Claves para entender el conflicto mapuche que atraviesa la Patagonia

Tres ataques incendiarios en el último mes en la cordillera de la provincia de Río Negro prendieron las alarmas a nivel nacional y focalizaron la atención en el conflicto territorial mapuche que se mantiene en la Patagonia desde hace varios años. Actualmente, este conflicto tiene 2 asentamientos en litigio con la instalación de la lof Quemquentrew en Cuesta del Ternero (El Bolsón) desde septiembre último y el avance judicial contra la lof Lafken Winkul Mapu, radicada en Villa Mascardi (Bariloche) en 2017.

La vinculación de los ataques con grupos radicalizados de pueblos originarios son parte de la investigación que está en manos del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo de la jueza subrogante María Silvina Domínguez, tras la denuncia presentada por el Gobierno de Río Negro, que solicitó que se investiguen delitos vinculados a una organización terrorista, según informó la propia gobernadora, Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro).

Pero la reaparición de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la reivindicación de uno de los incendios -ocurrido el 3 de octubre último en un campamento de la Dirección de Vialidad rionegrina en Bariloche- volvió a poner en escena a esta organización clandestina que se adjudica ataques incendiarios o hechos de sabotaje en la región patagónica desde 2009, según un informe elaborado en diciembre de 2017 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que por entonces dirigía Patricia Bullrich, en conjunto con las áreas de Seguridad de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, con quienes se conformó el llamado “Comando operativo”.

En esta nota repasamos algunas claves para entender quién es quién en el conflicto mapuche que se vive en el sur del país.

¿Qué es la RAM?

La Resistencia Ancestral Mapuche es el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu. La conformación es desconocida y solo Facundo Jones Huala, actualmente preso en Chile condenado por un incendio y por la tenencia ilegal de armas, admitió su pertenencia en el juicio de extradición que se le realizó en febrero de 2018 en Bariloche.

“He sido combatiente en algún momento de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como también fui combatiente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y en otras situaciones de conflicto político territoriales desarrollé actos de autodefensa”, expresó Jones Huala ante el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, que determinó su extradición a Chile por un incendio ocurrido en 2013 en la localidad de Mantilhue, al sur de la capital chilena.

El informe del Ministerio de Seguridad de la Nación sindica a Jones Huala como líder de la RAM. No hay otras personas identificadas y tampoco se conoce la conformación del grupo y el grado de representatividad entre las comunidades mapuches de la región. Se lo vincula, también según el informe, con la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco de Chile (CAM), que protagoniza el conflicto en la región de la Araucanía en Chile.

La aparición pública de la RAM, que actúa en el anonimato, solo se determina mediante panfletos que aparecen en escenarios de ataques o a través de comunicados de prensa (ver, por ejemplo, acá). Su campo de acción -según las propias reivindicaciones- incluye daños e incendios en propiedades y maquinarias; quema de puestos rurales; sabotajes en vías férreas, tendidos eléctricos y pozos petroleros; y bloqueos de rutas. Hasta el momento, las intervenciones están circunscriptas a las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén en la Argentina.

¿Quién es Facundo Jones Huala?

En paralelo a este debate resurgió el mes último en la agenda pública -por el reclamo de libertad condicional en Chile- la figura de Francisco Facundo Jones Huala, un hombre de 35 años, considerado un lonko weichafe (guerrero), que en la última década se transformó en uno de los principales referentes de la lucha de los pueblos originarios por la recuperación del territorio y la conformación de la Nación mapuche.

Nació en Bariloche y pasó su infancia en el barrio 169 Viviendas, en la periferia de la ciudad, junto a su madre María Isabel Huala (que en 2017 constituyó la lof Huala Hue en cercanías de Colonia Suiza, en Bariloche) y sus hermanos.

A nivel nacional su nombre fue conocido a partir de la conformación de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en tierras que en 2015 reivindicó como ancestrales de su familia paterna y que forman parte de una extensa propiedad del magnate italiano Luciano Benetton, en Chubut. En ese momento ya pesaba sobre él un pedido de detención de la Justicia chilena por la causa de incendio al fundo Pisu Pisue de la comuna de Río Bueno, en la provincia de Valdivia, ocurrido el 9 de enero de 2013. Se trata del mismo hecho por el cual se encuentra detenido ahora.

En mayo de 2016, fue detenido por la Justicia de Chubut en un allanamiento y en septiembre de ese mismo año la Justicia federal declaró nulo ese procedimiento y fue liberado. Finalmente, en junio de 2017 fue detenido nuevamente en un control vehicular de Gendarmería nacional en la ruta nacional 40 en el puesto Villegas, en la provincia de Río Negro, a 55 kilómetros de El Bolsón.

En la Argentina, estuvo preso en el Penal Federal de Esquel hasta el juicio de extradición que se realizó en Bariloche a fines de febrero de 2018. El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, determinó la extradición, un fallo que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 23 de agosto del mismo año.

