Justicia

El Consejo de la Magistratura se encaminaba a aprobar la apertura de un jury de enjuiciamiento. El organismo lo investigaba por su actuación en casos vinculados al narcotráfico. Además, enfrenta procesos penales en la justicia ordinaria. En abril se le dictó la prisión preventiva, que se hizo efectiva tras su renuncia, aunque en su domicilio.

La condena a 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también incluye el decomiso de bienes. El Tribunal Oral determinó en diciembre de 2022 que el monto a decomisar era de $ 84 mil millones, que debían ser actualizados al momento en que la condena quedara firme, lo que equivale a una cifra cercana a los $ 650 mil millones.

Antes, durante y después de su gestión al frente de la Casa Rosada, el ex presidente debió enfrentar expedientes judiciales en los que estuvo involucrado. Hasta el momento, no está procesado por la Justicia en ninguno de ellos.

La CIDH es un organismo de la OEA que investiga posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los Estados miembros, pero no tiene funciones judiciales. Si considera que un caso lo amerita, puede elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias para la Argentina.

El tribunal puede abocarse al desarrollo de una sentencia, pero también puede apelar a este artículo del Código Procesal en lo Civil y Comercial, que la habilita a rechazar un recurso sin necesidad de argumentar. En los hechos, al rechazar el recurso, deja firme el fallo de la instancia anterior.

Existe la posibilidad de una cárcel común o de la prisión domiciliaria. Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el cómputo de la pena y la ejecución posterior está a cargo del tribunal oral que llevó a cabo el juicio y de los jueces de ejecución.

Con el voto de sus 3 jueces, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja que había presentado la defensa de la ex presidenta y dejó firme la sentencia en su contra, que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

A 10 años de la primera movilización del “Ni una Menos”, organizaciones especializadas advierten sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas relacionadas con violencia de género durante el gobierno de Javier Milei.

En 2024 se registraron 247 víctimas de violencia de género en Argentina: 228 femicidios directos y 19 vinculados. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos (98), mientras que Chaco registró la tasa más alta cada 100 mil mujeres (1,74).

En 2009 la Argentina adaptó su legislación interna a los estándares internacionales: se derogaron las penas de prisión para estos delitos (persisten las multas) y se dispuso que no configuran delito las expresiones sobre asuntos de interés público.

Este cuerpo puede solicitar información a organismos, tomar declaraciones a testigos, solicitar peritajes, recibir material probatorio y efectuar denuncias. Tiene 3 meses desde su constitución para elaborar un informe final.

El abogado, que juró como juez en comisión a fines de febrero, presentó su renuncia a la Corte tras el rechazo del Senado a su pliego. En su carta de renuncia, dirigida al Presidente, defendió la constitucionalidad de su designación, sostuvo que no fue contradictorio con lo que había dicho ante los senadores en la audiencia pública y señaló que la integración de la Corte requiere una “solución urgente”.

Aunque en las últimas décadas no hay registro de propuestas del Ejecutivo rechazadas por el Senado, sí existen antecedentes de pliegos que nunca fueron considerados por la Cámara alta o que obtuvieron dictamen de comisión pero no llegaron a tratarse en el recinto.

El Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para llenar las vacantes en la Corte Suprema: Manuel García-Mansilla, que ya asumió en comisión, y Ariel Lijo, que optó por no renunciar a su juzgado federal y esperar el acuerdo de la Cámara alta. La Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. En el caso de Lijo, seguirá siendo juez federal, pero García Mansilla ya juró como ministro de la Corte.

Actualmente, 14 juicios están en curso, 63 causas esperan fecha para juicio y 258 permanecen en instrucción. Más de 1.200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso.