Qué datos existen sobre los basurales a cielo abierto en la Argentina

Terminar con los basurales a cielo abierto es una de las propuestas ambientales que se repiten en las plataformas electorales de los candidatos presidenciales en las Elecciones de 2023. Se trata de aquellos sitios donde se disponen residuos sólidos (por ejemplo, restos de comida, envases de plástico o cajas de cartón) de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental, según la definición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 

En la Argentina, según la ley vigente, la responsabilidad para la gestión de los residuos corresponde a las autoridades municipales. Sin embargo, el manejo de los residuos en general y de los basurales a cielo abierto en particular es una problemática de alcance nacional para un país que produce, en promedio, 1,15 kilos de desechos diarios por habitante, lo que equivale a casi 45 mil toneladas diarias para el total de la población, según cifras oficiales.

Pero, ¿cuántos basurales a cielo abierto hay en la Argentina? ¿Qué riesgos socioambientales generan? ¿Qué planes existen para erradicarlos? Te lo contamos en esta nota.

Cinco mil basurales a cielo abierto

El problema de los basurales a cielo abierto no es necesariamente nuevo. Pablo Schamber, investigador del Conicet en el Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socio Ambiental de la Universidad Nacional de Quilmes, destacó a Chequeado que esa modalidad de disposición de basura existió históricamente y que su presencia ha estado vinculada a la falta de planificación y de recursos para la gestión adecuada de esos residuos.

“Los basurales son sitios que se eligieron por razones históricas, a veces simplemente porque estaban alejados del área urbana y residencial. Sin embargo, con el desarrollo, algunos quedaron más cerca de las zonas pobladas”, indicó.

El “Informe del estado del ambiente” de 2017 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostiene: “Se estima que existen cerca de 5 mil sitios de disposición final irregulares -por ejemplo, basurales a cielo abierto- que ocupan unas 8.600 hectáreas”.

Según confirmó a este medio Sergio Federovisky, actual viceministro de Ambiente, el dato “surgió del único sitio donde la cifra está oficialmente referenciada, que es el informe del estado del ambiente elaborado por el gobierno anterior”, aunque adelantó que antes de finalizar la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) el Gobierno nacional presentará un nuevo informe que permitirá conocer la cifra real de basurales y su ubicación precisa. Chequeado realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer cuántos basurales a cielo abierto hay efectivamente en el país.

Para Cecilia Mijich, ingeniera ambiental y ex subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rosario durante la gestión del Frente Progresista, la cifra “refleja la realidad, porque, en general, las pequeñas ciudades y localidades, a diferencia de las grandes áreas metropolitanas, carecen de recursos para gestionar adecuadamente la disposición de residuos sólidos urbanos”. 

Agustina Legasa, integrante de la Fundación Ambiente y Medio, dijo que la cifra “es bastante precisa, pero su validez también depende del tipo de basural al que nos referimos”.

Lo dicho por Legasa sirve para entender que existen diversas categorías para clasificar la disposición final de los residuos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), son 3:

• Basurales: no tienen ningún tipo de control, ni para el acceso ni para las emisiones ni para el tipo de residuos. Muchas veces son clandestinos.
• Vertederos controlados: son instalaciones diseñadas y operadas de manera que se controlen y minimicen los impactos ambientales negativos. A diferencia de los anteriores, se implementan medidas específicas para prevenir la contaminación del suelo, el agua y el aire, así como para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano.
• Rellenos sanitarios: son sitios en los que la disposición final de los desechos se realiza de manera segura y controlada. Según el PNUMA, solo estos pueden considerarse como un método adecuado de disposición final.

Tomando este criterio, la Argentina gestiona el 34,4% de sus residuos a través de métodos inadecuados (basurales y/o vertederos controlados), según reflejan los datos del PNUMA. Este guarismo la ubica en niveles promedio de la región. El documento publicado en 2021 aclara que “estas tendencias se basan en estimaciones, pero son coherentes con la información reportada en publicaciones anteriores”.

