Una revisión a los datos de Educación en los spots oficiales

“Festejemos” se titula uno de los spots oficiales que el programa Fútbol para Todos transmite durante los entretiempos de los partidos del Mundial Brasil 2014. En él, un relator enumera supuestos logros del Gobierno nacional que se ven plasmados en frases en la pantalla mientras una chica celebra su graduación junto con su familia y amigos. Un chequeo a sus afirmaciones.

– “9 universidades nuevas” / “Por primera vez todas las provincias tienen una universidad pública”.

VERDADERO, PERO…

Desde 2003 hasta la actualidad, el Ministerio de Educación de la Nación aprobó el funcionamiento de nueve universidades nacionales, y destinó asignaciones presupuestarias -sobre todo a partir de los últimos años- para que éstas pudieran funcionar.

Las nuevas instituciones se ubican en las provincias de Buenos Aires (5), Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis y Chaco, como se puede ver en la nómina publicada por el Departamento de Información Universitaria (DIU), que también depende de la cartera a cargo del ministro de Educación, Alberto Sileoni.

Tres de ellas eran jurisdicciones que no contaban con universidades nacionales dentro de su territorio (ver datos). Se trata de los casos de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) y la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

Chequeado pudo comprobar que, según información del Ministerio, la frase es correcta. Sin embargo, el logro difundido se basa en que la simple apertura de nuevas instituciones universitarias es sinónimo de una mejor política educativa, cuando conviene tener en cuenta otros factores para medir los avances en la oferta de educación superior, como la mejora de la calidad del sistema y el diseño de una estrategia territorial. Campos en los que, según la opinión de los especialistas, la Argentina se encuentra retrasada.

Las universidades que se inauguraron en el Conurbano fueron en municipios “con estados de desarrollo económico y de consolidación urbana aún incipientes, en los cuales los estudiantes atravesaban las dificultades de acceso a la educación superior en su vinculación con la imposibilidad de superar la barrera económica que significaba el desplazamiento a los centros tradicionales universitarios”, indica Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, de Florencia Varela, una de las cinco universidades que se abrieron en la Provincia.

Entre los cambios generados, las instituciones creadas incorporaron a estudiantes de familias que nunca habían tenido acceso a la universidad y, además, provocaron un “amesetamiento” de la matrícula privada, que creció fuertemente entre 2001 y 2010 (último año con información disponible del Ministerio) (ver este chequeo).

Sin embargo, en la Argentina no hay un observatorio de graduados que permita conocer los cambios impulsados por el Gobierno nacional sobre la calidad y empleabilidad de los graduados universitarios, ya sea de las universidades ya existentes como de las nuevas.

“La política actual, en cuanto a la acreditación de carreras y el financiamiento del sector universitario parte del supuesto de que aquellos que han diseñado estos instrumentos conocen la relación óptima entre insumos, procesos y productos universitarios. Pero este supuesto no puede ser defendido a menos que sea corroborado con indicadores de resultados”, destacó Julieta Claverie, investigadora del área Educación Superior del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Y sostuvo que, en la actualidad, no hay “información precisa sobre el nivel de conocimientos y habilidades que alcanzan los estudiantes avanzados o los graduados ni tampoco respecto de su inserción laboral, es decir, datos de empleabilidad y de extensión, e impacto regional de las acciones de las universidades”.

“Ello es central para la mejora de la efectividad de los procedimientos de inclusión educativa, aseguramiento de la calidad y de los instrumentos de financiamiento que los acompañan”, agregó.

Datos de la base SEDLAC, del Banco Mundial y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata muestran que aquellos que terminan la universidad tienen tasas mucho más bajas de desocupación y menor probabilidad de desempeñarse en el sector informal o en condiciones precarias (sin aportes previsionales) que los graduados de nivel medio.

