Reinaldo Rubén Rodríguez es juez electoral desde hace más de 15 años, cuando fue designado titular del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe a fines de 2001. Hasta ese momento no había ocupado ningún cargo en el Poder Judicial, ni nacional ni provincial. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1975 y desde entonces se desempeñó como abogado particular. Fue, además, docente regular de Derecho Constitucional en la UBA entre 1977 y 1994. Según se desprende de su CV, entre 1973 y 1978 fue empleado de la Cámara de Diputados de la Nación. En marzo de 2000 el entonces titular del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura por atropellar con su lancha a un nadador y entorpecer la investigación iniciada por este delito. Fue la primera vez que el Consejo destituyó un magistrado desde su creación. Rodríguez se inscribió en el concurso generado por esta vacante y se quedó con el puesto. Fue nombrado juez por el ex presidente Fernando De la Rúa en diciembre de 2001. Pocos años después fue quien instruyó la causa penal contra su antecesor Brusa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En este expediente, en septiembre de 2002, Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, como ya lo había hecho un año y medio atrás su colega de la Capital Federal Gabriel Cavallo. Esta decisión fue la que permitió que se avance en la investigación. Rodríguez procesó a Brusa y otros imputados en febrero de 2005, pero poco tiempo después la Cámara Federal de Rosario lo apartó del caso por pedido de la defensa de uno de los imputados. El caso pasó por las manos de distintos conjueces hasta que finalmente llegó a juicio oral y Brusa fue condenado en 2009 a 21 años de prisión. En 2007 fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber ordenado el pago de bonos públicos en default a su valor nominal después de la crisis de diciembre de 2001. La principal impulsora de este expediente fue la consejera y diputada del Frente Para la Victoria (FpV) Diana Conti. Finalmente, sólo recibió un apercibimiento. En 2014, a partir de una auditoría de la Cámara Nacional Electoral, Rodríguez multó al Partido Socialista, que gobierna Santa Fe desde 2007, por irregularidades en el balance partidario de 2007. La auditoría detectó aportes privados que el partido no pudo justificar y Rodríguez ordenó, además, que se inicie una investigación penal contra las autoridades de partido. Rodríguez tiene 67 años y está casado con la arquitecta Marta Inés Barrios, con quien creó en 2001 la empresa La Cabaña del Uru SRL, un emprendimiento turístico. En su declaración jurada no declaró bienes: según su presentación, Rodríguez no tiene ni casa ni autos ni otros bienes. Si reportó ahorros bancarios y en efectivo por casi $2 millones y 78 mil dólares. Además de su paso por la UBA, en 2003 fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Litoral. Según su CV, escribió tres artículos jurídicos vinculados al Derecho Constitucional. Mientras continúa sus funciones en el Juzgado Federal de Santa Fe, Rodríguez se encuentra concursando para el cargo que quedó vacante en la Cámara Nacional Electoral desde la muerte de Rodolfo Munné. En el orden de mérito provisorio está en el 10° puesto. La competencia electoral del Juzgado a cargo de Rodríguez tiene otra particularidad: su prosecretario electoral es Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, quien es oriundo de Santa Fe y fue intendente de la ciudad en la década del ‘90. En julio de 2017, Rodríguez impugnó la lista de precandidatos a diputados nacionales de la agrupación Ciudad Futura por considerar que no cumplía con lo que había establecido la Cámara Nacional Electoral en un fallo de 2001. Aquel fallo sostenía que “si bien es cierto que la Ley 24.012 se sanciona en resguardo de los derechos de las mujeres a gozar de iguales oportunidades que los hombres en la postulación para cargos electivos, ello no implica que no deba resguardarse idéntico derecho para los hombres”. Rodríguez pidió a la agrupación presentar una nueva lista compuesta por hombres y mujeres para cumplir con esa jurisprudencia.