Justicia

Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas y la denuncia cayó en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti. Según el texto presentado, la conducta del asesor presidencial encuadraría en el delito de amenazas coactivas.

Según datos oficiales, las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías alcanzan al 33% del total, una cifra en línea con lo dicho por el presidente. Pero el problema de las vacantes se profundizó en el gobierno de Javier Milei, que desde su llegada a la Casa Rosada no nombró magistrados.

De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara de Diputados, el Congreso sancionó 48 leyes desde que Milei asumió la presidencia. En los primeros 12 meses se aprobaron 44 leyes, la cifra más baja para un primer año de gestión de las últimas 4 presidencias.

El Gobierno nombró en comisión a sus 2 candidatos al máximo tribunal, pero la Corte sólo le tomó juramento a García-Mansilla y dispuso que Lijo debe renunciar a su juzgado para asumir en la Corte. Según la Constitución, este tipo de designaciones expiran al final del próximo período ordinario de sesiones, es decir, el 30 de noviembre.

En Goya, Corrientes, 98 ahorristas lo denunciaron por un perjuicio económico de más de US$ 400 mil. El Tribunal de Juicio de esa ciudad lo condenó a 12 años de prisión. Lo espera otro juicio en Villa María, Córdoba.

En las distintas presentaciones se pide que se investigue a los acusados por distintos delitos, como asociación ilícita, fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.

El Ministerio de Seguridad declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. El informe oficial describe a la RAM como un “movimiento etno-nacionalista violento” que promueve “la lucha insurreccional contra el Estado argentino”. La RAM es el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu y su cara visible es Facundo Jones Huala.

A fines de 2024, el máximo tribunal resolvió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad debe ser el órgano revisor de las sentencias de las cámaras nacionales con competencia en territorio porteño. Las cámaras nacionales civiles, laborales y penales rechazaron la medida y anunciaron que no cumplirán la sentencia; es decir, advirtieron que sus fallos no son recurribles ante el TSJ porteño.

La enfermera Brenda Agüero está sospechada de inyectar insulina y potasio en recién nacidos. Cinco bebés murieron y ocho habrían quedado con secuelas. Hay 10 funcionarios provinciales imputados por omisión, encubrimiento agravado y falsedad ideológica. Entre ellos, el ex ministro de Salud, Diego Cardozo.

Este 26 de junio, el juez federal Daniel Rafecas aplicó la ley de juicio en ausencia contra 10 imputados por el atentado a la AMIA que permanecen prófugos. La ley sancionada en febrero último regula el juicio en ausencia, una herramienta pensada para juzgar o dar continuidad al proceso cuando el acusado se encuentra prófugo o no se puede dar con su paradero.

El Senado rechazó el proyecto de ley de “Ficha Limpia”, que fue presentado por el Poder Ejecutivo y que tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa buscaba limitar que personas con condenas por corrupción se postulen a cargos electivos.

El 18 de enero de 2015, a pocos días de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento de los acusados iraníes en la causa AMIA, el fiscal fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.

El máximo tribunal, por unanimidad, dispuso que es inconstitucional el artículo de la Constitución local que habilita la reelección sin límites en Formosa, donde Gildo Insfrán (PJ) gobierna desde 1995. La Corte aclaró que su actuación se limita a invalidar esa cláusula y que ahora es la provincia, con su poder constituyente y sus reglas, la que debe modificar la Constitución local para cumplir con el fallo.

El Senado aprobó la remoción de Edgardo Kueider (Unidad Federal), quien se encuentra detenido en Paraguay desde el 4 de diciembre cuando intentó ingresar a ese país junto a su secretaria con dinero no declarado. Asumió como senador en 2019 y tenía mandato hasta diciembre de 2025. En su lugar debe asumir la diputada provincial de Entre Ríos, Stefanía Cora (Unión por la Patria).