Ricardo Casal: “En un año el delito con armas creció el 22% en la Provincia de Buenos Aires”

“En 2012, en comparación con el año anterior, este delito (robo con mano armada) creció un 22% en la Provincia de Buenos Aires”, advirtió el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, en una entrevista en La Nación. El funcionario defendió luego la media sanción de la ley para limitar las excarcelaciones en caso de tenencia ilegal de armas.

El dato mencionado por el Ministro es correcto según datos oficiales. Sin embargo, existen cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos al proyecto de ley que se plantea como solución al problema. Tal es así que la primera versión de la ley tuvo que ser reformulada luego de que la Suprema Corte bonaerense la declarara inconstitucional.

Según el informe anual del Ministerio de Seguridad provincial, en 2012 hubo 50 mil Investigaciones Penales Provisorias (IPP) por robos con mano armada, mientras que en 2011 habían sido 41 mil. Es decir que este delito aumentó un 22%, como mencionó Casal. “Esto significa que casi el 40% de los robos son cometidos utilizando una o más armas de fuego”, agrega el documento.

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El robo no es el único delito en el cual se emplean armas. Se le suman, por ejemplo, los homicidios dolosos cometidos por medio de armas de fuego. En el último año, estos aumentaron un 10 por ciento. En lo que respecta a los motivos del homicidio, el informe destaca que “casi en el 50% deriva de conflictos familiares, vecinales o de trabajo”.

Los homicidios en delitos vinculados a la seguridad ciudadana, como los robos, representan un 15% del total. En estos casos la utilización de armas de fuego está presente en 7 de cada 10 hechos.

La ley que promueve el Ministro para enfrentar el problema, sin embargo, enfrenta cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones que impulsan el desarme.  

El año pasado, el Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que limitaba las excarcelaciones en los casos de tenencia o portación ilegal de armas de cualquier calibre “cuando el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”.

Ese proyecto se aprobó en ambas Cámaras y luego fue suspendido por la Suprema Corte bonaerense, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otras instituciones.

“Ante la persistencia de los problemas, se propone una nueva ley que tampoco impactará sobre el mercado ilegal de armas ni reducirá la violencia. Es falso que esta medida sea la solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego. (…) Para dar respuesta a las graves fallas en materia de seguridad e investigación criminal, no se requiere más encarcelamiento preventivo, sino avanzar en reformas institucionales y voluntad política de atacar los verdaderos problemas”, expresaron en un comunicado distintas organizaciones de derechos humanos y a favor del desarme.

El gobernador Daniel Scioli presentó una modificación al proyecto sobre excarcelaciones, incluida dentro de una serie de medidas denominadas de “pacificación”. El nuevo proyecto obtuvo la semana pasada media sanción en la Cámara de Senadores provincial.

Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, consideró que las modificaciones tuvieron en cuenta algunos cuestionamientos realizados por las organizaciones. “No obstante esto, el planteo general respecto a la profundización del uso de la prisión preventiva como regla durante el proceso, la delegación de márgenes discrecionales en cuanto al accionar policial y el impacto en el sistema carcelario, siguen vigentes en este proyecto”, concluyó.

Otro de los proyectos que incluye el paquete impulsado por el Gobierno provincial se refiere a la creación de un Régimen Provincial de Armas de Fuego. El CELS analizó la propuesta y consideró como positivo que el Estado se proponga intervenir en los circuitos de producción, circulación y tenencias de armas.

En el mismo documento también se señalan críticas y límites del proyecto. En primer lugar, el organismo ubica la falta de “una política integral sobre la violencia armada”. Otras cuestiones señaladas son la duplicación de registros, lo que vuelve los trámites más burocráticos, y la omisión del control sobre las armas de la propia fuerza.