chayer, actual coordinador del programa Justicia 2020.

El caso bonaerense

Con la sanción de la Ley Nº 14.424, la Provincia de Buenos Aires creó en 2012 su propia policía judicial, aunque su nombre formal es Cuerpo de Investigadores Judiciales. Tiene algunas similitudes con lo que se discute a nivel nacional: el cuerpo depende orgánica y funcionalmente de la Procuración General provincial, interviene (según la ley) en delitos complejos, homicidios y casos en los que estén involucrados funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad; y está a cargo de un director que, en ese caso, dura cuatro años en su mandato.

“Fue pensada como una herramienta para separar las tareas de la policía de seguridad de las de investigación criminal y dotar de una nueva estructura de investigación a la provincia que diera peso al Ministerio Público frente a la policía”, señaló en su informe anual de 2015 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Sin embargo, su implementación se demoró y recién en la actualidad se están designando a las autoridades del cuerpo.

 

EN PROCESO, DEMORADA: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.

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