Justicia

Existe la posibilidad de una cárcel común o de la prisión domiciliaria. Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el cómputo de la pena y la ejecución posterior está a cargo del tribunal oral que llevó a cabo el juicio y de los jueces de ejecución.

Con el voto de sus 3 jueces, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja que había presentado la defensa de la ex presidenta y dejó firme la sentencia en su contra, que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

A 10 años de la primera movilización del “Ni una Menos”, organizaciones especializadas advierten sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas relacionadas con violencia de género durante el gobierno de Javier Milei.

En 2024 se registraron 247 víctimas de violencia de género en Argentina: 228 femicidios directos y 19 vinculados. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos (98), mientras que Chaco registró la tasa más alta cada 100 mil mujeres (1,74).

En 2009 la Argentina adaptó su legislación interna a los estándares internacionales: se derogaron las penas de prisión para estos delitos (persisten las multas) y se dispuso que no configuran delito las expresiones sobre asuntos de interés público.

Este cuerpo puede solicitar información a organismos, tomar declaraciones a testigos, solicitar peritajes, recibir material probatorio y efectuar denuncias. Tiene 3 meses desde su constitución para elaborar un informe final.

El abogado, que juró como juez en comisión a fines de febrero, presentó su renuncia a la Corte tras el rechazo del Senado a su pliego. En su carta de renuncia, dirigida al Presidente, defendió la constitucionalidad de su designación, sostuvo que no fue contradictorio con lo que había dicho ante los senadores en la audiencia pública y señaló que la integración de la Corte requiere una “solución urgente”.

Aunque en las últimas décadas no hay registro de propuestas del Ejecutivo rechazadas por el Senado, sí existen antecedentes de pliegos que nunca fueron considerados por la Cámara alta o que obtuvieron dictamen de comisión pero no llegaron a tratarse en el recinto.

El Senado rechazó los pliegos de los 2 candidatos del Ejecutivo para llenar las vacantes en la Corte Suprema: Manuel García-Mansilla, que ya asumió en comisión, y Ariel Lijo, que optó por no renunciar a su juzgado federal y esperar el acuerdo de la Cámara alta. La Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. En el caso de Lijo, seguirá siendo juez federal, pero García Mansilla ya juró como ministro de la Corte.

Actualmente, 14 juicios están en curso, 63 causas esperan fecha para juicio y 258 permanecen en instrucción. Más de 1.200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso.

Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas y la denuncia cayó en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti. Según el texto presentado, la conducta del asesor presidencial encuadraría en el delito de amenazas coactivas.

Según datos oficiales, las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías alcanzan al 33% del total, una cifra en línea con lo dicho por el presidente. Pero el problema de las vacantes se profundizó en el gobierno de Javier Milei, que desde su llegada a la Casa Rosada no nombró magistrados.

De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara de Diputados, el Congreso sancionó 48 leyes desde que Milei asumió la presidencia. En los primeros 12 meses se aprobaron 44 leyes, la cifra más baja para un primer año de gestión de las últimas 4 presidencias.

El Gobierno nombró en comisión a sus 2 candidatos al máximo tribunal, pero la Corte sólo le tomó juramento a García-Mansilla y dispuso que Lijo debe renunciar a su juzgado para asumir en la Corte. Según la Constitución, este tipo de designaciones expiran al final del próximo período ordinario de sesiones, es decir, el 30 de noviembre.