Stolbizer: “Jamás se designó un juez de la Corte en comisión desde la recuperación democrática”

“Jamás se designó un juez de la Corte en comisión desde la recuperación democrática”, expresó en su cuenta de Twitter la diputada y ex candidata presidencial por Progresistas, Margarita Stolbizer. Lo hizo al rechazar el procedimiento de designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispuesta por decreto por el presidente, Mauricio Macri.

Como mencionó la diputada, desde 1983 a la fecha nunca se había utilizado este mecanismo para nombrar jueces en el máximo tribunal del país, pese a que es un recurso utilizado habitualmente para la designación de otros cargos públicos que requieren acuerdo del Senado de la Nación.

Desde 1983, todos los jueces de la Corte llegaron al tribunal con acuerdo del Senado. Antes de la reforma constitucional de 1994 los postulantes sólo precisaban de una mayoría absoluta de los senadores. Actualmente necesitan una mayoría especial de dos tercios.

La Constitución Nacional establece que para designar a un juez de la Corte el Poder Ejecutivo debe elegir a un postulante y luego el Senado debe aprobarlo por mayoría de dos tercios para convertirlo en magistrado. Además, el Decreto 222/2003, que fue una de las medidas que Néstor Kirchner tomó en el primer mes de su Presidencia, reglamentó la participación de la sociedad civil a través de la realización de audiencias en las que se pueden presentar impugnaciones y apoyos a las candidaturas.

El gobierno de Macri tomó la decisión amparándose en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo Nacional “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”, es decir cuando termina las próximas sesiones ordinarias (en este caso sería el 30 de noviembre de 2016). El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, justifica la decisión en la necesidad de “garantizar el más adecuado funcionamiento” de la Corte mientras dure el receso legislativo.

Si bien no existen antecedentes de jueces de la Corte nombrados en comisión, sí hay casos de magistrados de instancias inferiores designados así. En octubre de 1984, a través del Decreto 3255 de ese año, el entonces presidente, Raúl Alfonsín, al finalizar las sesiones ordinarias del Congreso, designó en comisión a jueces de la Cámaras Federales de Bahía Blanca, de Comodoro Rivadavia y de La Plata y a jueces de primera instancia de San Martín, Mercedes, San Nicolás y La Plata.

También el ex presidente Carlos Menem recurrió a este mecanismo. El 8 de noviembre de 1990 nombró a 11 jueces de primera instancia y a un camarista federal de La Plata, todos en comisión, sin acuerdo del Senado. Algunos de estos nombramientos llegaron a la Corte Suprema por pedido de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. El máximo tribunal, dos semanas más tarde, avaló los nombramientos por siete votos a uno.

Constitucionalistas de distintas tendencias políticas expusieron sus críticas a las designaciones dispuestas por Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano. El sociólogo y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Roberto Gargarella explicó en su blog que la Constitución “requiere ser interpretada restrictivamente, como impidiendo y no como avalando movimientos que expanden la autoridad de un poder (el que toma la decisión) sobre los otros”.

Para Andrés Gil Domínguez, también profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, no existen razones objetivas de necesidad y urgencia para la utilización de este mecanismo y se refirió a fallos de la Corte Suprema que destacan la necesidad de cumplir con los procedimientos para la designación de jueces. En ese sentido, falló la Corte hace un mes cuando estableció que los jueces subrogantes, al cumplir las mismas tareas que un juez titular, deben cumplir los mismos requisitos.

Daniel Sabsay, Ricardo Gil Lavedra y Félix Loñ, entre otras especialistas, también se pronunciaron en contra de la medida.

El mecanismo es utilizado habitualmente para otros cargos públicos que precisan los mismos requisitos que un juez de la Corte, por ejemplo, el de presidente del Banco Central. Alejandro Vanoli fue nombrado en 2014 en comisión por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sólo meses más tarde recibió acuerdo del Senado. En la semana última Macri designó en comisión a Federico Sturzenegger al frente de la entidad bancaria, y lo mismo hizo con el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.