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Esta nota tiene más de un año

Cuatro claves para entender el caso López

-Por qué lo detuvieron a José López

José López, secretario de Obras Públicas de la Nación desde 2003 hasta 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue detenido ayer por “delito flagrante”, luego de que un vecino diera alerta a la policía, porque tenía en su poder al menos un arma de fuego con la autorización de tenencia vencida.

El funcionario del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, fue capturado de madrugada en General Rodríguez con bolsos que contenían US$8,9 millones, mientras intentaba ingresarlos en un monasterio.

-López era investigado desde hace ocho años

El abogado y director de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, denunció en 2008 por enriquecimiento ilícito a varios funcionarios del gobierno nacional, entre los que se encontraba López. La investigación fue unificada con otra causa iniciada en 2006 a raíz de una denuncia de Federico Bogdanoff, que refería al valor fiscal de las propiedades registradas por algunos funcionarios en las declaraciones juradas del período 2003-2005. En esa causa, López fue sobreseído en 2008.

Rafecas dispuso ayer la detención por enriquecimiento ilícito y ordenó su traslado este jueves a los tribunales de Comodoro Py. La Cámara de Casación Penal, además, determinó hoy que debía investigarse su incremento patrimonial desde 2003 y no desde 2005, como pretendía López, quien alegaba que en el período 2003-2005 ya había obtenido un sobreseimiento por este delito y que se trataba de cosa juzgada.

-Qué sospecha ahora el fiscal

El fiscal federal Federico Delgado, quien está a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito, sospecha que la plata está relacionada con los sobreprecios en la obra pública. Por eso pidió que en lugar de investigar por separado el aumento de su fortuna, esta causa se sume a la que tiene el juez Julián Ercolini, por una denuncia de 2008 de la diputada Elisa Carrió por asociación ilícita en los manejos de la obra pública.

La acusación se centra en especial en la hipótesis de que López habría favorecido a una empresa: “Rovella & Carranza SA”. De acuerdo con Delgado, “es como una hipotética regla de tres simple: a mayor éxito conseguido por “Rovella & Carranza SA” en las licitaciones de obra pública nacional, más abultados resultarían los bolsillos del funcionario a cargo de adjudicar dichas licitaciones y los de sus familiares directos”.

Ese sería uno de los posibles esquemas. El fiscal mencionó también que se investigan otras dos empresas del ex funcionario.

-Qué pasará con esos fondos

Los casi US$9 millones están ahora en la casa matriz del Banco Provincia en La Plata, según aseguró su presidente, Juan Curuchet. Es posible que después, mientras siga la causa, pasen a estar bajo custodia del Banco Nación, según establece la Ley 20.785. Los fondos sólo pueden ser decomisados en caso de haber una condena firme, lo que llevaría varios años. Como recordó la abogada especialista en cuestiones de corrupción, Natalia Volosin, los fondos “sólo vuelven al Estado si hay condena (y casi no hay condenas por corrupción acá)”. De acuerdo con un estudio de tres organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sólo en el 14% de las causas de corrupción estudiadas hubo una condena y tardó casi 11 años en resolverse.

En caso de haber una condena, los fondos pasan a ser recursos propios del Poder Judicial. En uno de los pocos antecedentes sobre el tema, el inmueble de María Julia Alsogaray, ex secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Carlos Menem, fue rematado y los fondos fueron utilizados por la Corte Suprema. En ese caso el CIPCE pidió que los fondos se utilizaran para el bien común, proponiendo la transferencia al Hospital Garrahan. La Corte rechazó ese pedido, y argumentó que los fondos deben garantizar el financiamiento del Poder Judicial.

Revisá también qué dice la declaración jurada de López.

