La Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba es la que tiene competencia electoral en toda la provincia. Senestrari es su titular desde abril de 2006, pero trabaja en esa Fiscalía desde hace más de dos décadas. Fue secretario letrado del ex fiscal federal Carlos Torres, quien falleció en noviembre de 2003 en un accidente automovilístico. En junio de 2004, con la Fiscalía vacante, Senestrari fue nombrado subrogante por el entonces procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, y dos años más tarde obtuvo la titularidad del cargo por concurso.

Se desempeñó, además, como fiscal subrogante ante la Cámara Federal de Córdoba y desde marzo de 2014 es fiscal coordinador del distrito Córdoba, un cargo creado en 2013 por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Como fiscal electoral promovió una investigación contra el partido Unión por Córdoba (UpC), que lidera el ex gobernador José Manuel De la Sota, por el financiamiento de la campaña para las elecciones legislativas de 2009. Senestrari denunció que empresarios concesionarios de servicios públicos habían aportado dinero directa e indirectamente al partido del entonces gobernador, algo prohibido por la Ley de Financiamiento Electoral. La Cámara Nacional Electoral convalidó el criterio del fiscal respecto a que había aportes encubiertos de empresas a través de sus principales directivos y gerentes. El juez federal con competencia electoral Ricardo Bustos Fierro archivó la investigación iniciada por Senestrari. Sin embargo, la Cámara le ordenó al juez reabrir la investigación y citar a declarar a los empresarios aportantes.

Además, desde su Fiscalía instruyó dos causas resonantes de la provincia. Por un lado, el caso conocido como CBI Cordubensis. Se trata de una financiera que quebró en febrero de 2014 y que no tenía autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar como intermediaria. La causa se inició cuando el vicepresidente de la financiera, Jorge Suau, apareció muerto en una camioneta en Alta Gracia. El empresario dejó una carta en la que denunciaba a funcionarios, empresarios y sindicalistas que operaban con esta financiera. Hay 23 procesados en este expediente.

También fue el fiscal Senestrari quien llevó a cabo una investigación sobre narcotráfico que involucró a la Policía de la Provincia de Córdoba. La causa también se inició con una muerte: Juan Alós, oficial de la división Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa, apareció muerto en un auto, con un disparo en la cabeza, también en Alta Gracia.

La causa, que comenzó como un simple homicidio, pasó a la Justicia Federal en 2014 por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el caso cayó en la Fiscalía de Senestrari. La investigación provocó la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes; del jefe de Policía, Ramón Frías, y de la cúpula de la división Drogas Peligrosas. Fueron enviados a juicio siete policías de la División (entre ellos, el ex jefe), de los cuales cinco fueron condenados y dos absueltos.
Senestrari tiene 54 años y se recibió de abogado en 1989 en la Universidad Nacional de Córdoba.
En su declaración jurada correspondiente al año 2015 declaró una casa de 750 metros cuadrados en la ciudad de Córdoba, valuada en casi $400 mil; un auto y ahorros por 420 mil pesos. Además, declaró deudas (hipotecarias y personales) por más de 600 mil pesos.
Senestrari es miembro de la agrupación Justicia Legítima.

En 2017, la Justicia Federal de Córdoba resolvió que Senestrari deberá abstenerse de actuar en todas las causas en las que intervenga el PRO. Ello ocurrió luego de que los apoderados provinciales del PRO pidieran el apartamiento de Senestrari a raíz de declaraciones del fiscal que generaron polémica. En un programa de radio y en referencia a la crisis política de Brasil, el fiscal dijo: “Yo lo digo sin ningún tipo de cargo de conciencia. Ojalá se termine de caer el gobierno de [Michel] Temer y llamen a elecciones y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe”. Y, consultado sobre una posible caída del gobierno de Macri, agregó: “A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas”.
Tras la denuncia del PRO, Senestrari explicó que sus referencias a caídas de gobiernos democráticos “fueron exclusivamente dirigidas a la figura del gobierno de la República Federativa del Brasil”, y que las autoridades del partido “no han invocado un solo acto funcional que refleje pérdida de objetividad”. Tras su apartamiento, el fiscal anunció que apelará la decisión judicial.