Qué hace y qué podría hacer el Estado para garantizar los derechos de las víctimas de abuso sexual infantil

Durante su discurso ante el Congreso, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se refirió a las “miles de niñas víctimas de abuso sexual” y señaló que “las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarles sus derechos”.

Sin embargo, los últimos casos que tuvieron repercusión mediática, como el de la niña de 11 años en Tucumán a quien se le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo, y un caso similar que ocurrió hace algunos meses en Jujuy, ponen en duda la presencia del Estado como garante de estos derechos.

Se han logrado algunos avances durante la gestión de Cambiemos. En cuanto al abuso sexual infantil, el Poder Legislativo Nacional sancionó y el Ejecutivo promulgó en 2018 la Ley 27.455 de modificación del Código Penal, que transforma al abuso sexual infantil en un delito de acción pública. Esto quiere decir que el Estado ahora puede actuar de oficio y que la denuncia no queda sólo en manos de la víctima o su familia.

Además, el Gobierno lanzó en 2017 el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, en cuyo marco se realizó en noviembre de 2018 una jornada sobre el tema y se publicó el documento: “Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Lineamientos para su abordaje interinstitucional”, con recomendaciones sobre cómo actuar en estos casos. Además, se planea una estrategia para presentar en las provincias el documento en 2019, según se puede ver en su informe de gestión.

Sin embargo, la plena implementación de Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en el nivel inicial y primario es una deuda. En el primer trimestre de 2018 se capacitó a 2264 docentes, cuando la meta era capacitar a 2000 en todo el año.Pero este número, aunque haya superado la meta, es muy bajo porque representa un 0,23% de los docentes del país, tomando los datos del Censo Nacional del Personal de los Establecimientos Educativos de 2014.

Tampoco se establecieron a nivel nacional protocolos de denuncia ante situaciones de abuso y violencia basada en género para las escuelas.

Finalmente, si bien a nivel nacional existe el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, este no tiene carácter de Resolución ministerial y aún falta que desde el Poder Ejecutivo Nacional se trabaje junto a las provincias en la implementación, de manera que efectivamente niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual que cursen un embarazo puedan acceder a la interrupción de acuerdo con lo que establece la ley.