Feletti y la Ley de Basura Electrónica

El miércoles pasado la Ley de Basura Electrónica perdió estado parlamentario. Fue el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti (FpV), quien no dio tratamiento al proyecto y argumentó que “no podemos ponerle a las empresas argentinas una carga enorme en términos de reciclado de basura electrónica que no tiene precedentes internacionales, obligados a importar tecnología monopólica que va a provocar daños graves en la competitividad sin estudiarlo”.

Es cierto que el proyecto de ley no es totalmente comparable con otras experiencias internacionales, pero no está claro que su implementación hubiese provocado per se la importación de tecnología y una pérdida de competitividad en los productos electrónicos, como manifestó el legislador.

Para hacer frente al incremento en el volumen de residuos electrónicos, el proyecto del senador Daniel Filmus (FpV), que según un informe de la ONG Directorio Legislativo obtuvo media sanción del Senado en mayo de 2011 y fue girado a la Comisión de Presupuesto a finales de octubre de 2012, proponía la responsabilidad extendida del productor. Esto supone que los fabricantes de un producto son responsables por todo el ciclo del mismo, es decir, desde el momento de su fabricación hasta el final de su vida útil.

En ese sentido, la propuesta disponía la creación de un Fondo Nacional de Gestión con aportes obligatorios de los productores y de otros recursos posibles, como subsidios estatales o donaciones. Este pago denominado “ecotasa” debía determinarse de acuerdo a ciertas variables, entre ellas los componentes tóxicos del producto, su facilidad para ser reciclado y su tiempo de vida útil. Pero no establecía valores específicos, lo que debía quedar para la reglamentación de la ley.

Según afirmó Consuelo Bilbao, coordinadora de la campaña de Basura Electrónica de Greenpeace, el objetivo de una ley genérica de este tipo era “brindar los fondos necesarios para establecer una infraestructura de reciclaje en la Argentina, y contribuir a la respuesta individual necesaria para incentivar a los productores a diseñar productos más reutilizables, reciclables y menos tóxicos.”

Hay quienes, como Feletti, que plantean que una normativa de estas características perjudicará a las empresas del país, al obligarlas a importar tecnología especializada y dañar su competitividad. Y que, por lo tanto, se necesita un estudio de costos para conocer sus consecuencias, que no se hizo.

Importación de tecnología

Actualmente, en la Argentina hay cinco empresas en las que se lleva a cabo el desmontaje de residuos electrónicos, y que tienen licencia para hacerlo. Se trata de Silkers, Dalafer, Defesa, Grupo Pelco y Scrap & Rezagos. Todas están orientadas al scrapping de electrodomésticos, baterías, celulares, computadoras y circuitos de diverso origen.

“En las cinco empresas recicladoras del país se utiliza tecnología nacional y los procesos son realmente simples. No se importa maquinaria, lo que se hace es la exportación de algunos residuos que hoy no se refinan en el país, como pilas y baterías, que representan aproximadamente un 10% del material reciclable”, explicó a Chequeado.com Gustavo Protomastro, especialista en residuos electrónicos y máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, España.

Competitividad

Un documento realizado en 2008 por el profesor del Instituto Internacional de Industrias de Economía Ambiental (IIIEE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Lund, Thomas Lindhqvist, analiza las posibilidades de implementar un programa REP en la Argentina. Al abordar el impacto que podría tener para las empresas, el informe señala que “como una de las consecuencias posibles de la internalización de costos en un programa REP es el aumento de los precios de los productos de marcas nuevas, la competitividad de los precios de los productos de marca en el mercado podría verse afectada.”

Lindhqvist matiza el impacto de este tipo de programas en los precios de los productos, ya que “es usual que, por razones políticas, los costos REP estimados sean muchos más altos que los costos reales”.

El informe “Análisis de casos de ‘ecodiseño’ en la industria de la iluminación en Europa”, de los investigadores ingleses Annika Gottberg y Joe Morris, entre otros, señala que los costos estimados para la industria de la iluminación en dos países europeos que no contaban con un programa REP en ese momento eran del 60% del precio del producto, mientras que los costos reales de las empresas suecas que sí contaban con un programa REP oscilaban entre el 0,5% y el 3%, es decir que eran entre 120 y 20 veces más bajo.

Protomastro consideró que no se puede afirmar de antemano los efectos de este tipo de leyes en la Argentina. “Que se afecte o no la competitividad depende de los componentes de los aparatos. Hay algunos residuos, como las computadoras, para los cuales el reciclado,  por la composición y el valor de sus materiales pueden generar ganancias a las empresas, mientras que otros, como los productos de línea blanca, pueden sufrir pérdidas por el costo de su reciclado”, diferenció el especialista.

Antecedentes internacionales

El proyecto de ley que perdió estado parlamentario el miércoles pasado contemplaba la creación de un Fondo de Gestión a través de una “ecotasa”. El Fondo, bajo la órbita de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, tenía como objetivos contratar empresas de traslado de residuos a plantas especiales (logística reversa) y pagar ciertos costos de gestión a los recicladores.

“La ley argentina es la copia de la normativa de la Unión Europea (UE), con el único cambio de que crea el monopolio estatal, cuando allá se agregan opciones privadas, como los consorcios. En la última versión se agregó la posibilidad de que una parte sea gestionada de esta manera”, recordó Protomastro.

El especialista se refiere a que el proyecto de Filmus permitía que “los productores que implementen programas individuales o colectivos de autogestión de sus residuos, tendrán una reducción, total o parcial, respecto del aporte obligatorio”.

En la región existen otros países que no tienen leyes de gestión de residuos electrónicos pero sí disposiciones específicas en otros sentidos. “Es el caso de Brasil, donde existe legislación para algunos tipos de residuos, como la luminaria, que es obligatorio reciclar”, aportó Protomastro. Y el de Colombia, donde la Resolución 1297/2010 establece que los productores de pilas “podrán establecer su propio sistema de recolección (…), en cuyo caso, la formulación, presentación e implementación del sistema es de su exclusiva responsabilidad.”

En el caso de España, el Decreto 208/2005 establece: “Para los residuos de AEE posteriores al 13 de agosto de 2005 se aplica un principio de la responsabilidad individual. Cada productor debe financiar la gestión al final de vida de los productos de los que sea responsable de su puesta en el mercado español”. Y agrega que “se exige a los productores unas garantías respecto a la financiación de los AEE que ponga en el mercado, en la forma de un seguro de reciclado o bien una cuenta bancaria bloqueada.”

De acuerdo con el estudio de Lindhqvist mencionado arriba, el sistema que se aplica en Taiwán es el que parece presentar mayor similitud con el proyecto argentino. Allí  existe un Fondo de Recursos para la Gestión de Reciclaje, a cargo de la Agencia de Protección Ambiental de Taiwán, financiado por una tarifa individual por reciclaje, limpieza y desecho, de acuerdo con la participación en el mercado.

Estados Unidos tampoco tiene una ley federal que regule este problema. Sin embargo, varios estados aprobaron sus propias normas sobre gestión de residuos electrónicos. Es el caso de Maine, donde los establecimientos que se encargan de los desechos cobran los costos de reciclaje a los productores de manera individual, y California. En este estado los productores obligan a pagar a los clientes una tasa en el momento de la compra para cubrir el reciclaje de los productos electrónicos.

Para más información sobre la legislación de cada estado estadounidense sobre este tema ingresar aquí.