Aborto no punible: un gráfico para conocer la situación de los protocolos provinciales

La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, aunque la implementación del derecho garantizado en el Código Penal de la Nación (que fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) tiene falencias que han sido denunciadas por varias organizaciones de la sociedad civil, como se explicó en esta nota.

En el fallo denominado “F. A. L.”, de 2012, la Corte también le encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

Según los datos que brindó en el Congreso el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, actualmente hay diez provincias que adhieren al protocolo nacional, seis que cuentan con protocolos propios, cuatro jurisdicciones que no están adheridas pero utilizan la regulación nacional y otras cuatro que no tienen protocolo ni adhieren al nacional. Mirá el mapa de los protocolos provinciales:

Si se tiene en cuenta las cuatro provincias que no tienen protocolos ni están adheridos al nacional, según los datos del sitio Activá el Congreso -una iniciativa para que la gente se comunique con los legisladores- en Córdoba los tres senadores y senadoras votarían a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Entre Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán, siete legisladores votarían en contra mientras que dos lo harían a favor.

Un informe del Equipo latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), muestra que, por más que tengan protocolos, el acceso en diversas provincias a este derecho tiene barreras. Este es el caso de provincias como Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Misiones, Neuquén y Río Negro. Además, allí se explica que Córdoba tiene un protocolo, pero su aplicación está suspendida parcialmente por orden judicial.