Problemas socioambientales

Uno de los efectos más graves de los basurales a cielo abierto es la contaminación ambiental. Estos sitios pueden dar lugar a la contaminación del suelo, el agua y el aire. Por una parte, la descomposición de los residuos en los basurales genera metano. Según dijo a este medio Jordi Pon, coordinador regional del Programa de Químicos y Contaminación del PNUMA, los basurales generan entre un 3% y 5% de los gases de efecto invernadero asociados al cambio climático.

A ello deben sumarse los lixiviados, líquidos resultantes de la descomposición de los residuos, que pueden infiltrarse en las napas subterráneas y contaminar el agua. “Allí aparece una de las consecuencias más graves, que tiene que ver con la posibilidad de que, en el caso que haya población cercana que consuma agua de pozo, termine bebiendo agua contaminada”, dijo a Chequeado Giselle Munno, asistente de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Asimismo, la falta de control en los basurales a cielo abierto también facilita la entrada de patógenos y roedores, lo que aumenta los riesgos para la salud pública. Los incendios, que son comunes, liberan gases tóxicos y sustancias peligrosas en el ambiente, lo que agrava aún más los problemas ambientales.

La ingeniera Mijich, que también se desempeña como académica de la Universidad Católica Argentina, agrega otro problema, vinculado a la seguridad vial: “Muchos de estos basurales están ubicados junto a rutas provinciales y nacionales, a pesar de que esto está prohibido por ley. Esto crea un riesgo adicional, especialmente en caso de incendios”.

El basural de Luján, un caso emblemático

Un caso emblemático en el país es el basural a cielo abierto del partido bonaerense de Luján, que data de hace más de 40 años y que el propio gobierno define como “el basural a cielo abierto más grande de la Argentina”. En un informe de 2019 presentado por la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires se detalla que posee un área estimada de 14,7 hectáreas.

Si bien durante la actual gestión se puso en marcha un plan para erradicarlo -que contempla la construcción de un centro ambiental en un predio lindero-, el proyecto se encuentra judicializado porque un grupo de vecinos consideran que el mismo tiene falencias técnicas. A principios de octubre de este año, un nuevo fallo ordenó detener los trabajos que, según planteó el ministro de Ambiente Juan Cabandié, ya habían logrado remediar el basural en un 50%.

La causa permite conocer en concreto cuáles pueden ser los efectos nocivos de un basural a cielo abierto tanto en lo que refiere al aspecto ambiental como al social. La agrupación Vecinos Autoconvocados de Sucre denunciaron en un comunicado que en el expediente constan informes oficiales que reconocen la existencia de residuos peligrosos, como materiales de hospitales y desechos químicos, entre otros.

En el citado informe de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires se daba cuenta de que en el lugar “se producen quemas periódicas”, lo que genera serios problemas al área urbana circundante, que solo se encuentra a 2,31 kilómetros. Peor aún, en el informe de impacto mbiental presentado por el Gobierno provincial se indica que hay una escuela rural ubicada a 300 metros del basural.

“Por su emplazamiento próximo a urbanizaciones y áreas urbanas, generan molestias de olores y voladuras de residuos”, expone el escrito elaborado por la firma EVA SA, especializada en ingeniería vial y ambiental. Allí se indica también que en el lugar trabajaban 163 recuperadores urbanos, que con la construcción del nuevo predio dejarán de trabajar “en condiciones medievales”, según declaró el ministro Cabandié.

Qué se hizo durante la actual gestión

Las fuentes coinciden en que la solución para esta problemática es la disposición de los residuos en rellenos sanitarios, cuya construcción debería ir en paralelo al cierre progresivo de los basurales a cielo abierto. Es decir, una vez concluido el relleno, los desechos se dirigen allí y ya no más al basural, que debería pasar por un proceso de “cierre técnico”, lo que implica cubrir los residuos con una capa de tierra y establecer un sistema de captación de gases y lixiviados para evitar que la basura continúe contaminando.

