{"id":443,"date":"2016-11-15T00:00:15","date_gmt":"2016-11-15T03:00:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.chequeado.com\/investigacion\/?p=443"},"modified":"2017-04-24T17:21:40","modified_gmt":"2017-04-24T20:21:40","slug":"cortes-supremas-provinciales-entre-la-familia-y-la-politica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chequeado.com\/investigacion\/cortes-supremas-provinciales-entre-la-familia-y-la-politica\/","title":{"rendered":"Cortes supremas provinciales: entre la familia y la pol\u00edtica"},"content":{"rendered":"

Jueces con pertenencia partidaria, amigos del gobernador, parientes de funcionarios y poco lugar para las mujeres son las caracter\u00edsticas distintivas de los m\u00e1ximos tribunales argentinos. Aunque no siempre fallan a favor de quien los designa, los tribunales locales m\u00e1s importantes siguen sujetos a los vaivenes de los gobiernos de turno.<\/em><\/p>\n


\nEn su primera semana como gobernador de Jujuy, en diciembre de 2015, Gerardo Morales (Cambiemos) consigui\u00f3 que la Legislatura provincial aprobara<\/a> la ampliaci\u00f3n del n\u00famero de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de cinco a nueve miembros. En cuesti\u00f3n de d\u00edas design\u00f3<\/a> entre los nuevos jueces a dos de los diputados radicales que acababan de votar la reforma<\/strong>: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Ambos alzaron la mano en una sesi\u00f3n de madrugada, entre discursos<\/a> sobre la independencia judicial, y 72 horas despu\u00e9s ya ten\u00edan<\/a> la toga puesta en el tribunal m\u00e1s alto de la provincia.<\/p>\n

La transformaci\u00f3n de la Corte juje\u00f1a para adaptarla al gobierno de Morales\u00a0fue la antesala de la detenci\u00f3n<\/a> de la dirigente de la organizaci\u00f3n Tupac Amaru Milagro Sala<\/strong>, cuando llevaba adelante una protesta frente a la sede de la Gobernaci\u00f3n. El arresto y la posterior apertura de una sucesi\u00f3n de causas penales variadas utilizadas para dejarla presa, que llegaron a ser ocho, corrieron por cuenta de jueces inferiores, que tienen al STJ como referencia aunque el m\u00e1ximo tribunal no se haya pronunciado a\u00fan sobre el tema.<\/p>\n

Morales tambi\u00e9n postul\u00f3 para el tribunal a Federico Otaola, quien cuatro a\u00f1os antes hab\u00eda sido candidato<\/a> a vicegobernador y diputado provincial por la Uni\u00f3n C\u00edvica Radical (UCR), y a Laura Lamas Gonz\u00e1lez, la \u00fanica con carrera en tribunales. Desde 2010 ya formaba parte del STJ Clara Aurora de Langhe Falcone, otra ex legisladora radical nombrada<\/a>\u00a0por el ex gobernador peronista Eduardo Fellner en 2010, quien desde marzo de 2016 es la presidenta del Tribunal. A Fellner le deben sus cargos Mar\u00eda Silvia Bernal<\/a>, ex fiscal de Estado de su gobierno; Sergio Jenefes<\/a>, hermano del ex vicegobernador Guillermo Jenefes (Partido Justicialista); Sergio Gonz\u00e1lez, ex presidente del Tribunal de Cuentas; y Jos\u00e9 Manuel del Campo, su ex socio en un estudio jur\u00eddico. El STJ qued\u00f3 marcado por el bipartidismo vigente en muchas provincias: los nuevos jueces radicales y los anteriores nombrados durante m\u00e1s de tres d\u00e9cadas de gobiernos peronistas.<\/p>\n

En su primera semana de gobierno, Gerardo Morales nombr\u00f3 a dos legisladores radicales en el STJ.<\/p><\/blockquote>\n

En un sistema democr\u00e1tico, el Poder Ejecutivo Nacional representa a la mayor\u00eda y, se supone, el Poder Judicial es el poder contramayoritario. Sin embargo, eso no necesariamente pasa en seis de los 24 distritos de la Argentina -o sea en un cuarto del pa\u00eds-. Hay gobernadores que en sus provincias lograron nombrar a todos los miembros del superior tribunal<\/strong>: Mario Das Neves (Partido Justicialista) en Chubut, Alberto Weretilneck (Frente Grande) en R\u00edo Negro, Ricardo Colombi (Uni\u00f3n C\u00edvica Radical) en Corrientes, Luis Beder Herrera (Partido Justicialista) en La Rioja y Alberto Rodr\u00edguez Sa\u00e1 (Compromiso Federal) en San Luis. En Santiago del Estero los jueces del tribunal m\u00e1s alto fueron designados por el matrimonio del ex gobernador Gerardo Zamora (Frente C\u00edvico) y su esposa, la actual mandataria Claudia Ledesma Abdala.<\/p>\n

