Cómo se construye la cifra de “14 mil extranjeros expulsados” que difunde el Gobierno

El Ministerio de Seguridad publicó un video en sus redes sociales en el que la ministra Alejandra Monteoliva sostiene: “En los últimos 6 meses, 14 mil personas fueron expulsadas”. 

En el video, la ministra agrega que son “personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y los que intentaron ingresar incumpliendo nuestras normas”. 

La Oficina de Respuesta Oficial también realizó un posteó con esta misma cifra. Y agregó: “Los criminales que entran al país a violar nuestras leyes no son bienvenidos”. Además, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni destacó el dato en su resumen de la semana en X.

Sin embargo, esa cifra incluye datos de magnitudes distintas, según un análisis histórico que realizó Chequeado sobre cifras oficiales. El número de expulsiones de extranjeros por delitos contemplados en el Código Penal son considerablemente menores: 620 en 2024 y 662 en 2025 (último dato disponible). En cambio, los rechazos migratorios por no tener documentación o porque las autoridades migratorias consideraron que se trata de un “falso turista” oscilan entre 11 mil y 16 mil casos anuales.

Qué muestran los datos de expulsiones de extranjeros

El Centro de Datos de Chequeado realizó dos pedidos de acceso a la información pública a la Dirección Nacional de Migraciones durante la gestión de Javier Milei. La respuesta contiene datos de los años completos 2020 a 2025, y de enero de 2026, sobre rechazos migratorios y expulsiones por la comisión de algún delito. 

Monteoliva, en el video institucional del Ministerio, habla de 14 mil expulsiones en los primeros 6 meses de 2026. Pero los datos oficiales de Migraciones muestran que entre 2020 y 2025 se registraron poco más de 3 mil expulsiones, un promedio de 511 al año, muy lejos del número de expulsados indicados por la ministra para un semestre. Los datos semestrales de 2026 todavía no se encuentran publicados. Chequeado consultó al ministerio por esta información actualizada pero no obtuvo respuesta.

Si sólo se analiza la gestión de La Libertad Avanza, fueron 620 en 2024 y 662 en 2025. En 2025, según los datos oficiales a los que accedió Chequeado, el 44% de los casos fue por infracción a la ley de drogas y al Código Aduanero, que tienen que ver con tráfico o venta de drogas. Mientras que un 25% fue por delitos contra la propiedad, que suelen ser robos. Porcentajes similares se repiten cada año. 

“En las expulsiones, el migrante tiene distintas opciones para defenderse, y en todos los casos, o la gran mayoría, piden una revisión por parte de la Justicia. Entonces, ahí la Justicia lo que hace es confirmar lo que decidió Migraciones o darle la razón al migrante. Por eso, se hacen más lentos los procedimientos de expulsión”, explicó a Chequeado Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Por ejemplo, el 11 de junio, la Corte Suprema dictó dos fallos -“Gularte” y “Acosta Olivera“- que revocaron decisiones judiciales que habían convalidado expulsiones de extranjeros dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones en 2017 y 2019, respectivamente, al considerar que se había vulnerado el derecho de defensa y el acceso a la revisión judicial de esas medidas.

Qué muestran los datos de rechazos migratorios

En términos estadísticos, es mucho más relevante la cifra de rechazos migratorios que la de expulsiones. “Las expulsiones afectan a personas que están en territorio y los rechazos migratorios son en frontera, por lo general, en el momento de presentarse ante las autoridades migratorias para ingresar”, aclaró a este medio la especialista Gabriela Liguori, especialista en migraciones y asilo, y directora de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF).

Entre 2020 y 2025, los datos de rechazos migratorios tuvieron un comportamiento distinto. En la gestión del Frente de Todos oscilaron entre los 2.226 en 2021 (año de fuertes restricciones por la pandemia de coronavirus), 11.487 en 2022 y 14.415 en 2023. 

En 2024, primer año de la gestión de Javier Milei, 15.800 extranjeros fueron rechazados al ingresar al país, y en el segundo año, 2025, fueron 16.684. 

En este caso, no son expulsiones por delitos contemplados en el Código Penal, sino por distintos impedimentos de ingreso al país contemplados en el artículo 29 de la Ley 25.871.

En la mayoría de los casos, el rechazo migratorio no fue por haber cometido un delito previo, sino por no tener documentación habilitante o porque las autoridades migratorias consideraron que se trataba de un “falso turista”, es decir, que tendría intenciones de quedarse a vivir en el país. 

Los rechazos por “falso turista” pasaron del 8% de todos los rechazos en 2023, al 41% en 2025, explica un informe de CAREF.

“Si nos ceñimos a lo que dice la ministra Alejandra Monteoliva, se refiere a casos de irregularidad migratoria, también puede haber rechazos en frontera de personas peticionantes de la condición de refugiada, casos en los que hayan aplicado la figura del ‘falso turista’ en frontera y no hayan dejado ingresar por no tener pasaje de vuelta o demostrar itinerario y dinero suficiente”, explicó Liguori.

Y agregó: “No son todos por antecedentes penales, y dentro de los que sí son, seguramente no son todos por delitos graves, puede haber delitos leves”.

Sobre esta situación, desde CAREF explican que hoy muchas personas se están quedando sin documentación por no poder demostrar medios de vida suficiente, una restricción impuesta por el DNU 366/25 dictado por el gobierno de Javier Milei. 

“Si trabajás de manera informal no hay forma de radicarte, y si estás en el mercado de trabajo registrado pero ganás menos de una Canasta Básica Total acorde al número de integrantes de tu familia, tampoco. Esto hace que muchas personas que están regularizadas, que trabajan, aportan y tienen arraigo, no puedan sostener su radicación. Eso, tarde o temprano, termina en una orden de expulsión”, indicó Liguori.

Esa orden de expulsión se puede apelar en la Justicia pero si se cumplen los plazos y la persona no apeló, o si presentó tu apelación y se la negaron, queda firme y la Dirección Nacional de Migraciones puede ejecutarla.