Justicia

El canciller declaró en 2024 bienes por $ 92.056 millones, una cifra superior a la suma del patrimonio de todos los ministros que presentaron el detalle de sus bienes hasta el momento. Registró un aumento del 7,6% respecto de su anterior declaración jurada.

El lunes 21 de julio fue la fecha límite para la presentación de candidaturas para las elecciones legislativas del 7 de septiembre. En las listas de concejales del peronismo aparecen nombres involucrados en causas judiciales.

La Ministra de Seguridad ha respaldado frente a cuestionamientos de la oposición el accionar de las fuerzas en muchas manifestaciones y operativos. Pero en muchos casos ese accionar no fue validado por la Justicia.

La miniserie biográfica sobre el ex presidente repasa alguno de los casos de corrupción que atravesaron su gobierno. Tras dejar la Casa Rosada, Menem estuvo preso, enfrentó 4 juicios orales y fue condenado en 3 ocasiones, pero ninguna condena quedó firme.

El Consejo de la Magistratura se encaminaba a aprobar la apertura de un jury de enjuiciamiento. El organismo lo investigaba por su actuación en casos vinculados al narcotráfico. Además, enfrenta procesos penales en la justicia ordinaria. En abril se le dictó la prisión preventiva, que se hizo efectiva tras su renuncia, aunque en su domicilio.

La condena a 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también incluye el decomiso de bienes. El Tribunal Oral determinó en diciembre de 2022 que el monto a decomisar era de $ 84 mil millones, que debían ser actualizados al momento en que la condena quedara firme, lo que equivale a una cifra cercana a los $ 650 mil millones.

Antes, durante y después de su gestión al frente de la Casa Rosada, el ex presidente debió enfrentar expedientes judiciales en los que estuvo involucrado. Hasta el momento, no está procesado por la Justicia en ninguno de ellos.

La CIDH es un organismo de la OEA que investiga posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los Estados miembros, pero no tiene funciones judiciales. Si considera que un caso lo amerita, puede elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias para la Argentina.

El tribunal puede abocarse al desarrollo de una sentencia, pero también puede apelar a este artículo del Código Procesal en lo Civil y Comercial, que la habilita a rechazar un recurso sin necesidad de argumentar. En los hechos, al rechazar el recurso, deja firme el fallo de la instancia anterior.

Existe la posibilidad de una cárcel común o de la prisión domiciliaria. Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el cómputo de la pena y la ejecución posterior está a cargo del tribunal oral que llevó a cabo el juicio y de los jueces de ejecución.

Con el voto de sus 3 jueces, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja que había presentado la defensa de la ex presidenta y dejó firme la sentencia en su contra, que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

A 10 años de la primera movilización del “Ni una Menos”, organizaciones especializadas advierten sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas relacionadas con violencia de género durante el gobierno de Javier Milei.

En 2024 se registraron 247 víctimas de violencia de género en Argentina: 228 femicidios directos y 19 vinculados. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos (98), mientras que Chaco registró la tasa más alta cada 100 mil mujeres (1,74).

En 2009 la Argentina adaptó su legislación interna a los estándares internacionales: se derogaron las penas de prisión para estos delitos (persisten las multas) y se dispuso que no configuran delito las expresiones sobre asuntos de interés público.

Este cuerpo puede solicitar información a organismos, tomar declaraciones a testigos, solicitar peritajes, recibir material probatorio y efectuar denuncias. Tiene 3 meses desde su constitución para elaborar un informe final.