Bloqueo a Clarín: los puntos clave

Un grupo de trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), compañía perteneciente al Grupo Clarín, obstaculizó ayer la distribución de la edición del matutino como método de protesta. A continuación, los puntos clave sobre el tema.

• Clarín: “No hay conflictos gremiales en la imprenta”. FALSO 

Según la Federación Gráfica Bonaerense y el Ministerio de Trabajo, AGR mantiene un conflicto laboral desde septiembre de 2004, cuando la empresa subsidiaria del Grupo Clarín despidió a 119 trabajadores, entre ellos a toda la Comisión Interna del taller.

A partir de ese momento, según informó a Chequeado.com el secretario de Prensa de la federación, Antonio Pansik, AGR judicializó el conflicto y abrió seis expedientes en la Justicia, que finalmente falló a favor de los trabajadores en el juicio oral y los absolvió en 2008. Por otro lado, la empresa eludió el cumplimiento de fallos laborales a través de medidas cautelares que ordenaban la reinstalación de los delegados en sus puestos de trabajo. 

En noviembre de 2010, el MT multó a la empresa con una suma de $ 1.347.000 por impedir la realización de una asamblea y obstaculizar la elección de la comisión de delegados -cuyo mandato vencía ese mismo mes-, además de negarse a reincorporar a los despedidos. La decisión del Ministerio perdió vigencia puesto que la empresa permitió la realización de las elecciones el 18 de febrero de 2011 y aceptó reincorporar a los trabajadores a partir del 9 de marzo, disposición que la empresa finalmente cumplió en los hechos.

Sin embargo, el reclamo actual de la Comisión Interna que ganó las elecciones, y que derivó en el bloqueo al diario Clarín el día domingo, se basa en las condiciones laborales dentro de AGR: persecución gremial, el no reconocimiento de los haberes adeudados y el pago de horas extras, y la presencia de personal de seguridad que los controla, como medidas para obstruir la actividad gremial.

Por su parte, Pansik explicó que la FGB “no participó del bloqueo al diario” y que “si bien reivindicamos el derecho a huelga dentro del lugar de trabajo, en este caso esto no se cumplió y por eso la federación no apoya este método de protesta.”

Actualización del 29/03: Clarín afirmó en una nota que “no existen conflictos colectivos en ninguna de las empresas de Clarín”. Esto no es cierto. Más detalles sobre el bloqueo en nuestro Hilando Fino.  

• Clarín: el bloqueo a la circulación de diarios es ilegal. VERDADERO

Según el artículo 161 del Código Penal la obstrucción de la distribución de un diario es un delito, clasificado dentro de las infracciones contra la libertad de prensa. El código prevé que “sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.”

Por otro lado, el derecho a huelga está reconocido en la Constitución Nacional. Mario Ackerman, especialista en derecho laboral y docente de la Universidad de Buenos Aires, escribió en una nota de 2005 sobre el tema que “en materia de regulación del ejercicio del derecho de huelga, la Argentina tiene, desde la reforma laboral del año 2004, una legislación muy poco restrictiva, y con ello, particularmente respetuosa de la libertad sindical.” Sólo existen restricciones al derecho de huelga en el caso de los servicios esenciales para la comunidad (los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo).  

Existen antecedentes de conflictos entre los dos derechos, la libertad de prensa y el derecho a huelga. Uno de ellos se dio en enero de este año cuando un grupo de trabajadores bloqueó una planta de Clarín en Pompeya. Ante esa situación, el juez nacional penal Gastón Polo Olivera, falló a favor de la libertad de prensa, dictaminando que el derecho a huelga no es irrestricto y prohibió “todo acto de bloqueo externo de la planta AGR y/o cualquier otra conducta que implique impedir y obstruir el normal y regular ingreso y egreso de personas y de bienes“. Esta resolución fue notificada a Nilda Garré, ministra de Seguridad, para que diese cumplimiento. Parte de la oposición exige ahora un juicio político a la ministra por no haber acatado la sentencia judicial.