Puerto de Ushuaia: las claves de la intervención y qué se sabe de la visita de legisladores de EE.UU.
- El Gobierno nacional justifica la intervención por fallas estructurales y de seguridad, falta de inversión y presunto desvío de fondos. El Gobierno de Tierra del Fuego niega las acusaciones.
- Por el puerto pasan al año casi 700 buques de turismo, pesca y carga. Tiene un presupuesto de $ 22 mil millones anuales.
- La reciente presencia de legisladores estadounidenses tuvo como objetivo tramitar permisos para gestión de minas y residuos y el procesamiento de minerales críticos, entre otros, según informó la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.
El Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia. Lo hizo el 20 de enero a través de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. A menos de una semana de la intervención, un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia.
Si bien la intervención es en materia “administrativa” y de “infraestructura”, implica que el organismo nacional asumió la conducción total de la terminal portuaria fueguina en plena temporada alta de cruceros. La ANPyN desplazó a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego y mantiene la operatividad a través de un reducido grupo de empleados del organismo que responde a uno de los sindicatos del sector.
Aunque no fue designado oficialmente un interventor, esa función le fue asignada al sindicalista Juan Avellaneda, jefe de la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego y quien radicó la denuncia ante la ANPyN que derivó en la intervención. Avellaneda actúa de nexo con el titular del organismo nacional, Iñaki Arreseygor.
¿Cuáles fueron los argumentos para intervenir el puerto?
La ANPyN efectuó en octubre de 2025 una auditoría sobre las instalaciones de la terminal portuaria que halló desde fallas estructurales y de seguridad, hasta falta de inversión en obras y el presunto desvío de fondos hacia fines ajenos a la actividad portuaria.
El detonante fue la Ley provincial 1.596 sancionada por la Legislatura fueguina en julio de 2025, que autorizó a utilizar fondos portuarios para morigerar el déficit de la Obra Social del Estado (Osef). Sin embargo, esa ley recibió cuestionamientos y nunca se llegó a aplicar. Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos, aseguró que jamás se giraron recursos del puerto a la obra social.
Más allá de eso, se comprobó que el puerto le prestó $ 4200 millones al Gobierno provincial para distintos proyectos sanitarios.
La ANPyN sostiene que la concesión del puerto fueguino se concretó el 25 de septiembre de 1992 (luego de que Tierra del Fuego se convirtiera en provincia) y que el convenio de transferencia obliga a que los ingresos del puerto “sean contabilizados de manera independiente de las rentas generales provinciales y aplicados exclusivamente a cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones vinculadas a la actividad portuaria”.
¿Por qué se opone el Gobierno provincial?
La gestión del gobernador provincial Gustavo Melella (FORJA) niega que existan falencias en materia de seguridad y falta de obras, así como desvío de fondos, y considera la intervención del puerto de Ushuaia como un “avasallamiento” que viola el federalismo y la Constitución.
Murcia dijo a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación– que una prueba de la funcionalidad de la terminal es que la intervención ocurre en plena temporada de cruceros, cuando ya se atendió a la mitad de las más de 540 recaladas de embarcaciones que se esperan hasta abril de este año, la mayoría de buques antárticos que concentran el 90% del tráfico marítimo hacia ese continente.
Por otra parte, Murcia reiteró que la Ley 1.596 de desvío de fondos a la obra social provincial “no llegó a aplicarse” y que los recursos prestados al Gobierno ($ 4.000 millones para terminar un hospital y $ 200 millones para la compra de equipamiento) constituyen una inversión porque son devueltos en cuotas, con intereses y con garantía bancaria.
¿Por qué es un puerto clave?
El puerto de Ushuaia es un factor de desarrollo económico clave para la provincia de Tierra del Fuego, tanto por los servicios que presta a embarcaciones turísticas, de carga y de pesca, como por su ubicación estratégica para el tráfico marítimo hacia y desde la Antártida.
Por los múltiples servicios que proporciona a los casi 700 barcos de distinta índole que pasan por la terminal cada año, el muelle dispone de un presupuesto de $22.000 millones anuales.
En el caso de los cruceros turísticos, las más de 500 recaladas anuales implican un creciente movimiento de pasajeros. En 2024, fueron 232.107 personas: 87.935 tripulantes y 144.172 cruceristas.
En 2025, de los 675 buques que pasaron por el muelle, 511 fueron de pasaje, 34 de pesca y 30 de carga. A su vez, en relación a la pesca, en 2025 se declararon 9.968 toneladas de pescado congelado, mientras que en el mismo período se trasladaron 19.321 contenedores, muchos de ellos con insumos para la industria electrónica subvencionada.
¿Existe una vinculación entre EE.UU. y la intervención del puerto?
No hay ninguna evidencia concreta que demuestre ese vínculo. La política exterior impulsada por el presidente Javier Milei con un fuerte acercamiento a EE.UU. generó crecientes especulaciones.
La visita de Milei y de la ex jefa del Comando Sur norteamericano Laura Richardson a Ushuaia, en abril de 2024, y el interés de ese país por participar de la construcción de un Polo Logístico Antártico en Ushuaia aceleró las versiones. También la visita que efectuó otro jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, en mayo de 2025, y la participación de tropas estadounidenses en ejercicios de entrenamiento militar en octubre del mismo año.
¿Qué se sabe sobre la visita de legisladores de Estados Unidos a Ushuaia?
Una comitiva oficial de 23 personas, entre ellas 7 miembros de la Cámara de Representantes de los EE.UU. (pertenecientes al comité de Energía y Comercio) aterrizó en Ushuaia el domingo 25 de enero. El grupo llegó en un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea norteamericana, que partió desde la Base Andrews, cerca de Washington.

Los congresistas y sus acompañantes, familiares, asesores y 4 integrantes de la Embajada estadounidense en Argentina visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego y el lunes 26 participaron de un evento con autoridades y científicos locales.
En la única comunicación oficial sobre la visita, la Embajada de Estados Unidos en Argentina informó que el motivo del encuentro -llevado a cabo en un hotel- fue “abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.
El Gobierno fueguino no se pronunció sobre la visita, aunque la senadora nacional Cristina López (Fuerza Patria) pidió explicaciones al Gobierno por la falta de comunicación oficial y la ausencia de intervención del Congreso.
Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.
Fecha de publicación original: 27/01/2026
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