Según Página 12, la UATRE es la principal responsable de la situación laboral en el campo

“El Renatre debería regular las condiciones de trabajo en el sector, pero en cambio el vínculo entre el sindicato y la patronal ha incubado la situación que tenemos en la actualidad”. La frase corresponde al secretario general de la Asociación de Trabajadores y Horticultores, Ernesto Ojeda, y fue publicada el viernes pasado en Página 12, como parte de la nota “Empleo rural, un manual de la explotación”. En la edición de ese mismo día, el diario se encargó de hacer responsable a Gerónimo “Momo” Venegas -presidente del Renatre y titular de la UATRE- de las condiciones aparentemente antirreglamentarias en las que se encuentran los trabajadores rurales de la Argentina.

Pero, cabe preguntarse, ¿es Venegas, como dice Página 12, el único responsable de las condiciones deficientes que se detectaron en forma súbita las últimas semanas en áreas rurales de nuestro país?

Más allá de la eventual responsabilidad que le pudiera caber al sindicalista en los casos de trabajo en negro o precariedades inaceptables registradas dentro de su gremio, Página 12 no menciona el papel del Estado Nacional en el asunto y de la Comisión nacional creada especialmente para regular el trabajo agrario.

La ley 22.248, del 18 de julio de 1980, cuya vigencia persiste, establece que “la autoridad de aplicación y fiscalización” de las condiciones de trabajo en zonas rurales es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

“La CNTA está presidida por el secretario de Trabajo e integrada por representantes de UATRE, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Coninagro y de la Sociedad Rural. Es una especie de paritaria permanente que regula no sólo las condiciones de trabajo sino también los salarios de la actividad con la homologación del Estado nacional”, explicó a Chequeado.com el abogado laboralista, Raúl Sánchez, sobre la conformación de la Comisión que se integra con:

-Dos representantes del Ministerio de Trabajo, “uno de los cuales actuará como presidente” (el secretario de Trabajo o un funcionario nacional).

-Un representante del Ministerio de Economía y uno de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería (hoy convertida en el Ministerio de Agricultura).

-Dos representantes de los empleadores y dos representantes de los trabajadores.

Es decir que el Ejecutivo cuenta con el 50% de los funcionarios dentro de la CNTA, además del doble voto del presidente en las decisiones adoptadas en el sector rural.

La Comisión ejerce además el poder de policía laboral en todo el territorio argentino, sobre todo en lo relacionado a las condiciones de alimentación y vivienda para el “trabajador no permanente”, y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el ámbito rural. Puede, además, sancionar a aquellos empleadores que incumplen con la ley.

La responsabilidad del Estado puede inferirse, por ejemplo, en una nota de Tiempo Argentino, publicada el 15 de febrero, donde el diario da cuenta de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo.

Si bien la cartera laboral suele delegar estas atribuciones en las administraciones provinciales (ministerios, secretarías o direcciones, según el caso), los investigadores consultados por Chequeado.com, Noemí Girbal-Blacha (ver recuadro) y Germán Quaranta, ambos ligados al estudio del empleo y desarrollo rural, coincidieron en remarcar que es el Estado nacional el que debe asumir el contralor principal de garantizar las condiciones de trabajo en el sector, independientemente de las acciones o inacciones sindicales o de las cesiones a las provincias. “Ya desde los ‘90 los trabajadores han quedado en manos de las provincias y muchas veces las dirigencias no visualizan las problemáticas del sector, como los niveles de fiscalización”, destacó Quaranta, investigador asistente del Ceil-Piette (Conicet).

Por su parte, la UATRE terceriza el control de los trabajadores en la empresa Gregar, pero actúa en conjunto con las inspecciones de policía provinciales.

De esta manera, agregó Sánchez, “el poder de policía originario es de las provincias. La AFIP es otra vía de verificación que funciona en conjunto o separadamente pero no regula las condiciones de trabajo. Sin embargo, existe un organismo conjunto -el Consejo Federal del Trabajo-, que desarrolla planes de verificación laboral con operativos de inspectores del Ministerio y está compuesto por las provincias. Todos tienen responsabilidad, pero en los hechos el Consejo es conducido por el Ministerio nacional”.