Moyano: “No estoy implicado en ningún tema de corrupción”

El secretario General del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, encabezó un acto en la Avenida 9 de Julio en el que criticó al gobierno de Mauricio Macri y se defendió de las publicaciones periodísticas que señalaban a la marcha como un reclamo personal. “No estoy implicado en ningún tema de corrupción, por ahora; en ninguna denuncia”, afirmó el ex líder de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Consultado por Chequeado, desde el Sindicato de Camioneros aclararon que la frase de Moyano refiere a que el ex titular de la CGT “no se encuentra procesado en ninguna causa judicial y que ni él ni Pablo Moyano (su hijo y secretario adjunto del gremio) fueron llamados a indagatoria por la Justicia”.

Moyano está imputado (que es cuando un fiscal requiere que se investigue a una persona por un posible delito) desde 2006 en un expediente de corrupción. Además, está siendo investigado en otros cinco expedientes judiciales. En ningunos de estos fue procesado (es decir, cuando un juez tiene elementos suficientes para estimar que una persona cometió un delito) ni condenado.

De acuerdo con un relevamiento propio de este medio, el líder camionero tiene abiertos dos expedientes que llevan mucho tiempo en trámite en la Justicia federal porteña, según se desprende del Observatorio de Corrupción que publica el Centro de Información Judicial (CIJ) y depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Uno es un caso iniciado en 2006 con una denuncia de la diputada Graciela Ocaña (Cambiemos). Es uno de los expedientes de la causa conocida como “la mafia de los medicamentos”. En ese caso, que tramita en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio, están procesados Juan Rinaldi, ex titular de la Administración de Programas Especiales (APE), que está bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación; el ex administrador de la Obra Social de Camioneros Roberto Nieto y algunos empresarios vinculados con droguerías que suministraban medicamentos a la obra social. Hace unas semanas Ocaña presentó una ampliación de esa denuncia, donde se investiga el delito de “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.

En esta causa se busca probar una “maniobra defraudatoria en el marco de la APE”, según describió la Sala II de la Cámara Federal porteña. La operatoria, según determinó la Justicia, consistía en la utilización de troqueles truchos de medicamentos que eran presentados a la APE para que la obra social del sindicato cobrara los reintegros.

La otra causa se inició en 2012 a partir de una denuncia del ex titular la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas Guillermo Noailles. Tramita en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y se trata de una investigación por un negocio entre el Sindicato de Camioneros y la Administración General de Puertos (AGP) que fue concedido a la empresa Ivetra, que tenía entre sus autoridades a personas del entorno de Moyano, como a su abogado Daniel Llermanos. En la causa, según confirmaron a Chequeado desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), también están imputados el propio Moyano y el ex gerente general de la AGP Jorge Cholvis.

“En la Argentina la corrupción privada no está tipificada, por lo que el fenómeno de la corrupción refiere a delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de la función pública”, explicó a este medio Manuel Garrido, ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y ex director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción.

De todas maneras, “en el caso de los sindicatos hay que ver si los fondos investigados están relacionados con los reintegros de APE u otros fondos vinculados con las obras sociales. En ese caso sí sería un delito contra la administración pública”, agregó Natalia Volosín, abogada especialista en temas de corrupción y máster en Derecho de la Universidad de Yale.

El nombre del ex líder de la CGT aparece, además, en un expediente de otro fuero porteño. El mes último, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Moyano y los directivos de la empresa de correo OCA por lavado de dinero y evasión impositiva. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 3, a cargo de Rafael Caputo.

Por otra parte, en la Justicia federal de Quilmes el juez Luis Armella investiga la presunta utilización del Club Atlético Independiente, del que Moyano es presidente, para blanquear dinero de las empresas del entorno familiar del líder sindical. El expediente se originó a partir de una causa que tramita en la Justicia provincial, a cargo del juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, que investiga a la barra brava de Independiente por presunta asociación ilícita.

En esa causa están detenidos con prisión preventiva el barrabrava Pablo Álvarez y el ex vicepresidente de Independiente Noray Nakis. El avance de esta investigación dio indicios de posibles maniobras de lavado de dinero (un delito federal), por lo que el juez Vitale remitió esta parte de la investigación a la Justicia federal.

Hay otro expediente que tramita en la Justicia federal de Morón en el que también está involucrado el camionero. Se trata de una investigación por presunto lavado de dinero en la compra de dos propiedades en Parque Leloir que involucra a Moyano y a su familia. En diciembre último el juez federal Néstor Barral dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Moyano; de su hijo Pablo; de su mujer, Liliana Zulet; y de los hijos de su esposa, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. El abogado Llermanos se presentó ayer en los Tribunales de Morón para aportar documentación.