Cierre del INADI: ¿cómo trabajan contra la discriminación, la xenofobia y el racismo otros países?

El 22 de febrero último, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la eliminación del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Sin embargo, la decisión aún no se encuentra publicada en el Boletín Oficial. 

El organismo fue creado por la Ley Nº 24.515, en 1995, durante la presidencia de Carlos Menem (Partido Justicialista). 

Sin embargo, la cartera judicial que dirige Mariano Cúneo Libarona anunció desde su cuenta de X que “las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia”, y que “el INADI fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”. 

Tras el cierre del INADI, ¿cómo trabajan contra la discriminación, la xenofobia y el racismo en otros países? ¿Qué recomendaciones hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al respecto? Te lo contamos en esta nota. 

¿Qué países de Iberoamérica cuentan con organismos estatales contra la discriminación, la xenofobia y el racismo?

De acuerdo con el estudio “Atlas del derecho a la no discriminación en Latinoamérica”, que realiza la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), existen al menos 10 países de Iberoamérica que cuentan con algún tipo de organismo especializado dentro de los estados, con difrentes rangos y funciones. 

En Brasil, existe la Secretaría Nacional de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, que cuenta con el Departamento de Promoción de la Igualdad Racial y el Departamento de Promoción de la Igualdad Racial para Pueblos y Comunidades Tradicionales. 

España tiene el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; Guatemala cuenta con la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, y en Portugal trabajan el tema a través de la Comisión para la Igualdad Contra la Discriminación Racial. 

Por su parte, en Honduras existe la Comisión Nacional Contra la Discriminación Racial, el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia; y en México está el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En tanto, Bolivia cuenta con el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación y la Dirección General de lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación dependiente del Viceministerio de Descolonización del Ministerio de Culturas; en Panamá existe la Comisión Nacional contra la Discriminación; en Perú la Comisión Nacional contra la Discriminación; y en Puerto Rico la Unidad anti-discrimen para el reconocimiento y respeto de los derechos civiles en el empleo, y la Comisión de Derechos Civiles.

El Atlas sistematiza información sobre el avance legislativo y de políticas públicas sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación de los 18 países que integran la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), que se creó en 2007 en el marco del “Encuentro Iberoamericano Desarrollo Social, Democracia y No Discriminación. El combate a la discriminación en las políticas públicas de desarrollo humano y social”, por iniciativa de la Conapred.

Chile no está dentro de los países que forman parte del estudio. Sin embargo, cuenta con un Área de Diversidad y No Discriminación dentro de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno nacional. 

¿Cuál es la situación en países como Estados Unidos, Alemania e Irlanda?

En 1966, Estados Unidos firmó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Hoy existen varios organismos estatales federales que trabajan sobre discriminación, xenofobia y racismo. 

“En Estados Unidos, por cuestiones históricas, el enfoque que se le da al tema discriminación es por el lado de los derechos civiles. A nivel federal, la ley de derechos civiles, de 1964, prohíbe la discriminación por color, raza, religión, género/sexo y origen nacional. Esa ley tiene varios capítulos, y cada uno de ellos trata un aspecto distinto: elecciones, educación, lugares públicos. En el capítulo quinto, la ley crea una comisión de derechos civiles a nivel federal, que es similar al INADI, que se llama Civil Rights Commission”, explicó a Chequeado Emiliano Falcón, abogado especialista en derechos civiles y máster en Derecho por la Universidad de Nueva York.

Y agregó: “Asimismo, el Ministerio de Justicia (que también es una suerte de ministerio público fiscal) cuenta con una división de derechos civiles para cuestiones judiciales”.

También existen otros organismos que se ocupan de temas específicos, como discapacidad (National council on Disabilities), empleo (Equal Employment Opportunity Commission) y pueblos originarios (White House Council on Native American Affairs).

En 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas recomendó a Estados Unidos crear “un mecanismo de coordinación permanente y eficaz, por ejemplo, una institución nacional de derechos humanos establecida con arreglo a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el mandato de garantizar la aplicación de la Convención y vigilar que se cumplan sus disposiciones en todo el Estado parte y en los territorios que están bajo su control”. Y lamentó que aún “no se haya avanzado en el establecimiento de un mecanismo de coordinación institucionalizado”. 

En Alemania, el tema también se trata en distintas agencias del Estado. Ante la consulta de Chequeado, el investigador Martin Emmer, de la Universidad Libre de Berlín, dijo: “En Alemania, a nivel federal hay varias ‘comisiones’ para ámbitos concretos, como migración e integración, víctimas de la violencia extremista o antisemitismo. Estas comisiones cuentan con estructuras de apoyo: una pequeña plantilla de varias docenas de personas, un consejo independiente y un presupuesto (limitado) para medidas y proyectos”.

“Lo mismo ocurre a nivel de los 16 estados federados alemanes (que tienen sus propios gobiernos, legislación y judicatura); muchos de ellos tienen estructuras similares, como el Comisionado para la Migración y la Integración del estado de Berlín”, advirtió Emmer, investigador principal del Instituto Weizenbaum para la Sociedad en Red. 

Irlanda, por su parte, cuenta con un Comité contra el Racismo. De acuerdo con la respuesta que este país emitió ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en relación al seguimiento de las observaciones finales sobre sus informes periódicos ante Naciones Unidas, el país explica: “El Comité Nacional Contra el Racismo es un comité independiente creado por el gobierno en 2020 con el fin de elaborar un Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Racismo para Irlanda”. 

“La labor de este comité contribuirá a reforzar el enfoque del gobierno respecto de la lucha contra el racismo individual e institucional y se basará en las acciones contra el racismo incluidas en la Estrategia Nacional de Integración de los Migrantes y en la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Nómada y Romaní”, explicó el gobierno irlandés ante el organismo de la ONU.

¿Qué recomienda la Organización de las Naciones Unidas a los estados miembro?

El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de La ONU, en su Observacion General N° 27 solicitó a los estados parte de la Convención que creen instituciones nacionales que combatan la discriminación, en este caso, racial porque es la competencia de este comité en especifico.

En este documento de Naciones Unidas, el Comité recomienda “que los estados partes establezcan comisiones nacionales u otros órganos competentes, teniendo en cuenta los principios relativos a la condición jurídica de las instituciones nacionales, que figuran como anexo a la resolución 1992/54 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de marzo de 1992”. 

Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, explicó a Chequeado: “Indudablemente, el Estado tiene obligaciones en esta materia de seguimiento, monitoreo, prevención e  investigación”. Y agregó: “En caso de eliminar el INADI, lo que cabe preguntarse es: si esta política (la de tener un organismo con este tipo de facultades) no gusta, pues cuál será la política alternativa que se adopte para lidiar con esta temática”.