Justicia

La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo y la candidatura a diputado nacional de José Luis Espert revelan un tejido de relaciones entre funcionarios, abogados y un empresario involucrado en una causa de narcotráfico, Fred Machado.

Interviene en casos actuales como el presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, y la identificación de los restos óseos de Diego Fernández Lima en el barrio porteño de Coghlan. Es una institución científica no gubernamental que aplica técnicas forenses para investigar, buscar e identificar personas desaparecidas en diversos contextos.

Al ser mencionados, el ex titular de la ANDIS no sólo trajo a escena a Javier y a Karina Milei, sino también a la familia Menem, cuyos integrantes ocupan altos cargos en el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Había desaparecido en 1984 y sus restos fueron encontrados en mayo de 2025 en una casa del barrio porteño. Los delitos que tienen pena de prisión perpetua prescriben a los 15 años y el resto prescriben al tiempo máximo de duración de la pena o un máximo de 12 años.

La Justicia Federal de La Plata dispuso la detención y el llamado a indagatoria de directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, productores y comercializadores del fentanilo contaminado que ya causó la muerte de al menos 50 personas, según las autoridades sanitarias. La Justicia estima el doble de fallecidos.

El canciller declaró en 2024 bienes por $ 92.056 millones, una cifra superior a la suma del patrimonio de todos los ministros que presentaron el detalle de sus bienes hasta el momento. Registró un aumento del 7,6% respecto de su anterior declaración jurada.

El lunes 21 de julio fue la fecha límite para la presentación de candidaturas para las elecciones legislativas del 7 de septiembre. En las listas de concejales del peronismo aparecen nombres involucrados en causas judiciales.

La Ministra de Seguridad ha respaldado frente a cuestionamientos de la oposición el accionar de las fuerzas en muchas manifestaciones y operativos. Pero en muchos casos ese accionar no fue validado por la Justicia.

La miniserie biográfica sobre el ex presidente repasa alguno de los casos de corrupción que atravesaron su gobierno. Tras dejar la Casa Rosada, Menem estuvo preso, enfrentó 4 juicios orales y fue condenado en 3 ocasiones, pero ninguna condena quedó firme.

El Consejo de la Magistratura se encaminaba a aprobar la apertura de un jury de enjuiciamiento. El organismo lo investigaba por su actuación en casos vinculados al narcotráfico. Además, enfrenta procesos penales en la justicia ordinaria. En abril se le dictó la prisión preventiva, que se hizo efectiva tras su renuncia, aunque en su domicilio.

La condena a 6 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también incluye el decomiso de bienes. El Tribunal Oral determinó en diciembre de 2022 que el monto a decomisar era de $ 84 mil millones, que debían ser actualizados al momento en que la condena quedara firme, lo que equivale a una cifra cercana a los $ 650 mil millones.

Antes, durante y después de su gestión al frente de la Casa Rosada, el ex presidente debió enfrentar expedientes judiciales en los que estuvo involucrado. Hasta el momento, no está procesado por la Justicia en ninguno de ellos.

La CIDH es un organismo de la OEA que investiga posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los Estados miembros, pero no tiene funciones judiciales. Si considera que un caso lo amerita, puede elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias para la Argentina.

El tribunal puede abocarse al desarrollo de una sentencia, pero también puede apelar a este artículo del Código Procesal en lo Civil y Comercial, que la habilita a rechazar un recurso sin necesidad de argumentar. En los hechos, al rechazar el recurso, deja firme el fallo de la instancia anterior.

Existe la posibilidad de una cárcel común o de la prisión domiciliaria. Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el cómputo de la pena y la ejecución posterior está a cargo del tribunal oral que llevó a cabo el juicio y de los jueces de ejecución.