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Comentarios

  • Patricia16 de junio de 2016 a las 12:58 amOpino que seria muy legal ,hacer que todo el pueblo argentino proponga el uso o destino de ese dinero,SI A ALGUIEN LE ROBAN CUALQUIER COSA LO QUE FUERA .LA LEY SERIA QUE SI LO RECUPERAN Y METEN PRESO AL LADRON Y LO ROBADO DEVUELTO AL DUEÑO... EL PUEBLO ES QUIEN TIENE QUE DISPONER DE ESO ...Y SI PONES UN ABOGADO SOLO SE LE PAGA HONORARIOS POR SU TRABAJO PERO NO TODO LO QUE SE RECUPERA!!!...ES LO LÓGICO
    • Cristina Ravazzola20 de junio de 2016 a las 4:34 pmde acyuerdo totalmente.
    • isabel7 de julio de 2016 a las 11:13 amtotalmente de acuero
  • RUBEN DARIO16 de junio de 2016 a las 5:22 pmYO CREO QUE LOS JUECES DEVEN IR TODOS PRESOS Y QUE DEVERIA EMBARGAR SUS BIENES TAMBIEN TENDRIA QUE HAVER UN LUGAR EN INTERNET Y NUMEROS GRATUITOS PARA DENUNCIAR CASOS DE CORRUPCION.CUANTA GENTE SE ABRIAN SALVADO DE MORIR,HAMBRE,DESNUTRICION,SALUD ETCETER...CON TODO ESE DINERO LE ROBARON A 40.000.000 DE ARGENTINOS SE MERECEN 40.000.000 DE JUICIOS
    • Yo20 de junio de 2016 a las 6:14 pmTambién te tendrían q poner un teclado con la letra b
  • Manuel Figuerero17 de junio de 2016 a las 8:57 pmPor razones que sería ocioso citar, una ONG como la presidida por el Dr.Monner Sans en el presente caso, no le es permitido constituirse en parte, con el pretexto de que no son particulares damnificados. Sin embargo, en los particulares y excepcionales momentos que vivimos en nuestro país, arrasado por la corrupción, cuya impunidad es sustentada por instituciones (confr.Ministerio Público Fiscal, policías, y algunso jueces, etc.) tal doctrina , la del rechazo, pasó de moda. En la actualidad, no corre mas el pretextyo citado. En España, por ejemplo, la ONG Manso limpias llevó aelsnte una denuncia, el Fiscal no adhirió y finalmente el acusado fue sentenciado y condenado. Cuando existen fiscales que son de Justicia Legítima, y muchas veces actúan mas en tal carácter que defendiendo los intereses de la comunidad, estamos indefensos. Pero cuando, como en el caso de la corrupción, ante un mal funcionario judicial se erige la ONG y apela, ante un eventual rechazo del Fiscal o del juzgado, favoreciendo a un imputado por corrupción, por ejmplo, la sociedad se sentirá mas amparada. Existen diversos casos en que la apelación de la querellante, posibilitó que el imputado fuera condenado penalmente. El momento exige que no debemos conformarnos con lo que tenemos. El peso que tienen los corruptos es inmenso, por lo que lo propuesto sería de gran utilidad para convertir en vanos los intentos de lso corruptos para salir indemnes ante una denuncia simple.
    • isabel7 de julio de 2016 a las 11:14 amtotalmente de acuerdo y muy bien explicada
  • nelly guerra18 de junio de 2016 a las 3:59 pmque se la den a los que mas nesesitan
  • Carlos19 de junio de 2016 a las 2:02 pm"En ese caso el CIPCE pidió que los fondos se utilizaran para el bien común, proponiendo la transferencia al Hospital Garrahan. La Corte rechazó ese pedido, y argumentó que los fondos deben garantizar el financiamiento del Poder Judicial." Son unos delincuentes. Como si les faltase algo con el esfuerzo que hace el pais para mantenerlos y la ineficiencia y corrupcion con la q se desempeñan.
  • Cristina Ravazzola20 de junio de 2016 a las 4:38 pmNo me parece que los dineros robados al pueblo sean considerados patrimonio del Poder Judicial. Debería haber un ente como la Defensoría del Pueblo que determine urgencias y prioridades para quienes más lo necesitan.
  • Carmen20 de junio de 2016 a las 8:15 pmConsiderando que el Poder Judicial debe ser autónomo, es lógico que tenga fuentes propias de financiamiento. Pero debería ser un porcentaje, y el resto volver al destino original que quedó perjudicado.
  • Daniel29 de octubre de 2019 a las 10:57 pmSobre el enriquecimiento ilícito o como se lo quiera llamar, no cabe dudas, ahora mi pregunta és, José Lopez llegando al Monasterio con arma pesada mas el supuesto dinero dentro, fué real o montaje escenográfico ??..NO viene al caso, pero ensucia la causa.-

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