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En 2023, el déficit fiscal y el cuasifiscal equivalieron al 14,6% del PBI, cifra cercana a la dicha por Milei. Sin embargo, si se excluye el Banco Central, la cifra fue del 4,6%, alejada de la afirmación.

Datos del Banco Mundial y el FMI confirman una caída de entre el 73 y 80% del PBI entre 2013 y 2021, años en los que gobernaba Nicolás Maduro.

Si se utiliza el último dato oficial de la gestión del Frente de Todos y se lo compara con el más reciente, la pobreza cayó del 44,8% al 27,5%. Esto implica un descenso de 17,3 puntos, una cifra lejana a los 30 puntos a los que alude Milei.

El indicador se redujo pero 1.354 puntos básicos, no 2.500 como afirmó Milei. El riesgo país es un índice que mide el riesgo que representa una nación para los inversores.

El Presidente brindó un discurso ante empresarios y líderes de todo el mundo. Chequeos a los datos sobre pobreza, inflación, déficit fiscal y riesgo país, y explicadores para entender mejor los dichos.

Según el Banco Central, es verdadero que la entidad compró US$ 21.800 millones netos, el monto más alto como dijo el presidente. En cambio, la afirmación de que se sacó a más de 13 millones de personas de la pobreza resulta engañosa. Por último, es verdadera su frase de que la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad.

Si se mantiene la tendencia para los meses de noviembre y diciembre, la IED terminaría con saldo anual negativo por primera vez en 22 años. Pero los expertos consultados por Chequeado indican que la apertura del cepo pudo incentivar a las empresas a girar utilidades luego de varios años de impedimento.

En su segundo año de gestión, el Presidente cumplió o avanzó en 10 de 20 promesas de campaña, según el relevamiento “Promesas Chequeadas” de Chequeado. En 2024, habían sido 12 las que se encontraban en ese estado. De todas maneras, si se compara el segundo año de Milei con los de Mauricio Macri y Alberto Fernández, el Presidente registra un balance positivo.

En los primeros 2 años de gestión, el Gobierno finalizó la redacción del proyecto de reforma del Código Penal, que será presentado en los próximos días en el Congreso. También avanzó en la implementación del Código Procesal en 8 jurisdicciones de la Justicia federal.

El Gobierno no presentó un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, pero dictó un DNU que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y restableció la SIDE. El decreto habilita el accionar de los espías como auxiliares de la Justicia y elimina la necesidad del acuerdo del Senado para nombrar al jefe de inteligencia.

Según datos oficiales, en 2025 se destinó un 90% menos de fondos para la construcción y mejoras edilicias de hospitales que en 2023, último año de Alberto Fernández. No se registran nuevas obras públicas en hospitales con el financiamiento del Estado nacional, y las que están vigentes no cuentan con avances significativos, según constató Chequeado.

Milei modificó la fórmula jubilatoria para ajustar haberes por inflación mensual y puso fin a la moratoria previsional. Sin embargo, según los especialistas consultados por Chequeado, estas medidas no alcanzan para ordenar el sistema. El nuevo esquema afectó a las jubilaciones mínimas, no se propuso ninguna opción que reemplace las moratorias y tampoco se anunciaron medidas para ordenar los regímenes de excepción.

El Ejecutivo presentó un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior y habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. La iniciativa todavía no obtuvo dictamen de comisión en la Cámara baja y no fue tratada en el recinto de ninguna de las 2 cámaras, pese a que ya lleva más de un año de su ingreso al Parlamento.

Mientras la ley del aborto sigue vigente, crecen los obstáculos para acceder a la práctica: el Gobierno no entregó medicamentos para IVE en 2025 y se triplicaron las denuncias por barreras de acceso. Aún así, el Presidente no impulsó un plebiscito para derogar la ley, como prometió en campaña, aunque esto podría suceder en el resto de su mandato.

Aunque el Gobierno nacional implementó el programa “vouchers educativos” y continuó con el programa Becas progresar, especialistas consultados por Chequeado coinciden en que no se trata de políticas que permitan “financiar la demanda” de forma universal, como planteó Milei en campaña.