Patricia Bullrich, sobre la llamada ley de derribo: “Todos los países de Latinoamérica tienen este tipo de leyes”

“Hoy en día miramos por el radar y no tenemos nada que hacer. Todos los países de Latinoamérica, nuestros vecinos, tienen este tipo de leyes que son mal llamadas de derribo, son leyes de protección del espacio aéreo”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en referencia al Decreto de Emergencia de Seguridad Pública, que entre otras cosas permite interceptar aeronaves “hostiles”.

La medida establece un protocolo de cuatro pasos ante “incursiones aéreas” que implica: primero la advertencia, luego la demostración de fuerza, después el uso intimidatorio de la fuerza y, finalmente, el uso de la fuerza.

En la región, países como Perú, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela y Honduras cuentan con esta clase de legislación vigente.

En el comienzo de los años 90, Perú y Colombia fueron los primeros países en tomar este tipo de medidas sobre el espacio aéreo, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, a través de un acuerdo con los Estados Unidos llamado Air Bridge Denial (Negación de Puente Aéreo). Sin embargo, en 2001 los derribos se suspendieron después de que se interceptó erróneamente una aeronave civil tripulada por una familia de misioneros norteamericanos, matando así a la madre y a su hija de 7 meses. Colombia retomó la actividad en 2003 y Perú en septiembre de 2015.

En 2004, el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, reglamentó por decreto una ley de 1986 sobre el tema que no se había aplicado hasta entonces. Su par de Chile, Michelle Bachelet, por su parte, decretó una modificación del reglamento de aviación vigente desde 1988 hasta 2006, sumándose ambos países a aquellos que permiten derribar aviones civiles bajo ciertas condiciones.

En 2012, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la Ley de control para la defensa integral del espacio aéreo, y en 2014 tanto Bolivia como Honduras aprobaron sus respectivas leyes de seguridad del espacio aéreo.

En el caso de Paraguay, en 2015 se aprobó la ley de vigilancia y protección del espacio aéreo pero esta no contempla la posibilidad de derribo sino que permite aplicar medidas disuasorias, como disparos sin buscar bajar la aeronave.  

En Uruguay también se discute la medida. El ministro de Defensa de ese país, Eleuterio Fernández Huidobro, anunció en los últimos días que enviará al Parlamento un proyecto de ley para permitir derribo de aeronaves.

En el resto del continente, en prácticamente todos los países centroamericanos (exceptuando Honduras) y Ecuador no se han aplicado este tipo de medidas.

Consultada por Chequeado, la ministra relativizó sus dichos de que “todos los países de Latinoamérica” tienen ley de derribo y compartió una análisis comparativo de la legislación de cinco países sudamericanos.

Un debate con historia

Bullrich anunció que se presentará un proyecto de ley al respecto después del inicio de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo. Sin embargo, en los últimos 7 años, 13 proyectos fueron presentados por distintas fuerzas políticas, incluida el PRO, sin demasiado éxito. Algunos ejemplos pueden verse acá, acá, acá, entre otros. Ninguno logró hasta ahora pasar más allá de las comisiones parlamentarias.

El proyecto de ley generó críticas.  El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, cuestionó, en su Informe anual 2015,  “las iniciativas que buscan llevar a las Fuerzas Armadas a colaborar en la “lucha contra el narcotráfico”” y destacó que “los únicos países de la región que han derribado aviones en el marco de leyes de este tipo son Perú y Venezuela”.

“Dado el modo súbito en que se toma la decisión y los factores tecnológicos involucrados, da amplio lugar a cometer errores”, agrega el informe.

A su vez, el jurista y miembro del Acuerdo por una Seguridad Democrática Alberto Binder, al ser consultado por Chequeado, consideró que “no es un decreto de emergencia un mecanismo para enfrentar un problema como el narcotráfico. Es necesario sentar bases para una política a largo plazo y eso necesita consenso y una estrategia clara”.

“De las mil cosas que hay que hacer (para detener el narcotráfico) la ley de derribo no va al núcleo del problema”, añadió y señaló que “no hay datos sobre la cantidad de avionetas que ingresan al país por día”, por lo que no se podría medir la efectividad de la medida.

En la misma línea , Diego Gorgal, ex ministro de Seguridad bonaerense, ministro de Gobierno porteño y especialista en Seguridad del Frente Renovador, afirmó que “la ley de derribo por sí misma no va a tener ningún impacto sobre la oferta de droga en la Argentina”.

“Es necesario que el país controle al mismo tiempo sus fronteras terrestres, fluviales y aéreas para alterar las condiciones operativas del comercio. De esta manera los narcotraficantes tienen que fraccionar las cargas para reducir el costo del cargamento decomisado y esto aumenta el precio minorista. Esta modificación por sí sola no soluciona el problema tampoco, porque debe ser acompañado con políticas de reducción de la demanda”, consideró.

Con respecto a la cantidad de países de la región que han aprobado leyes de derribo en los últimos años, Gorgal destacó que “la comunidad internacional ha guardado silencio sobre estas medidas, a pensar de que el Derecho Internacional prohíbe el uso de fuerza letal contra aviones civiles”.

“Se ha demostrado que las leyes de derribo son terriblemente eficaces para disuadir el traslado por vía aérea, pero deben estar enmarcadas en una estrategia. No son efectivas como medida en sí”, añadió.