Desde hace a\u00f1os distintas organizaciones reclaman en las provincias un cambio que asumen cumplido a nivel nacional: a partir de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, con matices, recuper\u00f3 un reconocimiento que hab\u00eda perdido en la d\u00e9cada del 90. Pero los tribunales superiores locales permanecen, en la mayor\u00eda de los casos, atados a los vaivenes de los gobiernos de turno,<\/strong> que se las suelen ingeniar para designar all\u00ed a personas de su confianza. El caso de Jujuy es s\u00f3lo la muestra m\u00e1s reciente. Y por dem\u00e1s elocuente.<\/p>\n

Cada provincia tiene sus especificidades y para analizar lo que pasa en el Poder Judicial no se puede perder de vista el contexto hist\u00f3rico del lugar.<\/strong> Dentro de ese campo de peculiaridades, los investigadores de estas tem\u00e1ticas suelen tomar como indicadores de la independencia de los superiores tribunales: las posibilidades que tiene el poder pol\u00edtico de modificar el n\u00famero de miembros de las Cortes por ley; la duraci\u00f3n del mandato de los jueces (son vitalicios o limitados seg\u00fan cada provincia); la inamovilidad en el cargo; la intangibilidad de sus salarios y la existencia de inmunidades (la mayor\u00eda de las provincias prev\u00e9n inmunidad de arresto y de opini\u00f3n para sus jueces).<\/p>\n

Morales repiti\u00f3 en su provincia el modelo de Carlos Menem<\/strong>: ni bien asumi\u00f3, el ex presidente ampli\u00f3<\/a> de cinco a nueve el n\u00famero de jueces de la Corte Suprema. Esto provoc\u00f3 la renuncia de dos magistrados del m\u00e1ximo tribunal, Jorge Bacqu\u00e9<\/a> y Jos\u00e9 Severo Caballero<\/a>, lo que habilit\u00f3 al Poder Ejecutivo a nombrar a seis de los nueve jueces supremos, en su mayor\u00eda cercanos al menemismo y que por a\u00f1os constituyeron lo que se denomin\u00f3 \u201cla mayor\u00eda autom\u00e1tica\u201d.<\/p>\n

La Corte nacional comenz\u00f3 a oxigenarse cuando N\u00e9stor Kirchner postul\u00f3 a cuatro juristas a quienes no conoc\u00eda y que no ten\u00edan militancia pol\u00edtica org\u00e1nica (s\u00f3lo Ra\u00fal Zaffaroni, que hab\u00eda sido legislador y constituyente del Frente Grande). Pero adem\u00e1s implement\u00f3 por primera vez el Decreto 222\/03<\/a>, que permite la participaci\u00f3n de la sociedad civil en el proceso de designaci\u00f3n previo al acuerdo del Senado. En cambio, en las provincias prevalecen modelos signados por el v\u00ednculo con el poder pol\u00edtico. Los procesos y mecanismos para presentar avales o impugnaciones y con audiencias p\u00fablicas, son la excepci\u00f3n. Kirchner redujo<\/a> el n\u00famero de supremos a cinco cuando hab\u00eda siete jueces en funciones. No forz\u00f3 renuncias, s\u00f3lo estableci\u00f3 que habr\u00eda que esperar a que se liberaran los lugares. Aunque se supone que la Corte nacional es un modelo a seguir por las provincias, esto no funciona as\u00ed, de acuerdo con el relevamiento y an\u00e1lisis de Chequeado<\/strong>.<\/p>\n

Las Cortes y Superiores tribunales tienen competencia para revisar discusiones de constitucionalidad, referidas a las Constituciones provinciales; asuntos electorales; conflictos entre municipios o jurisdicciones, delitos comunes, leyes y C\u00f3digos locales, asuntos de salud, vivienda y medio ambiente<\/strong>, entre otros. La relevancia que les atribuyen los gobernantes locales, a punto tal de preocuparse por nombrar a sus aliados, no tiene relaci\u00f3n con la percepci\u00f3n que de ellos tiene la opini\u00f3n p\u00fablica, que es mucho menor. En San Juan, uno de los integrantes del superior tribunal, Adolfo Caballero, es m\u00e1s conocido, por ejemplo, por sus actividades extrajudiciales que por sus sentencias. Es presidente de la Confederaci\u00f3n Gaucha Argentina<\/a>.<\/p>\n