Claverie ponderó “la política en educación superior” ya que “contribuyó especialmente con la mejora de la inclusión de alumnos, los insumos de las carreras y las unidades académicas, en particular con la creación de las nuevas universidades. También se impulsaron acciones a fin de mejorar los indicadores de retención y graduación de los estudiantes, como la puesta en marcha de sistemas de becas y tutorías, pero con resultados inciertos por el momento por falta de datos”.

El sistema universitario argentino está actualmente conformado por 47 universidades nacionales, de las cuales 17 fueron creadas por ley durante la década del 70; cuatro en los ‘80; siete en los ‘90 y once desde el año 2000 en adelante (ver datos). La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), ubicada en Junín, y la Universidad Nacional de Chilecito (La Rioja), fueron creadas con decretos sancionados por el ex presidente Eduardo Duhalde.

En el spot, el Gobierno nacional cuenta exclusivamente las nueve universidades cuyas leyes de creación fueron sancionadas luego de la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003.

Desde la sanción de la Ley de Educación Superior, en 1995, la creación de universidades nacionales, tanto públicas como privadas, debe atravesar varios procesos administrativos. En el caso de las estatales, tras la aprobación de una ley en el Congreso y un decreto presidencial que designe al rector organizador, la universidad debe contar con la autorización del Ministerio para su estatuto, oferta académica, proyecto institucional y asignaciones presupuestarias, previa sugerencia de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

– “Se triplicó la inversión en Educación”.

EXAGERADO

El spot no detalla qué indicador se toma para la afirmación, ni cuál es el año base para la comparación.

Una de las formas posibles para calcular la inversión en Educación es el presupuesto que se destina a dicha área. Entre 2003, cuando el kirchnerismo llegó al Gobierno, y 2013, el presupuesto del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología (que en un principio estaban juntos) aumentó 140% en términos reales; es decir, más que se duplicó (ver datos).

Esto surge de las leyes de presupuesto de cada año, y de utilizar, para el cálculo en términos reales, la variación del Índice de Precios al Consumidor que elabora el Centro CIFRA de la CTA con la información de nueve direcciones de estadísticas provinciales (IPC 9 Provincias).

Como en el mismo período el Presupuesto nacional también creció, la participación de estos Ministerios aumentó, aunque no de la misma forma. En 2003, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tenía asignado un 5% del total de los créditos, y en 2013 los Ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tuvieron asignados un 5,5% y un 0,7%, respectivamente.

Otro dato que se suele tomar para ver cuánto dinero fue a Educación es el porcentaje destinado al área en relación con el PBI. La lectura de la información de inversión consolidada que incluye los gastos de la Nación y las provincias muestra que en 2003 se destinó menos del 4% del Producto: 3,77% a Educación y 3,97%, si se cuentan además Ciencia y Tecnología. Esta fue la proporción más baja desde principios de los años ‘90.

La serie del PBI se actualizó este año, y pasó a tener como base 2004 en lugar de 1993. Así, para 2012 (último dato disponible), existe una diferencia entre tomar la proporción con el nuevo cálculo, o con el previo, aunque en ninguno de los dos casos se triplicó el dinero para el área. Con el PBI más actual, en 2012 se destinó solo a Educación un 5,32%, es decir, un 41% de aumento con respecto al 3,77% de 2003.

En cambio, con el cálculo de base 1993, el número que utiliza en general el oficialismo, se alcanza el 6,75% del Producto (80% de incremento). Esto sucede porque el cálculo del PBI con base en 2004 dio como resultado un Producto mayor que el que se estimaba previamente.

Hay que recordar que en 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que estableció metas progresivas para el aumento de los recursos destinados al área, que debía alcanzar el 6% del PBI en 2010. Existe un debate y no está claro entre los expertos qué medición de PBI se debe considerar a la hora de afirmar si se cumplieron o no las metas de la ley. Con el nuevo PBI, no se llegó al 6%, aunque sí hubo un aumento en las proporciones planteadas en la norma (ver este chequeo).