Las denuncias que hizo Boudou al inicio de la causa Ciccone

En abril de 2012, luego de que la Justicia allanara su departamento de Puerto Madero en el marco de la causa “Ciccone”, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, realizó una conferencia de prensa en la que denunció a abogados y empresarios por supuesto tráfico de influencias. Posteriormente, radicó esas denuncias ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña. ¿Qué desenlace tuvieron esas denuncias?

Acusaciones contra el estudio Righi

En su presentación ante la Cámara Federal, el Vicepresidente denunció a cinco personas: María José Labat, Ana María García, Fabián Musso, Adelmo Gabbi y Antonio Tabanelli.

Los primeros tres son abogados que integran el estudio García, Labat, Musso, Righi, fundado por Esteban Righi, quien al momento de la denuncia se desempeñaba como procurador General de la Nación. García es la esposa de Righi, Labat es la esposa de Guillermo Montenegro, ex juez federal y actual Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y Federico Righi es hijo del ex procurador.

En el escrito, Boudou explicó que Labat, García y Musso lo visitaron en su despacho cuando se desempeñaba como director ejecutivo de la ANSES. Los abogados, cuenta el Vicepresidente en su denuncia, “le hicieron saber que como él era muy nuevo y para entender cómo funcionaba el sistema (…) debía contratar los servicios profesionales de los nombrados, aduciéndole éstos tener buen lobby en la mayoría de los juzgados y fiscalías federales”. Boudou dijo que contestó que no creía encontrarse comprendido en ninguna de esas hipótesis.

El encuentro se repitió un año más tarde. Según Boudou, “las relaciones cercanas de dichos letrados con ciertos funcionarios judiciales y los acontecimientos acaecidos en la causa ‘Ciccone-Boldt’” guardaban una relación.

Esta acción, de comprobarse, hubiera configurado el delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 256 del Código Penal, con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.

En su descargo, los denunciados reconocieron la existencia de la primera reunión, aunque aclararon que García no estuvo presente y que Labat era colaboradora de la ANSES y conocía personalmente a Boudou por la amistad del Vicepresidente con Montenegro. Explicaron que Labat fue convocada por Boudou, quien expuso “sus temores por las consecuencias que su función podría acarrearle”, aunque luego fue designado Ministro de Economía y “todo quedó en la nada”. Respecto de la segunda reunión, los denunciados aseguraron que también había sido convocada por el Ministro.

Tras los descargos de los imputados, el fiscal federal Jorge Di Lello, quien impulsaba la investigación, solicitó al juez federal Ariel Lijo el sobreseimiento de todos “en virtud de que los hechos investigados no encuadran en una figura legal”. Agregó en su dictamen que no se acreditó el ofrecimiento de influencias sobre el Poder Judicial denunciado por Boudou.

Lijo interpretó “que se agotó la investigación y no existen otras medidas que permitan reconstruir el hecho”, y resolvió sobreseer a los imputados.

La denuncia a Gabbi y a Tabanelli

La otra denuncia de Boudou involucró a Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y a Antonio Tabanelli, dueño de la imprenta Boldt. Según Boudou, Gabbi lo visitó en su despacho en marzo de 2011 y le advirtió que “la gente de Boldt lo iba a destruir (…) si no los ayudaba a mantener la planta de Ciccone y a concretar el negocio de impresión de billetes que tenían arreglado”.

Gabbi, cuenta el Vicepresidente, ofreció interceder y manifestó que “sólo hacía falta ponerle un número” al acompañamiento de Boudou. El encuentro se repitió ocho días después. En su descargo, Gabbi respondió que en las reuniones con el Ministro sólo se trataron temas relacionadas con su actividad, como las tratativas con el Club de París.

En este caso, el fiscal Di Lello también solicitó el sobreseimiento, argumentando que “tampoco se ha podido determinar que haya existido un ofrecimiento concreto de dinero por parte del implicado”, ni que Gabbi “hubiere operado por cuenta de algún tercero con interés en influir sobre el entonces ministro”.

Con los mismo argumentos que utilizó en el caso de los abogados del estudio Righi, el juez Lijo resolvió el sobreseimiento de Gabbi y Tabanelli.

Recusación, apartamiento y renuncia

En su conferencia de prensa, Boudou también cuestionó al fiscal Rívolo y al juez federal Daniel Rafecas, ambos a cargo de la causa hasta ese momento, por filtrar a la prensa información de la causa, entre otras razones. “Pareciera que el Juzgado donde está tramitando la causa es una verdadera agencia de noticias”, dijo el Vicepresidente.

La defensa de José María Núñez Carmona (socio de Boudou, según el auto de procesamiento dictado por Lijo el 27 de junio contra el Vicepresidente) planteó la recusación de Rafecas, rechazada en primera instancia por el propio juez, aunque luego aceptada por la Cámara Federal. La causa fue derivada al juzgado de Lijo, que declaró la conexidad de dos causas que involucraban entonces a Boudou: el llamado caso “Ciccone” y una causa por enriquecimiento ilícito. Al unificar los expedientes, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Di Lello y Rívolo quedó al margen de la investigación.

Tras las críticas del Vicepresidente y la posterior denuncia penal contra los abogados de su estudio, el procurador Righi dejó su cargo como jefe en el Ministerio Público Fiscal, al que había llegado en 2004. En su carta de renuncia justificó su declinación en que “ya no podría obrar con la serenidad espiritual apropiada para servir cabalmente al interés público”. Explicó que su deber era “no polemizar con relación a hechos que son del dominio público” y agregó que en la Justicia “se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones” con las que se lo había “agraviado”.