Los servicios de inteligencia, sin control del Congreso durante el kirchnerismo y el macrismo

Se reunió hoy la Comisión Bicameral de control de las actividades de inteligencia, que entre otros temas analizó la información remitida por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa en la que se investiga a Marcelo D’Alessio por asociación ilícita y extorsión y en la que está imputado el fiscal federal porteño Carlos Stornelli, que investiga la llamada causa de los “cuadernos de la corrupción”. Este organismo actúa en un marco de absoluto secretismo y es el único con poder de control sobre los fondos de Inteligencia, que este año crecerán por encima de la inflación como ocurrió durante los últimos años del kirchnerismo.

De acuerdo con el Presupuesto 2019, la función Inteligencia recibirá a lo largo del año $7.603 millones. Esto significa un aumento del 7,1% en términos reales, considerando la inflación estimada por el Ministerio de Hacienda. Esto no abarca sólo el dinero que el presupuesto asigna a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya que incluye también los fondos de Inteligencia en manos de los ministerios de Defensa y Seguridad, que se distribuyen entre las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad.

Este aumento se produce en un contexto de recorte general (de acuerdo con el presupuesto, todas las carteras perderán en términos reales respecto a la inflación), aunque la suba es menor a la que hubo en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando esta función había aumentado un 19% en términos reales.

Dentro de todo el presupuesto asignado a Inteligencia, la AFI es el organismo que más recibe (ver datos). En 2019 contará con $2.697 millones, un 34% más que en 2018. Durante la Presidencia de Mauricio Macri, los fondos de la AFI no aumentaron. En 2016 y 2018 registraron una caída superior al 15% en términos reales, mientras que en 2017 evolucionaron en la misma proporción que los precios, al igual que ocurriría este año. En 2015, cuando Oscar Parrilli estaba a cargo, en cambio, habían crecido un 46% en términos reales.

Si bien se conocen los montos totales que asigna el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en cada presupuesto, por un decreto de 2016 del presidente Macri es imposible saber en qué gastan específicamente los organismos de inteligencia sus partidas. Históricamente, los gastos de inteligencia fueron secretos, ya que se consideraba que todo gasto de este tipo era parte de las tareas de Inteligencia.

En 2015, diez años después de que el Estado argentino asumiera su responsabilidad por la denegación de Justicia en la causa AMIA y se comprometiera a transparentar los fondos de Inteligencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Fernández de Kirchner reglamentó una nueva ley aprobada por el Congreso y estableció una política más abierta respecto de la información de estos fondos de inteligencia de los ministerios y de la AFI (que ese año suplantó a la ex SIDE), en medio de un enfrentamiento del Poder Ejecutivo con un sector de la ex SIDE.

Esa norma distinguió entre fondos públicos y “reservados”, es decir los vinculados directamente con tareas de Inteligencia. Además, estableció que los únicos empleados con restricción de identidad eran los que cumplen tareas operativas, es decir, los agentes de inteligencia y no todos los empleados del organismo.

Este decreto, sin embargo, nunca llegó a aplicarse. “No pudimos saber el detalle de los fondos públicos ni el organigrama del personal, y otras disposiciones que debían formar parte de la información accesible”, explicó a Chequeado Valeria Calaon Moscova, coordinadora del Sector Inteligencia del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), y concluyó: “Ni siquiera pudimos saber si la Comisión solicitó esa información a la agencia”.

En 2016, en el primer año de la Presidencia de Macri, esa norma se derogó y se volvió al estado de opacidad total anterior. El nuevo régimen estableció que todo el personal de la AFI es considerado personal de inteligencia. “Esto supone que aun quienes prestan servicios de apoyo, como limpieza o administración, sean considerados ‘agentes de inteligencia’”, señaló tras el dictado de esta norma un grupo de organizaciones de la sociedad civil agrupados en la Iniciativa Ciudadana para el Control de las Actividades de Inteligencia (Iccsi). También se volvió a disponer que todos los fondos de inteligencia sean reservados, por lo que no se puede saber en qué se gasta el dinero.

Por esto, tiene más relevancia la tarea de la Comisión Bicameral. Sin embargo, este organismo no lleva registro de la cantidad de reuniones que realiza, y las actas de sus reuniones son secretas. “Realizamos distintos pedidos de acceso a la información para conocer la cantidad de reuniones de la Comisión y si se elaboraron los informes de debe elevar al Poder Ejecutivo y al Congreso, pero la respuesta siempre fue que la Comisión está amparada por el mismo secretismo que la AFI”, señaló a Chequeado Sidonie Porterie, vicepresidenta del ILSED.

“Sabemos que ha habido en el último tiempo algunas reuniones, pero en todos los casos fue para la constitución de la Comisión, la designación de autoridades o ante algún escándalo público que involucra al espionaje. No hay constancia de que la Comisión realice las reuniones necesarias para cumplir con las funciones que la ley le da. No creemos que desde allí se ejerza ningún tipo de control”, agregó la especialista.

La Ley de Inteligencia Nacional, sancionada en 2001 y modificada en 2015, durante los últimos días del gobierno de Fernando De la Rúa, creó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en el ámbito del Congreso de la Nación. Según la norma, la Comisión, que actualmente preside el senador radical Juan Carlos Marino e integran otros 14 diputados y senadores, tiene “amplias facultades para controlar e investigar de oficio” y los organismos de inteligencia deben “suministrar la información o documentación que la Comisión solicite”.

La Comisión, que entre 2001 y 2014 estuvo presidida por el Partido Justicialista y hasta 2015 tuvo entre sus integrantes a la actual subdirectora de la AFI, la ex diputada nacional del PRO Silvia Majdalani, tiene muchas funciones que le asigna la ley: analizar el Plan de Inteligencia Nacional y el informe anual de actividades de Inteligencia, la elaboración de un informe secreto que debe ser elevado al Ejecutivo y al Congreso y otras tareas de control. Pero el que quizás es el rol más destacado es el que le asigna el artículo 37: el de supervisión y control de los “gastos reservados” de inteligencia, que siguen siendo todos los gastos de los organismos dedicados a esta tarea.