El 11 de septiembre de 2018, Jones Huala fue trasladado a Chile donde fue enjuiciado y condenado a 9 años de prisión -que cumple en la cárcel de Temuco- por los delitos de tenencia ilegal de armas e incendio de una estancia. La pena fue reducida luego a 6 años, por los que estuvo detenido, y ahora su defensa reclama la libertad condicional por el plazo cumplido y la buena conducta. A comienzos de octubre fue rechazado el petitorio por tercera vez, en un procedimiento público en Temuco en el que participó el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.

Actualmente, Jones Huala no tiene causas penales pendientes en Chubut ni en Río Negro, según pudo verificar este medio.

¿Por qué se recrudeció el conflicto?

“Estos no son hechos nuevos. Hemos tenido algunos acontecimientos similares en Río Negro en años anteriores y también hubo situaciones de extrema violencia en Chile”, dijo la gobernadora Carreras tras los primeros ataques incendiarios de octubre último. Insistió en la voluntad de diálogo del gobierno y diferenció a los grupos violentos de las comunidades con las que existe un trabajo conjunto a través de diversos organismos provinciales, como el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas.

Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, dijo a Chequeado que el trasfondo del conflicto actual es el debate de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que fue sancionada en 2006 y que ordena un relevamiento de comunidades asentadas. “Surgen estos discursos hablando de terrorismo porque les sirve para deslegitimar a las comunidades y a una ley que no solucionó el problema de las comunidades, pero ayuda y es una herramienta”, explicó.

En Río Negro, hay 164 comunidades indígenas conformadas y solo 54 tienen el relevamiento concluido, pero no cuentan con el título de propiedad comunitaria que debería otorgar la provincia, según afirmó Carriqueo que -como referente del Parlamento Mapuche- integra la mesa técnica que realiza los relevamientos.

Según un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado, el Estado nacional había identificado hasta 2018 a 1.600 comunidades indígenas en toda la Argentina, pero sólo relevado el territorio de la mitad. La ley permitió frenar desalojos, aunque el referente mapuche no pudo precisar la cantidad de comunidades con causas judiciales abiertas.

Carriqueo afirmó a este medio que el relevamiento está paralizado desde hace años en Río Negro y solo se avanzó hasta 2013. Indicó, además, que la gestión de Carreras se niega a firmar un nuevo convenio para realizar el relevamiento. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) también denunció -a través de un comunicado– que la provincia no presta acuerdo para la aplicación de la ley. Ante la consulta de este medio, desde el gobierno provincial no respondieron la requisitoria.

¿Existe conexión con el Gobierno nacional?

En una reciente carta pública firmada por Facundo Jones Huala desde la cárcel de Temuco, el lonko mapuche se distancia del Gobierno nacional de Alberto Fernández y del kirchnerismo. La vinculación más directa podría remitirse a la defensa que como abogada particular ejerció en 2018 Elizabeth Gómez Alcorta, quien actualmente integra el gabinete de Fernández como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

La presidenta del INAI Magdalena Odarda, una rionegrina que se distanció de la Coalición Cívica y trabajó en la temática de los pueblos originarios desde el inicio de su carrera política en la provincia en 2003, conoce a Jones Huala, al igual que el vicepresidente del organismo, Luis Pilquimán, el máximo referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro hasta 2019.

Este dirigente aboga por el reconocimiento de la identidad como pueblo mapuche y sus formas culturales, que admite la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución argentina, a través del trabajo conjunto con el Estado. En tanto, Jones Huala en su carta pública definió al Estado como un “ente de dominación colonial” y consideró que “ningún gobierno ha sido ni será capaz de resolver nuestra condición histórica de opresión”.

El INAI, en el último año, reconoció territorios mapuches ancestrales que cumplieron el relevamiento y actualmente están en litigio judicial, como el caso de la comunidad Buenuleo y la lof Quijada, ambas asentadas en Bariloche.

Sin embargo, no hubo resoluciones oficiales respecto de la lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, que tiene un proceso en curso en la Justicia federal por usurpación de tierras de Parques Nacionales y varias causas por violencia contra pobladores y delitos contra la propiedad en la Justicia provincial.

Los 2 dirigentes del INAI son cuestionados por la gobernadora Carreras, que los acusa de “proteger a los violentos”. Sumó a la discusión un incidente ocurrido en agosto de 2020 con un vehículo oficial de la provincia, que era conducido por Pilquimán y el Gobierno provincial denunció públicamente por el traslado de personas a la ocupación mapuche de Villa Mascardi.

El funcionario negó esta vinculación. Hoy sigue en curso una causa en el Juzgado Federal de Bariloche en la que Pilquimán está procesado por el uso de un vehículo oficial con otros fines (artículo 260 Código Penal), según confirmó a Chequeado su abogado defensor Manuel Mansilla, quien reclama el sobreseimiento.