Qué candidatos presidenciales están obligados a presentar sus declaraciones juradas

“Que por favor, todos los que sean candidatos a presidentes o presidentas de la República Argentina, puedan exhibir sus declaraciones juradas de los últimos 15 o 20 años y explicarnos cómo viven, de qué viven. Porque, realmente, creo que eso contribuiría a la transparencia que tanto se proclama desde muchos lados y que tampoco se cumple”, pidió la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en cadena nacional, al retomar una crítica hecha antes por el precandidato presidencial y ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

Varios de los candidatos tienen sus declaraciones publicadas, aunque hay excepciones.

•    Los funcionarios del Poder Ejecutivo deben presentar sus declaraciones a la Oficina Anticorrupción (OA) que luego las hace públicas.

Todos los precandidatos que están hoy en el Ejecutivo deben presentar sus declaraciones juradas anualmente. Éstas incluyen los bienes que tiene el funcionario, sus participaciones en empresas, deudas, cuentas bancarias y fondos en efectivo.

La información que era pública antes de mayo de 2013 tenía mayor nivel de detalle, pero a partir de entonces, con la sanción de la ley 26.857, se restringió. Ya no se puede acceder, por ejemplo, a los ingresos que tiene por otras actividades o bienes del cónyuge del funcionario, que pasaron a estar en un anexo reservado.

“Lo poco que queda para analizar posibles conflictos de interés son las participaciones en sociedades o las deudas que tienen”, señaló el diputado nacional por la UCR, Manuel Garrido, quien estuvo a cargo de las investigaciones de la OA entre 1999 y 2002, y luego dirigió la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Cabe aclarar que más allá de las presentaciones formales, la Oficina Anticorrupción tiene, según su decreto de creación, la competencia para “evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función”.

Pero la comisión que la Ley de Ética Pública, sancionada en 1999, exigía para asegurar el seguimiento de la implementación de la ley, y por lo tanto de las declaraciones juradas, nunca se constituyó. “Hoy no se hace control de las declaraciones que se entregan para identificar conflictos de interés o enriquecimiento ilícito”, señaló Álvaro Herrero, ex director de la Asociación por los Derechos Civil, y actualmente en el equipo de Sergio Massa.

A favor del nuevo sistema, las declaraciones son hoy accesibles por Internet; antes había que ir a buscarlas personalmente.

Este régimen obliga a los precandidatos miembros del poder ejecutivo Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Agustín Rossi, entre otros, a presentar sus declaraciones juradas.

Para saber más sobre los contenidos de las declaraciones ver: “Declaraciones, bienes e inversiones del gabinete nacional”.

•    Los diputados y senadores están alcanzados por la misma norma que los miembros del Ejecutivo.

La ley que modificó el sistema de presentación de declaraciones juradas para los miembros del Ejecutivo lo hizo también para los diputados y senadores. Estos deben regirse ahora por el mismo sistema y presentar la información con el mismo nivel de detalle que los funcionarios del gabinete.

Antes de esto, la entrega y publicación estaba en manos de las propias Cámaras legislativas. El resultado era que el acceso de las declaraciones dependía de las diferentes gestiones de cada Cámara, sin asegurar un acceso fácil y sistemático.

Entre los legisladores que se perfilan como candidatos, y que presentaron su declaración, se encuentran: Hermes Binner, Elisa Carrió, Julio Cobos, Julián Domínguez, Sergio Massa, Ernesto Sanz y Pino Solanas, entre otros.

Para más información sobre los contenidos de las declaraciones ver: “El patrimonio de los legisladores que aspiran a la Presidencia”.

•    Los gobernadores: depende de cada caso

La presentación de las declaraciones de los gobernadores dependen de las leyes provinciales, y la situación varía mucho (acá puede verse un mapa con la situación por provincia elaborado por la ACIJ).

La declaración jurada de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no es accesible. Aunque Scioli declara haberla entregado, ésta no es pública, ya que la Provincia no cuenta con una ley que lo obligue a publicitar su patrimonio en forma abierta. La Escribanía General de Gobierno sólo puede mostrar la declaración si la persona demuestra un interés legítimo o interés público, algo que contradice el principio de libre acceso a la información que tiene todo ciudadano de acuerdo con la Constitución nacional.

El gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, en cambio, hace pública su declaración, la cual está disponible en línea, según la ley provincial. Es lo contrario de lo que ocurre en Entre Ríos, donde gobierna Sergio Urribarri. Ahí la normativa provincial establece que la declaración jurada es secreta, se entrega en un sobre lacrado que sólo se podrá abrir en el caso de una investigación por enriquecimiento ilícito, por pedido del firmante o sus sucesores o por pedido de un juez. Se presentó hace algunos años un proyecto de ley de Ética Pública para cambiar esta situación, pero por el momento no fue aprobado.

En Salta, la ley obliga a hacer pública su declaración. Varias de las presentaciones de Juan Manuel Urtubey pueden encontrarse en el sitio de Salta Transparente y medios provinciales las han publicado.

En el caso del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, su declaración es pública, y la autoridad de control es la Escribanía General de la Ciudad. El diario La Nación publicó la declaración a la que accedió a través de un pedido de acceso a la información.

Existen otros candidatos a Presidente que no ocupan hoy cargos públicos por lo que no están alcanzados por ninguna ley que los obligue a declarar su patrimonio.