De qué se acusa a Lula y de qué depende su futuro político

A las cinco de la tarde del día de hoy venció el plazo que el juez federal de Brasil Sergio Moro dio al ex presidente Lula Da Silva para que se entregara en la ciudad de Curitiba y comenzara a cumplir la condena a 12 años de prisión. Así, Lula esperará a la Policía Federal en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo, luego de que el Superior Tribunal de Justicia rechazara hoy su último hábeas corpus. Esta condena corresponde al caso en el que se lo acusó al ex mandatario de cometer “corrupción pasiva y lavado de dinero”.

La Justicia brasileña encontró culpable a Lula de haber recibido ilegalmente dinero de la empresa OAS, una constructora que estuvo a cargo de obras públicas, a cambio de contratos con la estatal Petrobras. La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue que el Grupo OAS habría otorgado un departamento a Lula y realizado reformas en el mismo en las que habría gastado R$ 3,7 millones (unos US$ 1,2 millones).

El ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, fue quien delató a Lula por este caso. Según reconoció Pinheiro ante la Justicia, si bien la vivienda aparecía en los papeles como propiedad de OAS, el dueño en realidad era Lula, quien le habría pedido destruir todas las pruebas. El Partido de los Trabajadores (PT) criticó que el juez Moro se basara exclusivamente en estas “delaciones premiadas” (cuando un imputado aporta información en una causa a cambio de beneficios procesales) que fueron negociadas por meses, ya que “simplemente validan las convicciones contenidas en la acusación de los procuradores del MPF”.

El juez Moro, a cargo del caso Lava Jato (la mayor investigación sobre corrupción realizada en Brasil), condenó en primera instancia a Lula a nueve años de cárcel en julio de 2017. Luego, la defensa de Lula apeló al Tribunal Regional Federal de la 4ª región de Porto Alegre (TRF-4) para que revea el fallo, pero el tribunal confirmó la sentencia y aumentó la condena a 12 años en enero de este año.

La defensa del ex mandatario presentó una serie de cuestionamientos técnicos al fallo del TRF-4. Además, presentó un hábeas corpus (un amparo para proteger a la persona de una detención arbitraria) preventivo en el Supremo Tribunal Federal para que Lula no tenga que ir a la cárcel.

El Supremo Tribunal Federal discutió el pedido el 22 de marzo último y, como no llegó a una definición, le extendieron la libertad a Lula hasta el 4 de abril último. Finalmente, los magistrados decidieron esta semana rechazar el pedido de hábeas corpus (con seis votos contra cinco), lo que permitió que el juez Moro dictara ayer la orden de encarcelación para el expresidente.

Un dato no menor es que en octubre de este año se realizarán elecciones presidenciales en Brasil y el candidato que lidera las encuestas es el propio Lula. Si bien existe una ley llamada “Ficha limpia” que establece que una persona con una condena de segunda instancia no puede presentarse como candidato en elecciones, la decisión final la tiene el Tribunal Supremo Electoral, que deberá aceptar o no la candidatura de Lula.

El PT ya anunció que su único candidato para las presidenciales es Lula, pero distintos medios publicaron que tanto los candidatos Fernando Haddad (ex intendente de San Pablo y ex jefe de Gabinete de Dilma Rousseff) como Jaques Wagner (ex gobernador de Bahía y ex ministro de Educación durante las gestiones de Lula y Dilma) podrían presentarse a las elecciones en el caso de que la candidatura de Lula no sea aceptada.