Claves para entender la ley de responsabilidad empresarial anunciada por Macri

Durante su discurso en la apertura de sesiones del Congreso, el presidente, Mauricio Macri, dedicó unas palabras al tema de persecución de la corrupción en el sector privado.

“La ética y la transparencia no es sólo una obligación del sector público sino que compromete también al sector privado”, dijo Macri. “Por eso, siguiendo los más altos estándares internacionales, pido al Congreso que debata y sancione la Ley de Responsabilidad Empresaria en casos de corrupción”.

El proyecto de ley al que se refiere el Presidente es una propuesta elaborada por la Oficina Anticorrupción y presentada por el Poder Ejecutivo Nacional. ante la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2016 con la firma de Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Marcos Peña, jefe de Gabinete. Según el portal de la Cámara Baja, el proyecto se encuentra actualmente en proceso de revisión por las Comisiones de Legislación Penal y Legislación General.

Claves del proyecto de ley

– Objetivo: Según el documento presentado, el objetivo de la ley es “dotar de mayor eficiencia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública”.

– Personas jurídicas abarcadas: sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras.

– Sanciones: entre las sanciones previstas, se prevén multas de entre el 1% y el 20% de los ingresos brutos anuales de la persona condenada, suspensión total o parcial de actividades por un máximo de 10 años, pérdida o suspensión de beneficios o subsidios estatales, y hasta la cancelación de la personería jurídica.

– “Acuerdo de Colaboración Eficaz”: este recurso le da la posibilidad a una persona jurídica de aportar información o datos “precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”, a cambio de la suspensión de la persecución penal.

– Programa de integridad: la ley incentiva a que las personas jurídicas implementen un programa de control interno, que contenga elementos como un código de ética, reglas y procedimientos para prevenir ilícitos, capacitaciones periódicas, y un sistema de investigación interna.

– Producto de las multas: lo que se recaude será distribuido en partes iguales entre el Ministerio de Educación y Deportes, y el Ministerio de Salud de la Nación.

Estándares internacionales

La ley cumple con las recomendaciones presentadas en la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la primera herramienta enfocada en la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de oferta de sobornos. Cumplir con estas recomendaciones es un requisito de la OCDE para países miembros, un grupo al que el gobierno de Macri está buscando pertenecer.

La Argentina firmó la convención en 1997 y la ratificó en el 2001. En 1999, se implementó la Ley de Ética de la Función Pública con el fin de cumplir con las recomendaciones de la Convención de la OCDE.

A pesar de la implementación de la Ley de Ética, el grupo de trabajo de la OCDE que monitorea el cumplimiento de las disposiciones de la Convención ha expresado en numerosas instancias su preocupación por la falta de una agenda anticorrupción en la Argentina. En un comunicado publicado en abril de 2016, el grupo declaró que por los últimos 15 años el grupo “ha recomendado que Argentina cambie sus leyes para responsabilizar a compañías sujetas a corrupción” y que “fortalezca la independencia judicial y procesal”.

“El paquete de reformas legislativas y el plan de Justicia 2020 anunciado por el Presidente Macri tiene el potencial de implementar las recomendaciones del grupo de trabajo que han estado pendientes por la última década”, dijo Drago Kos, director del Grupo de Trabajo de la OCDE.