Los controles de precios como parte de un abordaje antiinflacionario

En 1951 John Kenneth Galbraith escribió su libro “A Theory of Price Control”. Hacía un año que había comenzado la guerra de Corea y él tenía mucho para aportar a la discusión del tema de los controles de precios: en 1941 había sido designado responsable de la “Oficina de Administración de Precios” de los Estados Unidos, encargada del control de precios en su país en plena guerra mundial.

En su libro, Galbraith analiza los controles de precios en el contexto del empleo pleno de los recursos del país, humanos y materiales. Considera dos escenarios, a los que llama “movilización total” (aplicable a la II Guerra Mundial) y “movilización limitada” (aplicable a su criterio a una guerra como la de Corea y también a tiempos  de paz).

El libro se reeditó en 1980, al final de una década marcada por la guerra de Vietnam y las dos crisis del petróleo, porque el tema de los controles de precios había vuelto a ser relevante.

Galbraith sostiene que cuando se trata de utilizar plenamente los recursos existentes, en especial el trabajo, en una situación de movilización limitada, los controles de precios son necesarios y convenientes, pero son un adjunto a medidas fiscales y monetarias que deben aproximar un estado de equilibrio entre la oferta y la demanda. La función de los controles es impedir la interacción entre precios y salarios, de modo de evitar la retroalimentación entre ambos. Se trata entonces de una situación de equilibrio suplementado por controles, y no de desequilibrio sostenido por controles.

La política seguida por los Estados Unidos en la guerra de Corea comenzó con un congelamiento de precios en enero de 1951 que redujo la inflación del 11,1% al 2,1% anual. Las medidas monetarias fueron coherentes y mantuvieron baja la inflación posterior, que en octubre de 1953 fue del 2,6% anual. El empleo no se resintió.

La mecánica de los controles es explicada sintéticamente por JKG como sigue: en mercados competitivos debe reforzarse el control con medidas de racionamiento, mientras que en mercados concentrados es suficiente con el control, porque las grandes empresas tienen poder sobre las cantidades. Los subsidios pueden ser utilizados en productos cuyo precio no se puede controlar, por razones políticas por ejemplo.

Al mismo tiempo, como los controles implican una postergación de parte del consumo que tendría lugar a esos precios, se necesita que el público confíe en que más adelante podrá consumir lo que ahora posterga.

A la luz de lo dicho hasta aquí, resulta muy interesante considerar el caso del congelamiento de precios en Israel en 1985:

Mientras que el déficit fiscal anual en Israel entre el comienzo de la década del 70 y el año 1985 osciló literalmente  entre el 10% y el 22% del PBI, la inflación aumentó gradual y sostenidamente desde el 20% anual hasta el 370% anual. Las causas de la inflación fueron la interacción del déficit fiscal con el déficit del sector externo, la indexación de salarios, los shocks externos de precios de alimentos y petróleo, los depósitos “dollar linked”, además de otras medidas tomadas por el gobierno, en particular las devaluaciones (incluyendo una “tablita cambiaria” al 5% anual), cortes a los subsidios, subas de impuestos indirectos, e incluso una dolarización abortada en 1983 por una filtración a la prensa.

Esta situación de aumento de la inflación debida a la interacción del déficit fiscal con el déficit comercial se parece a lo vivido en Brasil entre 1982 y 1984, y en México entre 1981 y 1984. En Brasil el déficit fiscal bajó del 8% al 3% del PBI, mientras que la inflación subió de 93% a 211%. En México el déficit fiscal bajó de 10% al 2% del PBI, y la inflación subió del 27% al 62%. La economía israelí había perdido en 1985 su ancla nominal. Intentos gradualistas de frenar la inflación la habían acelerado. El plan israelí de 1985 se planteó el objetivo de bajar la inflación del 15/20% mensual a cero, a la vez que obtener una mejoría en el balance de pagos, con la esperanza de sentar así bases para el crecimiento futuro. Tuvo éxito.

El plazo del plan fue de un año. El congelamiento fue de precios y salarios, y fue acompañado por  una devaluación compensada, préstamos externos de gran magnitud y una reducción del déficit fiscal del 18% al 10% del PBI. Este plan tuvo varias anclas nominales, y contó con el apoyo de los sindicatos.

Frente a estos congelamientos exitosos se pueden mencionar otros que no lo fueron, o que duraron poco, como el Plan Cruzado (Brasil 1986) o el mismo Plan Austral, que si bien estuvo bien diseñado no contó con el apoyo de los sindicatos, y además enfrentó una evasión fiscal rampante: Recordemos que el Impuesto a las Ganancias (con tasas marginales de hasta el 45%) representaba no más del 5% de la recaudación fiscal.

Finalmente, para seguir ejemplificando que el congelamiento de precios debe ser parte de un todo articulado con la política monetaria y fiscal, se puede citar el caso de Suecia, que tuvo en vigencia sistemas de control de precios entre 1970 y 1987, incluyendo congelamientos anuales en 1970 y 1971, y bimestrales en 1977, 1980,  1981, 1982 y 1983.

En Suecia en este período los sistemas de control de precios institucionalizaron la negociación permanente de los precios entre las empresas y el gobierno. A partir de 1977 recrudecieron los controles, e inclusive, dado que los aumentos de salarios obtenidos en paritarias se trasladaban a precios, se utilizaron congelamientos para inducir menores pedidos de aumento de salarios. Pero estas políticas estuvieron acompañadas por un aumento del déficit fiscal a partir de 1978, y la inflación anual subió del 10% al 14%, a pesar de los congelamientos. Su posterior reducción en la década del 80 se debió a la caída de los precios del petróleo.

Los casos reseñados ilustran que para que los congelamientos y controles de precios puedan contribuir a reducir sustancialmente la inflación sin tanto costo en materia de empleo, deben estar acompañados por medidas macro fiscales y monetarias de modo de configurar lo que John K. Galbraith llamó equilibrio suplementado por controles, y no desequilibrio sostenido por controles.

*Economista UBA y master en Administración Pública de la Universidad de Harvard.