Qué dice el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y qué busca negociar la Argentina

El jueves último el Gobierno nacional presentó, en el marco de la COP27 que se realiza en Egipto, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y también una estrategia para alcanzar la neutralidad de sus emisiones de carbono en 2050.

Pero, ¿qué dice este plan y qué objetivos tiene? ¿Qué opinan los especialistas sobre las medidas propuestas? ¿Qué busca la Argentina negociar en la COP27? Te lo contamos en esta nota.

Qué dice el plan argentino contra el cambio climático

La secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente, Cecilia Nicolini, presentó el jueves último, en la COP27, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas en inglés). El documento había sido presentado hace 10 días por el presidente Alberto Fernández.

El plan se da en el marco de la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, sancionada en 2019, y busca alinear los objetivos del país con el Acuerdo de París, el principal tratado bajo la Unfccc que fijó el objetivo de limitar el calentamiento global “muy por debajo” de los 2 °C, llegando incluso a 1,5 grados, para evitar un cambio climático catastrófico.

El Acuerdo de París, adoptado en la COP21 en 2015, obliga a los países a informar sobre sus “contribuciones determinadas a nivel nacional” (NDC, por sus siglas en inglés), es decir, sus metas de reducción neta de emisión de carbono.

Así, la Argentina presentó su primera NDC en 2016, y la segunda en 2020: el país se comprometió en su Segunda NDC a no exceder la emisión neta de 359 MtCO²e (megatoneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030. En 2021, el país actualizó su NDC, reduciendo el umbral de emisiones a 349 MtCO2e para el 2030. Como referencia, en 2018 el país emitió 366 MtCO2e.

El plan presentado busca alcanzar las metas asumidas en la Segunda NDC y su actualización, y se estructura en dos metas principales, la de mitigación y la de adaptación. 

En la de mitigación, el objetivo es no exceder la emisión neta de 349 MtCO2e para 2030, mientras que la meta de adaptación busca “construir capacidades, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático, en los distintos gobiernos locales y sectores, a través de medidas que prioricen a las comunidades y los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, y que incorporen el enfoque de género y la equidad intergeneracional”.

El documento de más de 400 páginas plantea 250 medidas a aplicar de acá al 2030 sobre la base de 6 ejes estratégicos: conservación de la biodiversidad y bienes comunes, gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques, movilidad sostenible, territorios sostenibles y resilientes, transición energética y transición productiva. El costo total de la aplicación del plan está estipulado en US$ 185.526 millones.

Avances y falencias del plan

Desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quienes forman parte del Consejo Asesor Externo del Gabinete Nacional de Cambio Climático que elaboró el plan, destacaron que es “un instrumento fundamental para comenzar a delinear y transversalizar las políticas de Estado necesarias para colocar al país en un sendero de desarrollo sostenible”, aunque advirtieron que “no detalla cómo sus 250 medidas se traducen efectivamente en un sendero de emisiones que conduzca a este objetivo”.

Además, desde FARN resaltaron la existencia de algunas contradicciones entre los intereses de algunos sectores y las metas del plan. “En un contexto global de crisis climática que requiere una verdadera transición en dirección contraria a los combustibles fósiles y un contexto nacional de falta de consenso social hacia este tipo de actividades extractivas, resulta incierto cómo la expansión de la frontera hidrocarburífera se inserta en una verdadera transformación integral del sector energético”, advirtió Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de FARN.

Mariano Villares, director general de la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras, señaló a Chequeado que contar con un nuevo plan es positivo, ya que se avanzó en su desarrollo y especificidad respecto a las acciones a implementar: “La falencia sigue en cuanto a la falta de desarrollo de las líneas de acción, solo se describen en uno o dos párrafos, no hay información suficiente en cuanto a los plazos de implementación, las inversiones necesarias para hacer cada una. Y la mayoría de las líneas de acción están enfocadas en mitigación, quedando relegada la adaptación”.

Por su parte, Carlos Tanides, coordinador de Ciudades, Clima y Energía de la Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó que “para poder evaluar el plan adecuadamente se necesita disponer de las metas cuantitativas a 2030 para las distintas líneas estratégicas, y la evolución de las emisiones que puedan aportarnos una hoja de ruta o pasos a seguir para alcanzar las metas de las NDC”. 

Y agregó: “Contar con estas metas permitiría poder seguir los avances de las medidas y contribuir desde el sector privado y la sociedad civil con la materialización de las mismas”.

El camino hacia 2050

Nicolini también presentó en la COP27 la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo (ELP) a 2050, con el objetivo de formalizar el compromiso de la Argentina de alcanzar la neutralidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, en línea con lo planteado en el Acuerdo de París. 

El acuerdo invitaba a los países a presentar la ELP para 2020, aunque esto se vio retrasado por la pandemia. La Argentina tenía la intención de presentarla ante la ONU en la COP 26 de 2021, pero debido a tensiones con el sector agropecuario y energético, a pocos días de la conferencia, ese documento no se presentó.

Sin embargo, Gonda señaló que “esta primera Estrategia elaborada por Argentina en 2022, no esboza una hoja de ruta concreta para alcanzar la neutralidad de emisiones, sino que habla de la necesidad de llevar adelante un proceso de planificación participativo para la formulación de la misma y las trayectorias viables para alcanzar sus metas”.

Es decir, “resulta en la formalización ante la comunidad internacional la intención de Argentina de llegar a la carbono neutralidad a mediados de siglo, pero sin un detalle de los posibles senderos de emisiones para alcanzarla”, agregó la especialista.

Tanides señaló que la estrategia “se presenta como un primer paso y refuerza el compromiso argentino con la carbono neutralidad en 2050”, aunque “es una versión incipiente a la cual le falta aún proponer las trayectorias a seguir en cada sector”.

Argentina busca financiamiento

La COP de este año se plantea como la de las acciones y compromisos concretos en reducción de emisiones y también en la financiación para compensar pérdidas y daños derivados del cambio climático. En esa línea, Argentina comparte junto a Brasil y Uruguay -países con quienes integra el Grupo ABU de negociación- el reclamo por apoyo financiero para desarrollar sus políticas vinculadas al cambio climático.

“El último informe del IPCC indica claramente que América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables y expuestas a los efectos adversos producidos por el cambio climático. Sin embargo, está cada vez más marginada de los flujos globales de financiación climática. Es crucial contar con una decisión que nos haga acelerar la formulación y la implementación de los planes nacionales de adaptación”, sostuvo Nicolini.

Además,  señaló que, teniendo en cuenta las restricciones macroeconómicas de financiamiento que comparte la Argentina con muchos países de la región, se debe pensar en nuevos instrumentos, como “el canje de deuda por acción climática, el pago por resultados, la emisión de bonos sostenibles, para poder financiar esas transiciones”.