La tasa de homicidios en cárceles es 6 veces mayor que la tasa de homicidios general en la Argentina

En la Argentina, la tasa de homicidios en la cárceles es 6 veces mayor que la tasa de homicidios de la población general: 38 cada 100 mil presos contra 6 cada 100 mil habitantes. La tendencia cayó en los últimos años, entre 2013 y 2016, último dato disponible, pasó de 85.6 a 38, mientras la la tasa de homicidios en la población general pasó de 7.5 en 2014 a 6 en 2016.

El dato surge de un reciente informe de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas en el que analizan la evolución de la tasa de homicidios a nivel mundial y la tasa de homicidios en las cárceles. La primera mide la cantidad de homicidios respecto del total de la población, mientras que la segunda mide la cantidad respecto del total de personas privadas de su libertad.

Los datos del informe muestran que la tasa de homicidios promedio en cárceles entre los países analizados de los años 2010 a 2016 es de 8.5 homicidios cada 100.000 presos. Es superior a la tasa de homicidios global, que es en promedio de 6.1 homicidios cada 100.000 personas. La diferencia entre ambas tasas varía mucho según el país. La mayor brecha se da en países de América Latina, Europa Oriental y África, en particular en la Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Montenegro y Botsuana, donde la tasa de homicidios en cárceles es mucho más alta que la tasa de homicidios general de cada país.

No sucede lo mismo en el resto de los países. Por ejemplo, en Italia, China, Turquía o Tailandia, ocurre lo inverso: la tasa de homicidios en cárceles es menor que la de homicidios general. Lo mismo sucede en países como Jamaica, México y Honduras, a pesar de que ambas tasas superan las del promedio mundial.

Chequeado consultó a los especialistas encargados del informe sobre la causa de estas diferencias. Según explicaron Andrada Filip y Michael Jandl, tienen que ver tanto con las condiciones estructurales de las prisiones, como con las características de la población carcelaria.

En el caso de la Argentina, la alta tasa de homicidios en prisión está asociada con las malas condiciones: “Las facilidades existentes no proveen un ambiente seguro física y mentalmente para los prisioneros. Poder acceder a un entrenamiento vocacional, a un buen servicio médico y hacer ejercicio físico son factores que usualmente ofrecen mejoras en la vida de los prisioneros. Los datos de la Argentina muestran que existe un ambiente letal y, por lo tanto, se necesitan mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de la prisión y proveer a los internos las capacidades para desistir de la violencia”, explicaron.

Los datos de un informe realizado por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) muestran que hubo un incremento del 145% de la población privada de su libertad entre 1997 y 2015 que llevó a una situación de “sobrepoblación”. Si se consideran los últimos datos disponibles, hasta 2017, el aumento es del 187% (son en total 85.283 personas privadas de la libertad en cárceles federales y provinciales)

Según explica el CELS, este concepto no tiene que ver exclusivamente con el espacio físico indispensable para la supervivencia de los detenidos, sino con el conjunto de condiciones necesarias para asegurar la vida digna de las personas privadas de su libertad, como por ejemplo, poder garantizar el acceso a determinados servicios y provisiones como calefacción, baños, luz, espacios al aire libre, ventilación, acceso a servicios médicos y oportunidades de estudiar y trabajar.

Este problema tiene un impacto sobre la violencia dentro de las cárceles. “Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sostiene que el hacinamiento de las personas privadas de la libertad genera la fricción constante entre los detenidos y aumenta los niveles de violencia en las prisiones”, destacan en el informe.

Según los datos del informe del Sistema Nacional Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del año 2017, la cantidad de personas encarceladas por el Sistema Penitenciario Federal (SPF) y el Provincial (SPP) alcanzó 85.283 mientras que la máxima capacidad de los establecimientos es de 74.060. Chequeado consultó al Ministerio de Justicia de la Nación sobre este tema y hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.