Discapacidad: 5 claves sobre el anuncio del Gobierno nacional de disolver la ANDIS

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y adelantó que las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Salud de la Nación. 

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (La Libertad Avanza), quien en conferencia de prensa aseguró: “Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades”.

1. ¿Qué anunció el Gobierno y quién se ocupará de la ANDIS?

El Jefe de Gabinete aseguró: “La ANDIS tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”. 

Además, adelantó que con los cambios se eliminarán 16 cargos políticos y aclaró que “no se van a recortar pensiones”. 

Adorni aseguró que con los cambios, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad de los expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.

2. ¿Qué funciones cumplía la ANDIS hasta ahora? 

La ANDIS fue creada en 2017 (en la gestión de Mauricio Macri -Cambiemos-) a través del Decreto 698, con el estatus de organismo descentralizado (es decir, que cuenta con autonomía financiera y administrativa) bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. 

Desde su creación, el organismo tenía a cargo “el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad”, que incluía el otorgamiento y la gestión de las pensiones por invalidez y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). 

El 10 de diciembre de 2023, tras la asunción de Javier Milei como presidente, la ANDIS quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero el 4 de julio de 2024 fue redireccionada al Ministerio de Salud. En ambos casos se dispuso la continuidad de la autarquía del organismo, situación que cambiaría al ser absorbida por la cartera sanitaria.

3. ¿Cómo evolucionó su presupuesto en los últimos años?

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2025 la ANDIS ejecutó un presupuesto de $ 4,9 millones, lo que representa una caída real (es decir, considerando la inflación) del 6,2% con respecto a los gastos ejecutados en 2024, y del 18,2% en relación con 2023 (último año de la gestión del Frente de Todos). 

En tanto, el Presupuesto 2026 para la agencia fue de $ 5,2 billones, lo que implica (si se tienen en cuenta las previsiones de inflación establecidas por el Gobierno) una caída del 10,7% real con respecto a 2025 y del 27% en relación con 2023. 

La caída más grande se dio en el programa de “acciones de integracion de personas con discapacidad”, destinado a la capacitación de personas y organizaciones, que evidencia una pérdida del 23,6% con respecto a 2023. 

En septiembre de 2025 el Congreso sancionó una ley para declarar la emergencia en discapacidad (con el objetivo de actualizar las partidas para el área). Y si bien rechazó el veto del Poder Ejecutivo, el Gobierno dispuso no aplicar la norma por no contar con fuentes de financiamiento. 

4. ¿En qué estado se encuentra la causa penal por las presuntas coimas? 

El 20 de agosto de 2025 se conocieron una serie de audios atribuidos al entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que denunciaba un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos por parte de esta agencia.

El 21 de agosto de 2025 el Gobierno nacional separó de su cargo a Spagnuolo y dispuso la intervención del organismo, que continúa hasta la actualidad, a cargo de Alejandro Vilches. 

La causa que investiga el presunto circuito de coimas en la ANDIS está a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, y tiene como principales imputados a Spagnuolo, Gabellini, responsables de laboratorios (como la Droguería Suizo Argentino) y Miguel Ángel Calvete, una persona vinculada a las droguerías. 

En su dictamen, el fiscal Picardi aseguró que “la agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.

5. Los fondos destinados a las pensiones cayeron en la actual gestión

En 2025 el Gobierno inició un proceso de revisión de las pensiones por discapacidad y suspendió más de 100 mil beneficios, según se informó oficialmente.

No obstante, en octubre de 2025 el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó la restitución de todas las pensiones, en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial. Finalmente, el Gobierno cumplió ese mismo mes la orden judicial. 

No obstante, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que en el Presupuesto 2026 figuran 155 mil pensiones menos que en 2025. En tanto, los fondos destinados al pago de estos beneficios caen 18,7% real con respecto al 2025 y un 33,1% en relación con 2023.