Durante la actual gestión, se brindó financiamiento para la realización de 10 proyectos de este tipo, en las ciudades de Concordia (Entre Ríos), Formosa (ídem), Villa María (Córdoba), los municipios de Luján, Chascomús, Quilmes y Moreno (Provincia de Buenos Aires) y la provincia de Mendoza (a través de un consorcio entre las ciudades de Tunuyán, Tupungato y San Carlos). Vale decir que, muchas veces, la concreción de una obra implica la clausura de varios basurales (por ejemplo, el de Concordia generó el cierre de 9).

La mayor parte de las obras fue afrontada con recursos de un crédito de US$ 150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) obtenido en 2015, que según contó Federovisky “estaba técnicamente caído en 2019, porque solo se había ejecutado un 18%”. 

Luego de gestiones ante el organismo, se volvieron a habilitar los fondos y actualmente está ejecutado en, prácticamente, un 100% (los detalles del préstamo en este documento). En estas gestiones, el aporte del BID representó el 70% del costo total, mientras que el Estado nacional aportó el 30% restante.

Además de los proyectos mencionados, el Ministerio de Ambiente afrontó otras acciones dentro del Plan Federal de Erradicación de Basurales, como la entrega de maquinarias a municipios. Según un detalle enviado a este medio, se entregaron 1384 equipos a 168 municipios (el listado disponible aquí), en 23 provincias. 

A ello se sumaron otras 19 localidades, que firmaron convenios de transferencia de fondos para compra de otras 89 máquinas. Las acciones fueron afrontadas -según el Ministerio- con partidas especiales incluídas en los presupuestos de 2022 y de 2023 ($ 1.305.771.958 y $ 1.689.712.441, respectivamente).

Federovisky informó también que a la fecha ya se encuentran avanzadas las gestiones para otros 2 créditos internacionales para seguir desarrollando proyectos vinculados al cierre de basurales: US$ 450 millones con el Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Francesa de Desarrollo; y US$ 350 millones con el Banco Mundial.

Cuáles son los desafíos

“La solución a la situación de los residuos en nuestro país debe ser integral y sostenible. Desde el Estado se deben garantizar los recursos para llevar adelante planes de gestión que apunten, en primer lugar, a reducir la generación de los mismos y, en última instancia, a garantizar su correcta gestión hasta su disposición final en rellenos sanitarios habilitados a tales fines”, aseveró Munno, desde FARN.

El investigador del Conicet, Pablo Schamber, enfatizó por ejemplo la importancia de abordar esta problemática desde una perspectiva integral. “No solo se trata de cerrar los basurales, sino también de promover prácticas de reciclaje y la educación ambiental para prevenir la generación de residuos”, indicó. 

“Sacar un basural es muy sencillo, pero hay que tener una alternativa. Tenés que ir trabajando en un nuevo modelo de gestión de residuos, donde se pueda evitar que lo que vaya a disposición final sea lo mínimo”, coincidió Jordi Pon, coordinador regional del Programa de Químicos y Contaminación del PNUMA.

Sin dudas, para abordar la problemática, es esencial una acción coordinada a nivel nacional y local, así como un compromiso continuo con la protección del medio ambiente y la salud pública. Es que, según describió la ingeniera Mijich, “los municipios más pequeños carecen de los recursos necesarios para gestionar adecuadamente la disposición de residuos sólidos urbanos, y esta falta de coordinación entre los niveles de gobierno local, intermedio y nacional agrava la situación”.

En concordancia con ello, una encuesta realizada por el PNUMA a representantes de 377 municipalidades de 17 países arrojó que los dos principales desafíos para enfrentar una adecuada gestión de residuos es la falta de recursos financieros y la falta de continuidad delos equipos de gobierno y de la formulación de políticas.