Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires: hay 679 jóvenes detenidos y denuncian hacinamiento tras la suspensión de la norma

La jueza bonaerense Marta Pascual suspendió por 60 días la aplicación de la Ley Penal Juvenil para la provincia de Buenos Aires. La norma, que bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en menores, había entrado en vigencia el sábado 5 de septiembre, al cumplirse 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial. 

El fallo que suspendió su vigencia en territorio bonaerense llegó el lunes 7 de septiembre, el mismo día que el Gobierno nacional dictó el decreto reglamentario de la nueva norma. 

Qué dijo la jueza y qué pasa con la ley en la provincia de Buenos Aires

Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora, decidió hacer lugar a un habeas corpus presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Después de la decisión, la jueza dijo en una entrevista con radio Now que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad: “No romantizo a los chicos que salen con un arma. Pero lo que creo que es pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”. 

En su escrito fijó una audiencia para el 16 de septiembre con los responsables de las principales áreas del Gobierno bonaerense con injerencia en el tema, para que “informen respecto de las medidas que han sido tomadas para la implementación de la ley, aquellas que se encuentran previstas y planificadas, así como su plazo”.

Ante la consulta de Chequeado sobre la decisión de la jueza, José Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, indicó: “Nosotros, como autoridad de aplicación, tenemos la responsabilidad de cumplir con las resoluciones que a diario establece el poder judicial, más específicamente el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con lo cual no consideramos apropiado expedirnos ante las decisiones que asume el fuero en el marco de sus competencias y abocamos nuestra tarea a generar las condiciones para el cumplimiento de las resoluciones que nos ordenen al efecto”.

Por su parte, Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de derechos humanos, explicó a este medio: “Nosotros estamos en desacuerdo con la ley, pero uno de los argumentos es que no hay lugares adecuados que garanticen derechos de los pibes. Y esta medida intenta que se prevea está cuestión. El problema es que en este plazo no van a poder mejorar mucho”.

La asociación civil Usina de Justicia, que preside Diana Cohen Agrest, presentó este martes una denuncia contra la jueza Pascual por los presuntos delitos de “usurpación funcional” y “abuso de autoridad”, y pidió ser amicus curiae para participar de la audiencia del 16 de septiembre.

Qué muestran los datos sobre los menores detenidos en centros cerrados bonaerenses

Pascual advirtió que en la provincia de Buenos Aires la ley no afecta en demasía: “Por nuestra ley procesal el juez de garantías especial penal juvenil ya aplica penas y de hecho, creo que hay alrededor de 100 menores de 16 años privados de libertad”. 

De acuerdo con datos publicados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que construyen las bases con estadísticas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, en 2025 había 585 jóvenes detenidos en centros cerrados. De ese total, el 7,5% (41) tenían 15 años o menos. De los restantes, 268 tenían entre 16 y 17 años y 241, 18 años o más. 

“Se detenía a los jóvenes hasta ahora en el marco del artículo 64 de la Ley de Responsabilidad Juvenil provincial, que habilitaba la detención como medida de seguridad, para la protección del pibe o de terceros”, explicó a Chequeado Cipriano García. 

Según el informe “El sistema de la crueldad”, de la CPM, entre el 2020 y 2025 aumentó el porcentaje de ingresos de niñas, niños y jóvenes de hasta 15 años: de 12% a 20%, el registro más alto de los últimos 6 años. 

“Los ingresos al sistema de encierro están plagados de irregularidades: crecen el uso de juicio abreviado como principal método de condena y los traslados constantes como método de gobernabilidad según las plazas disponibles y en detrimento de la vinculación familiar”, advierte el informe. 

Cipriano García aseguró que si bien la provincia informa que no hay sobrepoblación, los criterios por los cuales se construye esa información no se adecuan a los estándares internacionales de derechos humanos para calcular plazas. “Ahora, donde entra un colchón cuentan una plaza, cuando debieran cumplir con las resoluciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura”, dijo el secretario de la CPM. 

Según los datos enviados a Chequeado por la subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, en 2026 aumentó la cantidad de plazas y también de jóvenes: “Al día de hoy hay 648 plazas y tenemos alojados en espacios de privación y de restricción de la libertad a 679 jóvenes. 61 de esos jóvenes tienen menos de 16 años y se encuentran bajo medidas de seguridad (medida judicial que pueden decidir los jueces ante situaciones de gravedad realizadas por jóvenes inimputables)”.

Cuál es la situación sanitaria y edilicia de los centros

Zerillo explicó a este medio que “la provincia tiene en ejecución un ambicioso plan de obras (…) con fechas de entregas que finalizan en marzo del 2027”. 

Según la CPM, existen en la provincia de Buenos Aires 2 centros especializados en aprehensión, 4 centros de recepción, 17 centros socio educativos de privación de libertad ambulatoria, 3 de modalidad pre-egreso y 13 centros de contención.

En 2025 el programa de Niñez de la CPM realizó monitoreos a establecimientos penales juveniles y registró 1.329 hechos de tortura y violaciones de derechos contra 237 víctimas: un promedio de 5,6 hechos por víctima. “La restricción de actividades y aislamiento son las principales vulneraciones a los derechos registradas, con 12% en cada categoría”, indicó el informe. 

En su fallo, la jueza Pascual indicó: “En el último tiempo se ha logrado avanzar significativamente en cuestiones edilicias, de alimentación, agua potable, etc., pero en modo alguno se encuentra cumplido un piso mínimo que permita afirmar que la detención no compromete la responsabilidad internacional de la Argentina, en esta cuestión que compromete a la provincia”.

Y concluyó: “No respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias futuras no deseadas para la propia sociedad. Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, apuntó la jueza.