Un viejo truco, repetido<\/p>\n

En nuestro pa\u00eds, caracterizado por una forma de gobierno representativa, republicana y federal, cada provincia dicta su propia Constituci\u00f3n, sus leyes internas y dise\u00f1a sus instituciones. Seg\u00fan la investigadora y doctora en Ciencia Pol\u00edtica Andrea Castagnola, en aquellas provincias cuyas constituciones no especifican cu\u00e1l debe ser la composici\u00f3n de sus superiores tribunales, \u00e9stos resultan altamente vulnerables a la manipulaci\u00f3n pol\u00edtica \u201cdebido a que el n\u00famero de integrantes puede ser modificado por una ley\u201d.<\/p>\n

Un relevamiento que hizo Castagnola de todas las cortes provinciales mostr\u00f3 que en 2009\u00a0el 71% de las provincias no fijaba en sus textos constitucionales el n\u00famero de integrantes.<\/strong> Al hacer un an\u00e1lisis comparativo entre 1983 y ese a\u00f1o, encontr\u00f3 que 14 provincias modificaron la conformaci\u00f3n de sus Cortes; siete de ellas lo hicieron una vez (Buenos Aires, Chubut, C\u00f3rdoba, Entre R\u00edos, La Pampa, San Juan y Santa Cruz), cuatro cambiaron dos veces (R\u00edo Negro, Salta, San Luis y Santiago del Estero), dos provincias cambiaron tres veces sus cortes (Formosa y La Rioja) y Misiones cuatro veces. En un c\u00e1lculo global, el\u00a068% de las provincias modificaron por lo menos una vez la conformaci\u00f3n de sus cortes en 25 a\u00f1os.<\/strong> \u201cLa capacidad de ampliar y reducir el n\u00famero de miembros ha sido una estrategia frecuentemente utilizada por los pol\u00edticos provinciales para manipular el control de las Cortes Supremas\u201d, afirma Castagnola en su trabajo \u201cLa diversidad institucional de los poderes judiciales provinciales en Argentina desde una perspectiva hist\u00f3rica\u201d<\/a>.<\/p>\n

El 68% de las provincias modificaron al menos una vez el n\u00famero de miembros de sus cortes.<\/p><\/blockquote>\n

Igual que en Jujuy recientemente, otros gobiernos reforman sus Cortes para poder hacer m\u00e1s nombramientos, con la expectativa de tener su mayor\u00eda propia. Es un recurso utilizado desde tiempos inmemoriales que deja su huella y va sentando las bases de un funcionamiento judicial.<\/p>\n

En Misiones, hasta 2003 la ley establec\u00eda que los jueces del STJ deb\u00edan ser nueve. Ese a\u00f1o, por ley<\/a>, se fij\u00f3 en cinco, n\u00famero al que se llegar\u00eda a medida que se fueran produciendo vacantes. A fines de 2005, cuando el STJ contaba con ocho miembros, el ex gobernador Carlos Rovira<\/strong> (Frente Renovador de la Concordia) llev\u00f3<\/a> la cifra otra vez a nueve<\/strong>, por lo que se abri\u00f3 otra vez una vacante. Rovira quer\u00eda m\u00e1s. Gan\u00f3 otro lugar con la destituci\u00f3n<\/a> por juicio pol\u00edtico de la jueza Marta Catella,<\/strong> quien paralelamente como jueza del Tribunal Electoral hab\u00eda fallado varias veces en contra del Frente Renovador. Y se generaron otras tres vacantes a trav\u00e9s de un beneficio excepcional jubilatorio<\/a><\/strong> para los jueces que renunciaran en un plazo de 30 d\u00edas, al que accedieron Luis Absi, Jorge Dionisi y Marta Poggiesse de Oud\u00edn.<\/p>\n

