Los cinco cambios que volvieron (otra vez) menos transparente a la Agencia Federal de Inteligencia

Desde los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, pasando por la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado ocurrido en 1994 que provocó 85 muertos, el sistema de inteligencia nacional siempre estuvo sospechado. Tal es así que, en 2015 y en el contexto de tensiones con los servicios de espionaje, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner promovió una reforma de la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional para mejorar la calidad del sistema y que creó la Agencia Federal de Inteligencia (ex Secretaría de Inteligencia).

“Ese piso fue luego refrendado por el Decreto Nº 1311/2015, aprobado en junio del año pasado. Sin embargo, la gestión deficiente y sin voluntad de cambio en la AFI impidió llevar a cabo las reformas organizacionales y de las prácticas que proclamaba el decreto reglamentario. Pero restablecer el régimen precedente que llevó a la crisis del sistema y volver a fojas cero los avances logrados está lejos de ser la mejor opción”, señala un documento de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) -grupo integrado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)- que analiza el Decreto N° 656/16 dictado por Macri en mayo de este año.

Aquí los principales cambios que dispuso:

1) Hasta los empleados que prestan servicios de limpieza o de administración son “agentes de inteligencia”. Todos el personal de la AFI pasó a ser considerado “personal de inteligencia”. El decreto anterior (1311/2015) dividía al personal en tres escalafones (Inteligencia, Seguridad y Apoyo, que incluía a los empleados administrativos y a los recursos humanos en general) y restringía, en el artículo 9 de la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional”, la protección de identidad sólo a los agentes de inteligencia y para los casos en los que fuera necesario.

2) ¿Qué significa que se haya reestablecido la “disciplina del secreto”? Lo dispuso el artículo 4 del decreto de Macri y significa que el Poder Ejecutivo Nacional estableció que las actividades, el personal, la documentación y las bases de datos de la AFI son información estrictamente reservada. “Representa un retroceso en una democracia que por primera vez, en junio pasado, había logrado dar publicidad a información básica sobre la organización y el funcionamiento del sistema de inteligencia. Se trata además de una decisión infundada, ya que no existen motivos que avalen el régimen del secreto en aspectos como el organigrama o la estructura orgánica y funcional y en aspectos críticos en materia de rendición de cuentas como ser la administración de fondos”, señala el documento de ICCSI.

3) Mayor arbitrariedad y menos centralización de los temas a investigar. Se derogó la metodología de trabajo de “inteligencia por problemas”, es decir que, según la normativa, las tareas se realizaban enfocadas en acciones específicas. Esta medida prevenía que la AFI hiciera inteligencia sobre cuestiones ajenas a las problemáticas de seguridad interior o defensa nacional, e implicaba un resguardo para el personal subalterno, porque toda labor de inteligencia debía tener la autorización del Director General de la agencia.

4) Los espías y los jueces, otra vez juntos. El Anexo II del Decreto N° 1311/15, que también fue derogado, establecía un mecanismo de coordinación de la AFI con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los ministerios públicos provinciales, y limitaba el accionar de los agentes de la AFI sólo a las actividades que no pudieran ser realizadas por las fuerzas de seguridad. La intención oficial fue, en su momento, prevenir la estrecha relación histórica entre parte del personal de inteligencia y los jueces, en especial de la Justicia Federal, como denunció un informe de la ADC publicado en 2015 y personificó la figura del ex agente Antonio Jaime Stiuso.

5) Todo el presupuesto de la AFI volvió a ser secreto. Por último, se dejó sin efecto el régimen de administración de fondos de la agencia, que según el Presupuesto 2016 es de $1.450 millones. En el decreto de 2015, se distinguía entre fondos públicos y reservados, estos últimos destinados únicamente a actividades cuyo objeto requiriera que se mantuvieran en secreto. La obligación de transparentar los fondos de la ex SIDE fue un compromiso asumido por el Estado nacional durante la gestión de Néstor Kirchner con las víctimas del atentado a la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).