Justicia

Este cuerpo puede solicitar información a organismos, tomar declaraciones a testigos, solicitar peritajes, recibir material probatorio y efectuar denuncias. Tiene 3 meses desde su constitución para elaborar un informe final.

El abogado, que juró como juez en comisión a fines de febrero, presentó su renuncia a la Corte tras el rechazo del Senado a su pliego. En su carta de renuncia, dirigida al Presidente, defendió la constitucionalidad de su designación, sostuvo que no fue contradictorio con lo que había dicho ante los senadores en la audiencia pública y señaló que la integración de la Corte requiere una “solución urgente”.

Aunque en las últimas décadas no hay registro de propuestas del Ejecutivo rechazadas por el Senado, sí existen antecedentes de pliegos que nunca fueron considerados por la Cámara alta o que obtuvieron dictamen de comisión pero no llegaron a tratarse en el recinto.

El Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para llenar las vacantes en la Corte Suprema: Manuel García-Mansilla, que ya asumió en comisión, y Ariel Lijo, que optó por no renunciar a su juzgado federal y esperar el acuerdo de la Cámara alta. La Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. En el caso de Lijo, seguirá siendo juez federal, pero García Mansilla ya juró como ministro de la Corte.

Actualmente, 14 juicios están en curso, 63 causas esperan fecha para juicio y 258 permanecen en instrucción. Más de 1.200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso.

Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas y la denuncia cayó en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti. Según el texto presentado, la conducta del asesor presidencial encuadraría en el delito de amenazas coactivas.

Según datos oficiales, las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías alcanzan al 33% del total, una cifra en línea con lo dicho por el presidente. Pero el problema de las vacantes se profundizó en el gobierno de Javier Milei, que desde su llegada a la Casa Rosada no nombró magistrados.

De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara de Diputados, el Congreso sancionó 48 leyes desde que Milei asumió la presidencia. En los primeros 12 meses se aprobaron 44 leyes, la cifra más baja para un primer año de gestión de las últimas 4 presidencias.

El Gobierno nombró en comisión a sus 2 candidatos al máximo tribunal, pero la Corte sólo le tomó juramento a García-Mansilla y dispuso que Lijo debe renunciar a su juzgado para asumir en la Corte. Según la Constitución, este tipo de designaciones expiran al final del próximo período ordinario de sesiones, es decir, el 30 de noviembre.

En Goya, Corrientes, 98 ahorristas lo denunciaron por un perjuicio económico de más de US$ 400 mil. El Tribunal de Juicio de esa ciudad lo condenó a 12 años de prisión. Lo espera otro juicio en Villa María, Córdoba.

En las distintas presentaciones se pide que se investigue a los acusados por distintos delitos, como asociación ilícita, fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.

El Ministerio de Seguridad declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. El informe oficial describe a la RAM como un “movimiento etno-nacionalista violento” que promueve “la lucha insurreccional contra el Estado argentino”. La RAM es el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu y su cara visible es Facundo Jones Huala.

A fines de 2024, el máximo tribunal resolvió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad debe ser el órgano revisor de las sentencias de las cámaras nacionales con competencia en territorio porteño. Las cámaras nacionales civiles, laborales y penales rechazaron la medida y anunciaron que no cumplirán la sentencia; es decir, advirtieron que sus fallos no son recurribles ante el TSJ porteño.

La enfermera Brenda Agüero está sospechada de inyectar insulina y potasio en recién nacidos. Cinco bebés murieron y ocho habrían quedado con secuelas. Hay 10 funcionarios provinciales imputados por omisión, encubrimiento agravado y falsedad ideológica. Entre ellos, el ex ministro de Salud, Diego Cardozo.