Catamarca fue, hace poco, testigo de un caso similar. Tras ser reelecta, la gobernadora Luc\u00eda Corpacci envi\u00f3 un proyecto a la Legislatura provincial para llevar de tres a cinco el n\u00famero de jueces<\/strong> de la Corte de Justicia local. El proyecto fue aprobado<\/a> y la gobernadora pudo proponer dos nuevos jueces, que se sumaron a los tres actuales, vinculados con los gobiernos del Frente C\u00edvico y Social (FCyS): uno de ellos, Luis Ra\u00fal Cippitelli, fue ministro<\/a> de Justicia del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral (FCyS). A comienzos de noviembre\u00a0asumieron<\/a> los dos magistrados nombrados por Corpacci: Vilma Molina, ex jueza laboral de la provincia, y Miguel Figueroa Vicario, quien hasta su designaci\u00f3n era asesor general del gobierno de la propia Corpacci.<\/p>\n

Tambi\u00e9n el gobernador Weretilneck ampli\u00f3<\/a> el m\u00e1ximo tribunal de R\u00edo Negro.<\/strong> En 2012 present\u00f3 un proyecto para que, al igual que en Catamarca, el STJ pasara de tres a cinco miembros. Una de las principales opositoras<\/a> al proyecto fue la legisladora del Frente Para la Victoria (FpV) Ana Piccinini, quien fue compa\u00f1era de f\u00f3rmula del senador Miguel Pichetto en las elecciones provinciales de 2015. En 2013, con las vacantes abiertas por la ampliaci\u00f3n, fue nombrada en el STJ su hermana, Liliana Piccinini, quien ven\u00eda de ser procuradora general de la provincia.<\/p>\n

N\u00e9stor Kirchner no aplic\u00f3 cuando era gobernador de Santa Cruz la misma l\u00f3gica que us\u00f3 a nivel nacional para refundar la Corte.<\/strong> Muy por el contrario, en 1995 recurri\u00f3 a la estrategia de la ampliaci\u00f3n: elev\u00f3<\/a> de tres a cinco el n\u00famero de jueces del Tribunal Superior de Justicia de su provincia. Uno de los tres jueces que nombr\u00f3 en ese momento fue Jorge Ballardini, quien hab\u00eda sido asesor general y fiscal de Estado durante su Gobernaci\u00f3n. Cuatro a\u00f1os m\u00e1s tarde, con otra vacante en el STJ, nombr\u00f3 a Carlos Zannini, quien hab\u00eda sido ministro de Gobierno de su gesti\u00f3n, legislador provincial del PJ y luego fue 12 a\u00f1os secretario Legal y T\u00e9cnico durante su Presidencia y las de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner.<\/p>\n

La misma reforma que ampli\u00f3 el TSJ de tres a cinco miembros en 1995 produjo otra modificaci\u00f3n significativa en la Justicia local. El proyecto que aprob\u00f3 la Legislatura de Santa Cruz dividi\u00f3 en dos el Ministerio P\u00fablico provincial: fiscales por un lado y defensores por otro. Con esta nueva reglamentaci\u00f3n, el Gobierno removi\u00f3 a quien era por entonces jefe del Ministerio P\u00fablico unificado, el ex procurador Eduardo Sosa,<\/strong> con la excusa de que su cargo ya no exist\u00eda. Sosa investigaba en ese momento al gobierno de Kirchner por la contrataci\u00f3n de un estudio jur\u00eddico para negociar las regal\u00edas petroleras con la Naci\u00f3n. El caso por su desplazamiento lleg\u00f3 hasta la Corte Suprema nacional, que le dio<\/a> la raz\u00f3n a Sosa y orden\u00f3 que le devolvieran su cargo, que era vitalicio. Los sucesivos gobiernos provinciales no cumplieron con esta obligaci\u00f3n.<\/p>\n

El gobernador de Entre R\u00edos Jorge Busti (PJ), en 1988 ampli\u00f3<\/a> el STJ de siete a nueve miembros, lo que abri\u00f3 vacantes para que designe a su ex socio<\/a> en su estudio jur\u00eddico de Concordia, Daniel Carubia,<\/strong> y a Carlos Alberto Chiara D\u00edaz. Los dos contin\u00faan en el cargo. En su tercera Gobernaci\u00f3n (2003-2007), nombr\u00f3 a otros cuatro jueces que contin\u00faan en el STJ, dos de su entorno: Claudia Mizawak, quien fue su abogada personal y fiscal de Estado<\/a> de su gesti\u00f3n, y Emilio Castrill\u00f3n, quien hasta su designaci\u00f3n se desempe\u00f1aba como jefe del bloque de diputados del PJ en la Legislatura entrerriana.<\/p>\n

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