La primer solicitada publicada por la agrupación Justicia Legítima tenía entre sus firmantes a Eduardo Freiler, juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Según el mismo declaró, se alejó tiempo después de esta organización. En la actualidad, el Consejo de la Magistratura lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Freiler es juez de la Cámara Federal desde 2004. Nació en 1962 en Necochea y se recibió de abogado en la Universidad Católica de La Plata. Se empezó a relacionar con el mundo de la Justicia a través de su primer mujer, Marcela Pérez Pardo, que desde fines de la década del ‘80 era jueza de primera instancia en lo Civil y hoy integra la Sala L de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Además, su suegra, Esther Pereyra Arandía, fue secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados durante la década del ‘90.

Tras un breve paso por una Fiscalía de Instrucción Penal, Freiler quedó en 1994 al frente de la Fiscalía Federal N° 6, en la que tuvo como adjunto al actual titular de esta fiscalía, Federico Delgado. A fines de los ‘90 se incorporó como secretario el actual juez federal Sebastián Casanello. Como titular de esta fiscalía, tuvo a su cargo la investigación de la causa por los sobornos en el Senado durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

En 2003 se inscribió en el Concurso 59, destinado a cubrir las vacantes en cuatro juzgados federales de primera instancia en lo Criminal y Correccional. Quedó en primer lugar en la terna, pero renunció a su postulación porque al mismo tiempo participaba del Concurso 83 para ocupar una vacante en la Sala I de la Cámara Federal. En este último también obtuvo el primer puesto. En octubre de 2004 el Senado aprobó su pliego y Freiler se sumó al tribunal que en ese entonces integraban Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani.

Desde 2008 comparte esta Sala con Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

Además de la investigación del Consejo de la Magistratura, el abogado Ricardo Monner Sans lo denunció por enriquecimiento ilícito ante la Justicia Federal de la Capital Federal. Al poco tiempo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó, resolución que no fue apelada por el fiscal Ramiro González.