A pesar de lo publicado por los medios, Brasil no pidió a Gils Carbó que la información sobre Odebrecht sea secreta

Distintos medios se hicieron eco de un comunicado del Ministerio Público Federal de Brasil sobre el caso Odebrecht y el envío de información a la Argentina. “Odebrecht: Brasil le dará los datos a Gils Carbó, pero pide que no se hagan públicos”, tituló Clarín. La Nación, en su tapa, sostuvo: “Odebrecht: Brasil pidió a Gils Carbó reserva de los datos”. Infobae eligió un titular similar: “Gils Carbó recibirá los datos de Odebrecht: desde Brasil piden que no sean públicos”, y Perfil.com habló de una “advertencia de Brasil para Gils Carbó”. Pero, pese a los titulares, ¿existió un pedido de Brasil para que la Procuración argentina no diera a conocer los datos?

El titular del Ministerio Público brasileño, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, envió una nota formal a su par argentina, Alejandra Gils Carbó, y a los de varios países, como Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en el que recordó que el próximo 1° de junio vencerá el plazo de confidencialidad entre la Procuración de Brasil y personas relacionadas con Odebrecht.

Sin embargo, el Procurador no le pidió a Gils Carbó ni a los otros procuradores que mantengan la información en secreto ni les fijó ningún tipo de restricción. Lo que dice el oficio es que Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal de Brasil que no haga pública la información sobre delitos cometidos en otros países para evitar entorpecer las investigaciones en curso, como ocurre en la Argentina con la causa que investiga las presuntas transferencias del cambista brasileño Leonardo Meirelles al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que el procurador brasileño cita para justificar su pedido al Supremo Tribunal, sostiene que el Estado requirente (el que pide la información, en este caso la Argentina) puede pedir al Estado requerido (el que aporta la información, es decir, Brasil) que no haga pública la información, según explicó a Chequeado Natalia Volosin, abogada y máster en Derecho de la Universidad de Yale. “Pero no se desprende del comunicado del procurador que se esté imponiendo el secreto a los países que solicitaron información“, señaló Volosin.