Luego del anuncio de Vidal, claves para entender el estado del Servicio Penitenciario Bonaerense

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (Cambiemos), y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, anunciaron en conferencia de prensa una reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que incluye desde el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para modificar el estatuto del personal vigente desde 1980 hasta una auditoría y la evaluación de todos los empleados que se encuentran en funciones.

El anuncio se dio luego de que la Gobernadora decidiera desplazar al jefe del SPB, Fernando Díaz, quien es investigado por la Justicia por administración fraudulenta. Un civil, el actual subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense Juan José Baric, será el interventor del servicio durante los próximos 90 días, anunció Ferrari.

Ante los cambios, ¿cuál es la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense?

-Cantidad de presos récord. Según datos del informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “en 2015 la provincia de Buenos Aires alcanzó la mayor población privada de libertad en su historia: 36.038 personas”. De este total, casi el 90% está alojado en cárceles, mientras que el resto se encuentra en comisarías, alcaidías o fuera del sistema carcelario pero con monitoreo electrónico.

Así, la tasa de personas privadas de la libertad en la Provincia (207 cada 100 mil habitantes en 2014, último dato disponible) es mayor a la de la Nación (162) y, según el CELS, supera los valores de países del continente con alto nivel de encarcelamiento (ver los datos por país en la base del Centro Internacional de Estudios de Prisión de la Universidad de Essex, Reino Unido). El último año la tasa bonaerense aumentó a 216 presos cada 100 mil habitantes, según el CELS.

-Hacinamiento y mayoría de detenidos sin condena. Las diferentes gestiones que hubo en la Provincia modificaron los criterios oficiales para definir el cupo carcelario y la capacidad del sistema. Si se incluyen el total de plazas que preveía  el “Plan edilicio y de servicios” presentado por el ex gobernador Daniel Scioli (Frente para la Victoria) en 2008 y las alcaidías que fueron habilitadas, el nivel de sobrepoblación en la Provincia alcanza el 87%, según el CELS.

Alberto Binder, presidente del Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), señaló en este chequeo que “el uso excesivo de la prisión preventiva” es uno de los factores que explica el hacinamiento carcelario bonaerense. De hecho, según el especialista, el porcentaje de presos sin condena firme en el SPB es desde 2010 del 60%, número que se mantiene en la actualidad según los últimos datos oficiales.

-Afuera toda la cúpula. El titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, fue separado de su cargo por la gobernadora Vidal, que además reemplazó a cinco directores y cinco subdirectores y pasó a disponibilidad y retiro a 132 oficiales superiores. Díaz fue citado a declarar y está imputado, junto con otros 37 funcionarios y ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, por administración fraudulenta en una causa que investiga el Juzgado Federal Nº 2 de Salta por irregularidades millonarias en el servicio de catering del Complejo Penitenciario Federal del NOA. Estas habrían derivado en un “régimen de hambre” para los detenidos.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, había pedido la separación de Díaz, quien ocupó el cargo de jefe de SPB entre 2005 y 2009 durante las gobernaciones de Felipe Solá (FPV) y Scioli. En ese marco, la CPM había recordado que Díaz fue “el responsable del SPB cuando ocurrió uno de los hechos más graves en las cárceles de la Provincia: la masacre de Magdalena”, que en 2005 provocó 33 muertos entre los 58 detenidos que se encontraban hacinados en el pabellón 16.

-Emergencias penitenciarias, una constante sin resultados. En enero último la Legislatura bonaerense aprobó la ley que dispuso “la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria”. Como se explicó en esta nota, esto permite que los funcionarios tengan capacidades extraordinarias para contratar servicios y comprar bienes sin pasar por los procedimientos habituales. También pueden convocar a personal retirado y definir ascensos y bajas sin control legislativo, entre otras cosas.

Sin embargo, en la Provincia esta medida ya se aplicó más de diez veces en los últimos 11 años. “Las emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense son una constante”, señaló a Chequeado Fabián Quintero, investigador de la Universidad Nacional de La Plata, antropólogo penitenciario y asesor del SPB. “En general se buscó modificar la estructura o la composición del personal, perfeccionarlo y mejorar las condiciones de vida de los internos”, añadió Quintero, hoy director provincial de Investigación y Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

La Comisión Provincial por la Memoria advierte en su informe de 2016 que “la emergencia penitenciaria fue también la fórmula en la que han insistido las distintas administraciones provinciales”, y concluye que “sólo sirvieron para no cambiar nada porque no generan ningún impacto en las condiciones estructurales que conforman el amplio e indefinido campo de las políticas de seguridad”.