El 15 de agosto de 2012, el Senado de la Nación aprobó, con 63 votos a favor y tres en contra, el pliego de Alejandra Gils Carbó para asumir como procuradora general de la Nación. Pocos meses más tarde, se transformó en una de las principales impulsoras de la agrupación Justicia Legítima.

Nació el 20 de junio de 1958 en la Ciudad de Buenos Aires y en 1981 se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un año después comenzó a ejercer la abogacía en el Estudio Fargosi, en el que trabajó cinco años.

En 1987 ingresó a la función pública, como secretaria de un juzgado comercial de primera instancia, a cargo de Atilio González. Ese mismo año comenzó a ejercer la docencia en la Universidad del Salvador, como profesora adjunta de Helios Guerrero en la Cátedra Derecho Comercial.

Fue ascendida al cargo de prosecretaria letrada de la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y en 1994 ingresó al Ministerio Público Fiscal, del que no se separaría hasta la actualidad.

Desde ese momento, todo fue en ascenso. Comenzó como secretaria de la fiscalía ante la misma Cámara. Cuatro años más tarde accedió por concurso al cargo de fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación. El entonces procurador Carlos Becerra la nombró fiscal subrogante ante la Cámara y en 2004 accedió a la titularidad de ese cargo.

En 2007 Gils Carbó solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de la empresa Cablevisión (Grupo Clarín) con sus acreedores. Este acuerdo fue utilizado posteriormente para justificar la fusión de Cablevisión y Multicanal, concretada en diciembre de 2007 gracias a un decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Tras la renuncia de Esteban Righi al cargo de procurador, el oficialismo tuvo un fallido intento de designar en su reemplazo a Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Luego del rechazo de la oposición en el Senado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió el pliego de Gils Carbó, aprobado casi por unanimidad.

Desde su llegada a la Procuración defendió la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional en 2013, declarada (en parte) inconstitucional por la Corte Suprema, y la reforma del Código Procesal Penal, que pone en manos de los fiscales la investigación en causas penales.